• Carlos Correa, director de Espacio Público; Luis Serrano, coordinador de Redes Ayuda; y Andrés Azpúrua, director de Venezuela Sin Filtro, explicaron para El Diario que el chavismo busca crear un marco legal para legitimar la censura a través de Internet, que ya se impone de facto. Foto principal: AFP

Uno de los más recientes golpes contra de la libertad de expresión en Venezuela se podría estar fraguando desde la Asamblea Nacional (AN) del chavismo. Con la radio y la televisión cercados por la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), el régimen de Nicolás Maduro busca ahora crear un marco legal para legitimar la censura y la persecución por opiniones de usuarios en las redes sociales. Así lo explicaron para El Diario varios representantes de ONG como Espacio Público, Venezuela Sin Filtro o Redes Ayuda.

Las intenciones las esbozó el mismo Maduro en una alocución el 6 de noviembre de 2020. “La radio tiene leyes y la gente tiene que cumplir unas leyes, unas obligaciones. La televisión tiene leyes; inclusive la televisión por cable. La prensa tiene sus leyes. Tiene sus libertades y sus límites. ¿Pero qué límites cumplen esas redes que ya conocemos? Ninguno. Es un tema para la próxima Asamblea Nacional. Es un tema que el movimiento Venezuela Digital debe abordar, debe estudiar, debe trabajar”, dijo durante la clausura del Congreso de Comunicadores Digitales 3.0. En esa misma declaración, emplazó a sus correligionarios a “dar la batalla” en el mundo digital.

Censura

Poco duró el Parlamento chavista desde su instalación -el 5 de enero- para ejecutar la orden de su máximo jerarca. A principios del mes de marzo, Jorge Rodríguez anunció que la agenda legislativa comprendía un paquete de 34 leyes, cuatro de ellas propuestas por Maduro. Entre ellas la polémica Ley de las Comunas, así como una nueva reforma a la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión y Medios Electrónicos (Resorteme) y la Ley de Ciberespacio, que desengavetan luego de su paso fugaz por la asamblea nacional constituyente (ANC) en 2019.

El director de Espacio Público, Carlos Correa, alerta que, contrario a buscar desarrollar buenas prácticas de la comunicación a través de las redes sociales o de Internet en general, lo que buscarían estas leyes de la AN chavista es “construir herramientas o dispositivos que permitan una sanción que se pueda aplicar de manera arbitraria o discrecional, sin sustento jurídico, para fortalecer una política que procura aterrorizar y castigar a quien critique al gobierno”.

Y es que, aunque de momento no trascienden unos borradores de dichas leyes ni se han discutido en plenaria, las propuestas son unos eslabones más en una cadena de intentos del régimen en los últimos años por limitar la libertad de expresión en las redes sociales, así como de los medios de comunicación digitales, dándole carácter legal a una censura que ya se impone de facto, de acuerdo con Luis Serrano, coordinador de Redes Ayuda.

Historial restrictivo

El punto de inflexión de la censura y restricciones en las redes sociales por parte del chavismo, comenta Serrano, fue en el año 2014. Mientras ocurrían las protestas estudiantiles en contra del régimen, recuerda que bloquearon las imágenes de las manifestaciones en Twitter. De allí en adelante, asevera que se ha puesto en marcha una estrategia sistemática para limitar expresiones en las redes sociales.

“Ha habido una persecución sistemática y generalizada a los medios de comunicación digitales y a los individuos que se expresan a través de las redes sociales. Su comportamiento ha sido el de tratar de restringir el derecho a la libertad de expresión en línea, y desde hace un par de años, en 2018 en adelante, han intentado darles un marco jurídico a esas restricciones (…) Y no necesariamente porque hay una ley que diga que puedes hacer algo, eso lo hace justo”, opina el coordinador de Redes Ayuda.

No obstante, las primeras imposiciones llegaron en el año 2010 con la reforma de la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión, conocida como Ley Resorte, sancionada en 2004. Los cambios incluyeron el control a lo que llamaron “medios electrónicos”, prohibiendo la difusión de mensajes que “inciten al odio”, “constituyan propaganda de guerra”, “fomenten zozobra en la ciudadanía”, “desconozcan a las autoridades legítimamente constituidas”, entre otros. Desde entonces se llama Ley de Responsabilidad Social en Radio, Televisión y Medios Electrónicos (Resorteme).

Pero en la práctica, las mayores restricciones -aunque juristas alertaron de su inconstitucionalidad- se consumaron con la promulgación de Ley contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia, en el año 2017. La normativa, aprobada por la ANC sin competencias constitucionales para promover leyes, establece penas de hasta 20 años de cárcel por delitos como el odio. También contempla cierre a medios de comunicación, multas a empresas y medios electrónicos, entre otras sanciones.

Censura
Foto: AFP

Sin definir qué es “odio”, el chavismo aplicó la ley a su discreción. En el año 2018, por ejemplo, apresaron a dos bomberos del estado Mérida por publicar un video humorístico en el que retrataban a Maduro como un burro. Los acusaron de cargos agravados de incitación al odio. También ese mismo año, detuvieron al tuitero Pedro Jaimes por publicar la ruta del avión de Maduro, una información que era pública. Jaimes estuvo preso durante más de un año y fue sometido a torturas en la sede del Sebin, en Plaza Venezuela. Recientemente, el tiktoker José Pérez fue presentado ante el Tribunal 42 de Control del Área Metropolitana de Caracas, por los cargos de instigación al odio. 

Ya en el año 2019, se filtró a los medios de comunicación un borrador de la propuesta de Ley del Ciberespacio que se propuso aprobar la ANC, aunque terminaron por no sacarla adelante.

En ella se estableció, entre otras cosas, una máxima autoridad designada por el Ejecutivo que tendría 24 competencias. Entre ellas, “planificar, ejecutar y supervisar (…) acciones que afecten el ciberespacio (…) así como los contenidos que atenten contra el honor, la vida privada, promoción del odio, discriminación, desestabilización económica, política (…)”; “dictar medidas cautelares (…) ante acciones que atenten contra el ciberespacio (…)”; “monitorear, hacer seguimiento, bloquear, sustanciar expedientes, sobre contenidos en el ciberespacio (…)”; “iniciar de oficio o a instancia de parte procedimientos administrativos de responsabilidad social (…)”.

Diversas ONG y expertos en comunicación alertaron que la misma buscaba expandir los poderes del gobierno de Maduro para controlar y vigilar el uso del Internet en Venezuela sin contrapesos institucionales.  

Versión recargada

Con esos antecedentes y con el interés confeso de Maduro de aumentar la censura, el control y la vigilancia en las redes sociales, los representantes de las ONG consideran que las nuevas leyes que se debatirán en el Parlamento del chavismo se pueden nutrir del carácter de las leyes y propuestas anteriores.

Andrés Azpúrua, director de Venezuela Sin Filtro, considera que la reforma de la Ley Resorteme y la promulgación de la Ley del Ciberespacio pueden ser una versión “cargada” de las propuestas de 2018 y 2019, en el que se atribuyan responsabilidades individuales por el uso de las redes sociales. “Se va a ir cercenando gradualmente la libertad de expresión en Internet, que es el espacio con mayor libertad para ejercer tus derechos en este momento en Venezuela. Esto pareciera que lo que busca es generar un Estado policial en el que cualquier comentario es vigilado y puede tener consecuencias”, considera.

No obstante, la Ley Resorteme tendría matices importantes con respecto a la Ley Contra el Odio. Correa explica que esta última tiene sanciones más duras con los eventuales “delitos”, algunos de ellos incluso más severos a los de un asesinato. En este aspecto, Serrano agrega que la Ley Resorteme da mayores responsabilidades a los medios propios de comunicación (radio y televisión), como los proveedores de los “medios electrónicos”, mientras que la impulsada por la ANC pone el foco en los individuos.

La ley vigente, coinciden los tres expertos, contiene definiciones vagas e imprecisas que dejan unos vacíos legales. “No está claro qué es lo que puedes o no hacer (…) Entonces es como poner al Ejecutivo a definir qué es lo que está bien y lo que está mal en el ámbito de las redes sociales. Esta es la naturaleza de la ley, pero básicamente lo que aplica son sanciones y lo que te puede quitar es la concesión, pero ¿a quién la vas a quitar la concesión, a Twitter? ¿O vas a prohibir que se utilice esa red, como ocurre en algunos países totalitarios como China?”, cuestiona el director de Espacio Público.

Sanciones a discreción

Uno de los vacíos más importantes que encuentran los representantes de las ONG es el de “medio electrónicos” o el de “proveedores de servicios de medio electrónicos”. Serrano comenta que, aunque estos términos salen al menos 11 veces en la ley, no define qué son. Por lo tanto, se pudiera hablar de restricciones o prohibiciones de distintas índoles. En esta categoría pudieran entrar, por ejemplo, las plataformas con las cuales las personas acceden al Internet.  “Si yo subo un tuit, que de acuerdo con Conatel le parezca incómodo, entonces ¿va a responsabilizar a Movistar porque mi tuit le está llegando a la gente? A su vez, ¿qué van a hacer las empresas entonces? ¿van a bloquear las redes sociales por completo?”, ejemplifica.

Correa amplía la lista de los intermediarios web que pudieran entrar en esa categoría. Están los alojamientos de las páginas web, así como otros proveedores como Google, Twitter, Facebook u otros servicios de Internet.

“Aquí lo que está planteado es tratar de castigar o de sancionar a los proveedores en función de cierto contenido que puedan ser incómodos al poder. La Ley de Responsabilidad en Radio y Televisión no cumplió con su función que básicamente era proteger a niños, niñas y adolescentes, y se dedicó a castigar a los medios de comunicación, especialmente en radio y televisión, con líneas críticas al gobierno”, opina Correa.

Pero las preocupaciones con respecto a la Ley Resorteme van más allá, apunta el coordinador de Redes Ayuda, en caso de que se profundicen sus competencias. Una de ellas es la prohibición de “mensajes que inciten o promuevan el odio”. Como muestra de ello, argumenta que algunos dirigentes del chavismo han publicado este tipo de mensajes en sus redes sociales y hasta el momento ninguno ha sido sancionado. Por lo tanto, cree que “se usa como instrumento para perseguir a la disidencia de quienes ocupan el poder”.

Opina que también serían inconvenientes la ratificación de prohibiciones de mensajes que “generen zozobra” en la ciudadanía, debido a que esto se podría traducir en sanciones a personas por convocar a manifestaciones -derecho establecido en la Constitución-; así como la de “desconocer a las autoridades legítimamente constituidas”, sobre todo en un contexto como el actual en el que hay una crisis de representatividad en la que sectores de la población consideran a diferentes autoridades como legítimas.

Por su parte, Azpúrua considera más preocupante la recuperación de la Ley del Ciberespacio.

“Es sumamente peligrosa. Tiene muchas imposiciones contrarias a los estándares internacionales de derechos humanos. Les daría un control extremadamente grande, sin ningún tipo de balances ni contrapeso, para vigilar masivamente, censurar, tomar acciones preventivas que no están determinadas (…) es sumamente grave, es como si nuestros datos le pertenecieran al gobierno y no a nosotros. Se crearía un órgano nuevo que asumiría muchas de estas vigilancias y control de Internet. El escenario es muy preocupante para el futuro de los derechos humanos en Venezuela con estas dos iniciativas”, explica.

¿El principio del fin?

A pesar de todo esto, los tres representantes de las ONG consideran que es exagerado asegurar que estas leyes podrían poner fin a las redes sociales en Venezuela. Aseguran, eso así, que se dificultaría su uso.  

“Esto anuncia es la continuidad de la hostilidad gubernamental en relación a las expresiones críticas en este caso en los medios y redes sociales. En Venezuela se están bloqueando páginas, se castiga a los proveedores, hay miles de cosas que ya se están haciendo. Entonces esta ley lo que le da es como un barniz legal a una de estas cosas (…) Lo que va a ocurrir es que, a los desafíos inherentes a la red, vas a tener un impacto más fuerte del gobierno regulador”, señala Correa.

Para Azpúrua, el gobierno de Maduro “no tiene manera de regular directamente el funcionamiento” de las redes sociales. Esto debido a que esas plataformas no operan en Venezuela, por lo que Conatel no tiene jurisdicción sobre ellas. Las únicas formas, opina, sería la prohibición total de estas redes sociales en Venezuela -cosa que no cree probable debido a que surgirían otras maneras de acceder a ellas usando VPN-, o que sean estas mismas empresas internacionales las que censuren a los usuarios, que tampoco ve como factible debido a que pondrían en riesgo su reputación.

Censura
Foto: Minci

Es por ello que el chavismo ya perfila también su propia red social. El pasado 14 de noviembre Maduro le pidió a su ministro de Comunicación e Información, Freddy Ñáñez, que se presente formalmente en una mesa de trabajo una de las propuestas derivadas del Congreso de Comunicadores Digitales 3.0: convertir la plataforma del Sistema Patria en una red social.

La meta, respondió Ñáñez: “es hacer progresivamente de la Plataforma Patria una red social venezolana que pueda ayudarnos a comunicarnos entre venezolanos con autonomía, con soberanía. A usted mismo le han censurado comentarios y videos en Facebook y Twitter”.

Esta red, opina el director de Venezuela Sin Filtro, sería exitosa en la medida de que el chavismo logre mudar a sus adeptos a esa plataforma. “Les serviría como un gran megáfono, pero no serviría para el debate y la lucha de opinión pública”, opina, por lo que cree que la iniciativa tendría poca utilidad.

Los expertos aseguran que desde las ONG esperan la publicación y el debate de estas leyes para luego documentar, analizar y alertar de los peligros no solo a la población venezolana sino a la comunidad internacional. 

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