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- Espacio Público analizó tres casos de ataques y acoso en redes sociales a mujeres venezolanas para evidenciar las características de este tipo de violencia
La digitalización y la presencia de mujeres y niñas en espacios virtuales se expandió de forma acelerada durante los últimos años, especialmente desde que inició la pandemia por covid-19. Esto también representa un incremento en los casos de violencia digital contra las mujeres y Venezuela no escapa de esta realidad.
Espacio Público emitió un informe el 18 de agosto sobre esta situación. En el documento, además de abordar el tema desde una perspectiva global, la organización analizó tres casos de mujeres periodistas y activistas víctimas de ciberacoso.
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Ricardo Rosales, asesor jurídico de Espacio Público, lideró la investigación. Durante su presentación aclaró que aunque hombres y mujeres pueden exponerse a ataques, acoso y odio, las mujeres lo viven de forma diferenciada. Esto se puede observar tanto en el tipo de manifestaciones de violencia como en las consecuencias que dejan.
Características de la violencia digital hacia las mujeres
Uno de los aspectos que resaltó Rosales es que el género puede ser disparador o incluso amplificador de las manifestaciones de violencia, acoso y odio. Esto se debe a que mujeres reciben comentarios de carácter sexual, sexistas o descalificativos con respecto a su imagen o capacidad intelectual.
La visibilidad de estas personas también es otro factor importante en este tema. Las mujeres con perfiles públicos, que ostentan algún cargo, activistas o periodistas que alzan su voz sobre arbitrariedades.
Esto, en la mayoría de los casos, no afecta solamente a una mujer como individuo sino que busca desacreditar la participación femenina en diversos espacios. Estos casos específicamente muestran un claro patrón de violación a la libertad de expresión.
“Las mujeres tienen una forma particular de experimentar esa violencia donde se genera mayor presión psicológica, emocional y esto resulta en mayor aislamiento, inseguridad y miedo. Son problemas que en definitiva afectan también la posición en el trabajo, la reputación y un conjunto de oportunidades que se pueden perder como consecuencia de la violencia digital”, agregó.
El efecto colateral es que las víctimas dejan de reportar en redes ciertos temas, reducen la frecuencia o el tono de las publicaciones o prefieren dejar de publicar mientras pasa la marea del acoso y de prácticas de violencia.
Espacio Público recopiló información y emitió un análisis de tres casos de violencia digital que tuvieron gran alcance en las redes sociales. La activista ambiental Diana Liz Duque y las periodistas Gregoria Díaz y Lorena Arráiz fueron las víctimas citadas en estos ejemplos.
Detalles y análisis del caso de Diana Liz Duque
El episodio de acoso cibernético que vivió Diana Liz Duque ocurrió en febrero del año 2020, luego de que denunció al entrenador Richard Linares por promover la tenencia de animales silvestres como mascotas.
“Este tipo de acciones por mal llamados ´influencer´ dando un muy mal ejemplo y mensaje a sus seguidores (…) Las guacamayas sufren cacería ilegal para antojo de personas”, expresó la activista en Twitter.
Linares acusó a la ambientalista de calumniadora y de presuntamente crear una campaña en su contra para que le quitaran a “sus mascotas”. El influencer contaba con al menos dos millones de seguidores en Instagram para ese momento.
La publicación del entrenador generó una reacción en cadena que derivó en comentarios, insultos, acoso y muestras de odio hacia la activista por mensajes públicos y privados.
Varios de estos comentarios eran sexistas y la mayoría fueron emitidos por mujeres. Otra persona que la hostigó públicamente fue la comediante Vanessa Senior.
“Puta”, “perra”, “estúpida”, “ridícula”, “malcojida”, “loca” y “frustrada” fueron algunos de los insultos que recibió en redes sociales.
La activista denunció en los días posteriores que fue víctima de ciberacoso por parte de los influencers y sus fanáticos, motivo por el que además Instagram tomó la decisión de cerrar la cuenta de Duque.
Detalles y análisis del caso de Gregoria Díaz
Gregoria Díaz publicó el 21 de febrero en su cuenta de Twitter que un ciudadano proveniente de China ingresó en el Hospital Militar de Maracay (Aragua) para un chequeo de posibles síntomas de covid-19. En ese momento aún no se habían confirmado casos del virus en Venezuela.
Varios portales replicaron la información de Díaz y lo catalogaron como el primer caso confirmado de covid-19 en el país. En las publicaciones había información errónea y manipulada. Por este motivo, la periodista aclaró que aún no se confirmaba la presencia del virus en el país y que solo se trataba de una evaluación médica.
La aclaratoria no fue suficiente y varias personalidades públicas atacaron a la periodista. Además la etiquetaron de “palangrista” y “mentirosa”. En algunos de los mensajes en redes sociales mencionaron a Diosdado Cabello, vicepresidente del Partido Socialista Unidos de Venezuela (PSUV), y a Tarek William Saab, fiscal general afín al régimen de Nicolás Maduro.
El 4 de octubre de 2020, funcionarios de la Gobernación y las alcaldías de Aragua acosaron a Díaz por replicar la denuncia de una diputada en contra del alcalde de San Sebastián, Félix Romero. Presuntamente el funcionario amedrentó a ciudadanos que manifestaban por falta de electricidad.
Otro episodio similar ocurrió el 15 de abril de 2021. Gregoria Díaz publicó un reporte sobre el déficit de camas para atender pacientes con covid-19 en la entidad y en respuesta a eso surgió una nueva oleada de acoso.
Parte de las agresiones provinieron de la coordinadora del portal oficialista Ciudad Maracay, otros comunicadores y miembros del partido PSUV. Los victimarios acusaron a Díaz, así como a Espacio Público, de ser “palangristas”, “terroristas de la prensa”, “creadores de fake news” y “llorones de oficio a los que les pagan por mentir”.
Pese a que los insultos que recibió la periodista no eran sexistas ni referentes a su género, Espacio Público lo clasifica violencia digital hacia la mujer por la forma diferenciada en la que ella atravesó esos ataques.
Detalles y análisis del caso de Lorena Arráiz
Lorena Arráiz, periodista tachirense, fue acosada y amenazada por el influencer Newman Pérez desde el año 2018. Pérez también hostigó a Mayerlin Villanueva, otra reportera de la entidad.
El 19 de febrero de 2020, Arráiz reseñó en el Diario La Nación supuestos casos de estafa por medio de la plataforma bancaria Bank Of America, señalando a Pérez por unos tuits en los que recomendaba a las personas que podían alquilar sus cuentas internacionales.
“Personas interesadas en alquilar sus cuentas Bank of America o Wells Fargo, por favor comunicarse con mi asistente al siguiente número (…) Si no la estás usando, sácale provecho alquilándomela a mí”, indicaba uno de los tuits.
Peréz amenazó con pagar para cerrar la página web del medio si no borraban la nota. Dijo que incitaría a sus seguidores a atacar a los periodistas por “difundir noticias falsas sobre él”. También amenazó con publicar información personal de los reporteros.
El 23 y el 25 de febrero de 2020 difundió información personal de Omaira Labrador, directora del Diario La Nación, y de Lorena Arráiz respectivamente
El 4 de noviembre de 2020 Arráiz denunció que estaba siendo acosada nuevamente por Pérez, quien había publicado un video amenazante en Youtube en el que expuso otra vez sus datos personales. Ese mismo día, el influencer hizo una publicación en Instagram donde tildó a la periodista de “corrupta”.
Obstáculos a los que se enfrentan las víctimas de violencia digital
Este tipo de violencia no cuenta con una definición o concepto específico internacional ni nacionalmente. Tampoco está delimitada, por lo que es difícil tipificarla como un delito.
Esto hace que las víctimas se abstengan de denunciar. Aquellas que sí lo hacen están expuestas a la revictimización y a que sean desestimados los casos.
“Cuando voy a denunciar digo ‘me están insultando en un foro online’ ya eso hace que se desestime la denuncia y te dicen cosas como ‘no te pasó nada’ o ‘estás exagerando’. Todos los obstáculos que ya enfrentamos las mujeres para acceder a la justicia se ven agravados y profundizados cuando sufrimos violencia online” indicó Fernanda Vanegas, especialista en derechos humanos de las mujeres e igualdad de género.
En el caso venezolano, Ricardo Rosales señaló que el Estado no cuenta con una institución que haga contrapeso a esta realidad. Desde el aspecto público, el país carece de espacios de reflexión y discusión sobre la violencia digital hacia las mujeres.
Además, considera que la desconfianza hacia el sistema de denuncia hace que las víctimas vean lejana la oportunidad de acceder a la justicia y tener algún tipo de reparación por lo que han sufrido.
Ante esto, los especialistas coincidieron en la importancia de seguir documentando este tipo de casos y llevarlos a la opinión pública. Con esto esperan impulsar la discusión de políticas pertinentes y confiables.
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