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- El Centro para los Defensores y la Justicia publicó un informe en el que destacó que las mayorías de los ataques fueron perpetrados por medios de comunicación y cuentas en redes sociales que respaldan al régimen de Nicolás Maduro
El Centro para los Defensores y la Justicia (CDJ) registró en julio 140 ataques e incidentes contra las organizaciones no gubernamentales (ONG) y los defensores de los derechos humanos en Venezuela. Es la cifra más alta en lo que va de 2021.
“El Estado venezolano recrudece la política de criminalización en contra de las organizaciones y personas defensoras de derechos humanos. La lógica del enemigo interno se profundiza y los riesgos para quienes se encuentran en primera línea de acción defendiendo, promoviendo y exigiendo derechos aumentan”, indicó el organismo en su informe publicado el 24 de agosto.
El CDJ explicó que ante un entorno sociopolítico en crisis y la emergencia humanitaria compleja que atraviesa el país, el trabajo de promoción y defensa de derechos humanos, así como la acción humanitaria, resultan más necesarios. Resaltó la importancia de que se establezcan medidas que permitan sus labores sin represalias o limitaciones arbitrarias.
Los 140 hechos registrados se caracterizan de la siguiente manera:
– Estigmatización: 112
– Intimidación y hostigamiento: 14
– Detención arbitraria: 5
– Judicialización: 4
– Otros: 3
– Allanamiento: 2
¿Quiénes fueron blanco de los ataques?
Del total de incidentes documentados en julio, 72 fueron individualizados y dirigidos contra personas defensoras de los derechos humanos. Mientras que 68 fueron contra las organizaciones de derechos humanos y las que realizan acciones humanitarias.
De acuerdo con el CDJ, algunos de los señalamientos e intimidaciones fueron contra FundaRedes; Provea, Transparencia Venezuela, el Observatorio Venezolano para la Seguridad y Defensa Nacional, Control Ciudadano, Foro Penal. Así como también el asedio en contra del coordinador general de Provea, Rafael Uzcátegui; la presidenta de Control Ciudadano, Rocío San Miguel y los directores del Foro Penal, Gonzalo Himiob y Alfredo Romero.
Entre los casos de detención arbitraria y judicialización se destacan los 3 defensores de la organización FundaRedes Javier Tarazona, Rafael Tarazona, Omar de Dios García. También el de Jairo Pérez, líder comunitario e integrante de Cáritas Venezuela.
Los responsables de los ataques
El Centro para los Defensores y la Justicia documentó que de los 140 ataques, 62 fueron perpetrados por los medios de comunicación tradicionales y digitales del régimen de Nicolás Maduro, así como redes sociales manejadas por sus seguidores. 34 del total de los hechos los ejecutaron funcionarios públicos a través de redes sociales o medios del Estado con el objetivo de estigmatizar, amenazar e intimidar.
17 de los incidentes se atribuyen a los organismo de seguridad como el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) y la Policía Nacional Bolivariana (PNB).
El organismo resaltó en su informe que organizaciones y organismos internacionales de protección de los derechos humanos expresaron su rechazo a las agresiones cometidas; además de exigir al régimen de Nicolás Maduro que cumpla con su deber de promover y proteger el trabajo de las personas defensoras de derechos humanos.
Modificación de la ley contra las ONG sigue violando derechos humanos
A pesar de que el régimen de Nicolás Maduro modificó la providencia en la que incluye a las organizaciones no gubernamentales en la Ley contra el Terrorismo, esta todavía sigue violando derechos humanos fundamentales como el derecho a la asociación. Así lo aseguró en una entrevista previa para El Diario Alí Daniels, director de Acceso a la Justicia.
La modificación de la providencia administrativa 001-2021 se hizo dos meses después de su promulgación, el pasado 30 de marzo. Desde entonces, distintas organizaciones internacionales manifestaron su preocupación por la medida. El 22 de abril, Amnistía Internacional emitió una acción urgente por las ONG, víctimas y beneficiarios de Venezuela.
El abogado constitucionalista explicó que la providencia de la Oficina Nacional Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo del Ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, se trataba de un nuevo cerco jurídico contra las ONG.
Además, cuando se publicó en Gaceta Oficial dicha providencia, más de 300 organizaciones firmaron un documento para rechazarla y aseguraron que la normativa es inconstitucional.
