• La ONG señaló en un informe que militares venezolanos han realizado operaciones conjuntas con grupos irregulares y han sido cómplices de sus abusos. Foto: EFE

La organización no gubernamental Human Rights Watch (HRW) reveló que los enfrentamientos entre grupos armados en la frontera colombo-venezolana han provocado un aumento dramático de la violencia en los primeros meses de 2022, forzando a miles de ciudadanos a huir de sus hogares.

En un informe publicado el 28 de marzo detalló que estos grupos irregulares han cometido “múltiples abusos” contra los pobladores del departamento colombiano de Arauca y el estado venezolano de Apure, incluso con la complicidad de militares venezolanos.

Los enfrentamientos entre el Comando Conjunto de Oriente, una coalición de grupos disidentes que surgieron tras la desmovilización de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), y la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), comenzaron el 1° de enero de 2022 y han dejado decenas de muertos, al menos 3.860 desplazados internos en Arauca y más de 3.300 personas han huido de Venezuela a Colombia.

“Estos grupos se disputan el control del territorio y de actividades ilícitas en el departamento colombiano de Arauca y el estado venezolano de Apure”, explicó la organización.

La ONG detalló que los guerrilleros de ambos bandos, que anteriormente habían operado como aliados, han cometido múltiples abusos, incluyendo asesinatos, reclutamiento forzado, incluso de niños y niñas, y desplazamiento forzado.

Foto: HRW

Complicidad de las fuerzas de seguridad venezolana 

En el documento, la organización resaltó que miembros de las fuerzas de seguridad venezolanas que han estado implicadas en violaciones de derechos humanos que han dado lugar a investigaciones internacionales sobre presuntos crímenes de lesa humanidad, han realizado operaciones conjuntas con miembros del ELN y han sido cómplices de sus abusos.

“Los grupos armados están cometiendo abusos brutales contra civiles en la frontera entre Colombia y Venezuela, en algunos casos con la complicidad de miembros de las fuerzas de seguridad venezolanas, y la respuesta de las autoridades colombianas ha sido inadecuada e insuficiente”, señaló Tamara Taraciuk Broner, directora en funciones para las Américas de Human Rights Watch. 

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Múltiples testigos, personas desplazadas y funcionarios humanitarios dijeron a Human Rights Watch que miembros de las fuerzas de seguridad venezolanas, en particular la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) y la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), han participado en operaciones conjuntas con guerrilleros del ELN.

“Esa mañana (1° de enero) llegaron más de 10 hombres armados en motos y camionetas, unos se identificaron como el ELN y otros eran de la fuerza militar venezolana. Vi sus insignias de la FANB en sus uniformes”, dijo una testigo.

Otra persona contó que miembros de las FANB llegaron a su comunidad en Apure con guerrilleros del ELN, quienes se llevaron por la fuerza a varias personas a las que acusaban de colaborar con el Comando Conjunto de Oriente.

Taraciuk aseveró que la Misión de Determinación de los Hechos de la ONU debe investigar la responsabilidad de las fuerzas de seguridad venezolanas en los abusos de las guerrillas.

Entrevistas a víctimas y testigos

Human Rights Watch visitó en febrero los departamentos colombianos de Arauca y Vichada y entrevistó a más de 100 personas entre líderes comunitarios e indígenas, funcionarios judiciales, autoridades locales colombianas, representantes de organizaciones humanitarias y de derechos humanos y personas que han huido de Apure por la violencia del ELN y las disidencias de las FARC.

“Ambos grupos armados han matado a decenas de personas. Muchos entrevistados dijeron que miembros del ELN buscaron a personas a las que acusaban de colaborar con grupos disidentes de las FARC. Los miembros del ELN mataron a algunas de estas, dijeron testigos, y se llevaron a otras”, indicó el informe.

De acuerdo con la Policía Nacional de Colombia, hubo 103 homicidios en Arauca entre enero y febrero de 2022. La organización destacó que la cifra es la más alta reportada en los primeros dos meses del año en Arauca al menos desde 2010.

Testimonios de asesinatos

Human Rights Watch resaltó en el informe que ha recibido denuncias sobre múltiples asesinatos de civiles cometidos por grupos armados en Arauca y Apure, y que en la mayoría de los casos, los grupos armados acusaron a las víctimas de ser cómplices de otros grupos armados.

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Entre los testimonios recogidos durante la investigación se encuentra el de Santiago Urrutia (seudónimo), quien relató que el 1 de enero miembros del ELN fueron a buscar a su hermano Javier (seudónimo), de 26 años, a su casa en una zona rural de Tame, Arauca, acusándolo de colaborar con el Comando Conjunto de Oriente. 

Horas después, Santiago recibió un mensaje de un amigo con una foto del cuerpo de su hermano. La foto, a la que tuvo acceso Human Rights Watch, muestra que tenía una herida de bala en el cuello”, indicó el informe.

El hermano de la víctima contó que el amigo le dijo que era mejor que fuera y recogiera el cuerpo de su hermano rápido antes de que lo lanzaran al río. 

Santiago recogió el cadáver de su hermano, lo enterró y esa misma noche se fue del pueblo sin denunciar el crimen por miedo. “En ese lugar había más cuerpos”, dijo a Human Rights Watch.

El 2 de enero, miembros del ELN se llevaron a Pedro Benítez (seudónimo), un campesino de 42 años, de su casa en una zona rural de El Ripial, Venezuela. De acuerdo con el relato de un familiar que presenció los hechos, los guerrilleros ataron a Benítez de pies y manos y lo subieron a la fuerza a una camioneta.

“Un miembro del ELN acusó a Benítez de ser informante del Comando Conjunto de Oriente y le dijo a la familia que abandonara la comunidad de inmediato. Algunos huyeron al departamento de Arauca, pero dos de sus hijos, que estaban trabajando en una finca cercana ese día, no aparecían”, dijo el familiar. 

Días después, una vecina le dijo al familiar de Benítez que guerrilleros del ELN habían matado a Benítez y a sus hijos, según contó. 

Desapariciones, secuestros y reclutamiento forzado

El informe también abordó las denuncias que recibió la ONG sobre casos de desapariciones, secuestros y reclutamiento forzado, incluyendo niños y niñas, por parte de grupos armados. 

Elvia Rodríguez (seudónimo), una mujer indígena sáliba de 34 años que vivía en una zona rural de Puerto Páez (Apure), dijo en entrevista para HRW que el 26 de enero guerrilleros del ELN irrumpieron en su casa, donde ella y su esposo, Ramiro Meneses (seudónimo), dormían con sus cuatro hijos. 

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De acuerdo con el relato de Rodriguez, los hombres dijeron a su esposo que ‘él ya estaba advertido; o se iba con ellos o se llevaban a sus hijos’, por lo que no tuvo opción y se fue con el grupo. Sin embargo, tres días después su suegro le dijo que Meneses había muerto en un enfrentamiento con disidentes de las FARC.

Otra de las testigos contó que guerrilleros del ELN llegaron el 2 de enero de 2022 a una zona rural de Arauquita (Arauca) y sacaron de sus casas a por lo menos 20 jóvenes, aunque no pudo determinar si alguno de ellos era menor de edad.

“Los guerrilleros les ataron las manos y los obligaron a subir a camionetas y motocicletas (…) Cuatro miembros del ELN irrumpieron en la casa de la mujer y se llevaron a su hijo de 18 años, diciendo que debía unirse a la guerrilla”, relató. 

La testigo sostuvo que los guerrilleros le apuntaron a ella con un arma y la amenazaron de muerte si no se iba de la comunidad. “Todas las familias del pueblo huimos asustadas”, indicó.

HRW: los abusos que cometen los grupos armados en la frontera colombo-venezolana
Foto: HRW.

Recomendaciones para la protección de los ciudadanos

La ONG señaló que la Misión de Investigación de la ONU sobre Venezuela debe investigar las denuncias de complicidad por parte de las fuerzas de seguridad venezolanas en los abusos cometidos por grupos armados en Apure, incluyendo el ELN y los grupos disidentes de las FARC.

El organismo precisó que las autoridades colombianas han intentado disminuir el poder de los grupos armados en Arauca con el envío de refuerzos militares pero dichas operaciones “no han protegido suficientemente a la población”.

En este sentido, Tamara Taraciuk Broner resaltó que las autoridades de Colombia deben redoblar sus esfuerzos para proteger a la población y asistir a las personas desplazadas.

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