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- El investigador Carlos Aponte Blank y Provea impulsaron una investigación sobre el crecimiento de la pobreza en Venezuela durante los últimos 21 años y los factores sociales que la acompañan. Foto: EFE
El Programa Venezolano de Educación y Acción en Derechos Humanos (Provea) y el investigador Carlos Aponte Blank desarrollaron una investigación sobre las condiciones socioeconómicas del país en lo que va del siglo XXI. El documento se enfocó especialmente en la pobreza, debido a que es uno de los indicadores más críticos en los últimos años.
La presentación se realizó a propósito de los 33 años de Provea.
De acuerdo con la Encuesta de Condiciones de Vida (Encovi) más reciente, 94,5% de los venezolanos se encuentran en condición de pobreza, mientras que 76,6% viven en pobreza extrema, lo que representa la cifra más alta registrada en los últimos años.
Con el objetivo de analizar cómo llegó la población venezolana a ese punto, Aponto Blank desglosó los conceptos de pobreza y las posibles causas de esta condición social.
Pobreza de ingresos e imposibilidad de satisfacer necesidades básicas
El investigador señaló que para el estudio se tomaron en cuenta dos conceptos de pobreza. El primero contempla una sola variante y se basa en la pobreza de ingresos.
En este sentido, se considera que un ciudadano está en esa condición cuando sus ingresos son insuficientes para adquirir alimentos y productos básicos.
El segundo concepto se basa en diversas variables sobre la satisfacción de necesidades básicas. Esto se relaciona directamente con la capacidad de disfrutar de derechos humanos como alimentación, salud y educación. Este es un término de pobreza que ha sido promovido por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).
Un aspecto que impera en ambos conceptos es que las personas en situación de pobreza no cuentan con los ingresos necesarios para cubrir una Canasta Básica Familia y quienes están en pobreza extrema no pueden incluso adquirir una canasta de supervivencia alimentaria.
El estudio detalla que para el año 2001 la Oficina Central de Estadística e Informática (OCEI), que posteriormente se convirtió en el Instituto Nacional de Estadística (INE), señalaba que 50% de la población venezolana estaba en condiciones de pobreza y 24% llegaba a la pobreza extrema.
En el año 2003, según datos del INE, la pobreza subió a 61% y la pobreza extrema a 30%. Sin embargo, en 2007 estos indicadores cayeron bruscamente ubicándose en 33% y 9%. Aunque este aparente periodo de mejoría económica decayó pocos años después.
Al cierre 2012, la pobreza aumentó a 34% y la pobreza extrema llegó a 13%. Es a partir de este año cuando se registra un déficit fiscal, señaló Aponte Blak en el estudio. Un año después inició un fenómeno que se ha mantenido hasta la fecha e incide en el desarrollo económico del país: la depresión de la producción nacional.
El investigador hizo énfasis también en que en 2015 inició la crisis humanitaria que se caracterizó por la debilitación del sector salud, la escasez de alimentos y medicinas en el territorio nacional.
Asimismo mencionó que otro factor que incidió en la aceleración de la pobreza fue la hiperinflación que se registra desde el año 2017 hasta la actualidad.
Estos aspectos también coincidieron cronológicamente con la escasez de cifras oficiales en el país por parte del INE y otros entes gubernamentales.
Consecuencias en las condiciones de vida
Estos factores sociales y económicos afectan directamente las condiciones de vida y trabajo del venezolano. Algunas de estas consecuencias implican cambios en sus formas de vivir para intentar satisfacer necesidades básicas, a veces sin éxito.
Esto implica que la mayoría de las familias venezolanas deben depender de más de un ingreso formal para adquirir productos básicos. Durante los años en los que se agudizó la pobreza, también aumentó la cantidad de venezolanos que tienen más de un empleo.
Otro método de supervivencia fue la venta de propiedades, enseres y otras pertenencias. También el gasto de ahorros y la dependencia de ingresos no laborales como remesas o transferencias del Estado como bonos y pensiones.
Pese a que este sector de la población opta por tener más tipos de ingresos, pocas veces son suficientes para salir del umbral de la pobreza. Esto implica limitaciones para acceder a servicios de salud, alimentarse adecuadamente o recibir educación de calidad, lo que Aponte Blank y Provea calificaron como una violación constante de los derechos humanos.
“Este es un conjunto de carencias socioeconómicas que impide el acceso a bienes y servicios básicos y que obstaculiza el ejercicio de los derechos sociales y humanos limitando significativamente las oportunidades y capacidades de las personas para desarrollar un proyecto de vida satisfactorio”, indicó Aponte Blank en la presentación.
El estudio también menciona a la migración forzada como una consecuencia del empobrecimiento masivo. La investigación señala que abandonar el país es una estrategia de defensa ante el empobrecimiento por parte de las familias venezolanas. La búsqueda de salud, oportunidades detrabajo y una alimentación adecuada fueron algunas de las motivaciones destacadas.
Reflexiones y llamados
El investigador señaló que, ante el análisis de la pobreza en Venezuela, es necesario emprender políticas que incentiven un mejoramiento de las condiciones socioeconómicas de la población de forma gradual, pero sostenida.
Instó a la Plataforma Unitaria y a la dirigencia del régimen de Nicolás Maduro a realizar acuerdos, dentro o fuera del contexto de diálogo en México, para la restauración de la democracia en el país y la recuperación económica y social.
Aponte Blank pidió a los factores políticos del país promover acuerdos internacionales humanitarios. Asimismo, pidió la aceleración de planes ya existentes como el de vacunación contra el covid-19 y la implementación del Programa Mundial de Alimentos (PMA) en sectores vulnerables.
El académico insistió además en la necesidad de seguir impulsando investigaciones que permitan entender la compleja situación social de las familias venezolanas.
