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- La conclusión del mandato de Michelle Bachelet, en agosto, deja varios aspectos por resolver, entre ellos la necesidad de que la oficina de la ONU en el país se rija por un mecanismo formal de funcionamiento, expresa el director de Acceso a la Justicia, Alí Daniels. Para el abogado Fernando Fernández, experto en DDHH, deben desmontarse las afirmaciones de la funcionaria sobre el impacto de las sanciones en el deterioro de las condiciones de vida de los venezolanos
El 31 de agosto de este año concluye el mandato de Michelle Bachelet como alta comisionada para los Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (Acnudh), cargo que ejerce desde 2018. En junio, Bachelet alegó que, por motivos personales, no buscará renovar su gestión.
La salida de Bachelet, que produjo varios informes sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela, pone sobre el tapete la incertidumbre sobre los imperativos de la nueva gestión.
Desde el inicio de su período, en septiembre de 2018, la alta comisionada hizo 11 intervenciones sobre Venezuela ante el Consejo de Derechos Humanos, esto incluye las presentaciones de informes y actualizaciones orales. En este contexto, y según el seguimiento de organizaciones no gubernamentales (ONG), el Estado no ha dado cumplimiento integral a ninguna de las 43 recomendaciones de Acnudh desde 2019.
El director de Acceso a la Justicia, Alí Daniels, señala que, en la gestión de la alta comisionada Michelle Bachelet, hay luces y sombras. Asevera que no puede hacerse un juicio en blanco y negro. Para Daniels, uno de los principales logros de la alta comisionada es mantener el foco del caso venezolano ante la comunidad internacional. En este sentido, destaca que mucha gente subestima esto, pero es un factor importante, “cuando el mundo está lleno de tragedias”.
El activista enfatiza que el referido aspecto es tan importante como la existencia de la oficina de la Alta Comisionada de DD HH en Caracas, “independientemente de sus debilidades, porque no tiene el personal suficiente para el trabajo que tiene”.
Sobre esto, Alí Daniels no pierde de vista el hecho de que las víctimas pudieran tener un sitio donde formular denuncias y establecer mecanismos para informar sobre lo que ocurre. Advierte que, con esto, se le quita el argumento al régimen de Nicolás Maduro de que los órganos internacionales actúan tras denuncias a través de las redes sociales.
“Uno de los retos es darle continuidad a las investigaciones y esa continuidad iniciaría con este proceso de hacer permanente la oficina. En este sentido, lo importante es que el reemplazo de Bachelet que sea una persona con el peso específico en el mundo de los derechos humanos de manera que su voz tenga una repercusión. Bachelet era una personalidad antes de ser alta comisionada, esperemos que el sustituto tenga peso para que tenga eco”, refiere.
Para el director de Acceso a la Justicia resulta claro que uno de los grandes retos en el mandato de quien reemplazará a la alta comisionada es que la oficina en Caracas no dependa de un memorándum de entendimiento, como ha ocurrido hasta ahora, sino que se haga a través de un tratado, de un convenio formal como ocurre en otros países. Este convenio, explica, le concedería a la oficina de derechos humanos de la ONU un carácter permanente.
“Si el gobierno quiere hoy que la oficina se vaya, la oficina se va, esa es la realidad. Eso depende de un memorándum que ni siquiera es público. Lo deseable es que se establezca un mecanismo formal para una sede permanente, que era una de las aspiraciones de Bachelet”, asevera.
Sobre esto, Alí Daniels indica que la presencia de una oficina permanente implicaría la posibilidad de ampliar la presencia del personal y, al mismo tiempo, hacer programas a mediano y largo plazo en materia de derechos humanos, especialmente en derechos económicos, sociales y culturales, que son temas que no se solucionan de un día para otro.
“Una detención arbitraria se soluciona de un día para otro, una tortura también, en cambio la mala alimentación de un niño o el tratamiento de mujeres víctimas de la violencia son cosas que se trata en el largo plazo. Estos programas no tienen seguridad sobre su continuidad”, refiere.
Lo que hay
El 29 de junio de este año, desde Ginebra, Michelle Bachelet dijo que recientemente, el régimen acordó ampliar la presencia en el terreno a 16 de sus colegas de la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos en Venezuela.
“Dado que este es mi último diálogo interactivo sobre Venezuela, ante este Consejo, permítanme reconocer la cooperación que hemos construido en los últimos tres años, gracias a la confianza de las víctimas, la sociedad civil y las autoridades”, puntualizó la funcionaria ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Bachelet, que concluye su gestión en agosto, también mostró la disposición de su oficina de cooperar con el fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, quien ha anunciado un acuerdo con el régimen para establecer una oficina en Caracas.
“Mi oficina está dispuesta a apoyar los esfuerzos nacionales para promover toda rendición de cuentas por las violaciones de los derechos humanos”, aseguró.
Sobre la permanencia de la oficina de la Alta Comisionada en el país, el abogado Fernando Fernández, profesor de Derecho Penal Económico, Penal Internacional y Derechos Humanos y asesor de ONG, señala que ese es uno de los aspectos que debería estar en análisis dada la preocupación del Estado por su alcance. Recuerda que esta ventana no existía hasta hace unos años.
Refiere, a su vez, que el alto comisionado que precedió a Michelle Bachelet, Zeid Ra’ad Al Hussein, hizo, en 2018, un informe completo y demoledor sobre la realidad de los derechos humanos en Venezuela. Indica que eso dio origen a que se creara la oficina de cooperación, la cual pudo detectar problemas muy sensibles.
“La cooperación lo que hace es sugerir. Toma nota de los hechos y lo que hace es recomendar, tiene un alcance limitado. Pero su valor está en la documentación, sobre todo, en que confirma lo que vienen diciendo desde hace años, y las víctimas. Decirlo la alta comisionada le da un peso muy importante que puede ser un factor de peso en la investigación de la Corte Penal Internacional (CPI), por ejemplo”, enfatiza.
Volver sobre las sanciones
Asimismo, el abogado Fernando Fernández destaca que otro de los retos de la era post Bachelet es retomar el tema de las sanciones. Esto con el propósito de desmontar las afirmaciones de la alta comisionada en relación con el impacto de las sanciones sobre el deterioro de las condiciones de vida en Venezuela.
“Sobre el asunto de las sanciones internacionales, la alta comisionada fue muy superficial porque vincula las sanciones al empeoramiento de las condiciones de vida de los ciudadanos y a la situación de los derechos económicos, sociales. En la metodología dice lo que hizo, pero no dice que haya consultado a expertos y aquí hay temas donde la experticia es sumamente importante para detectar que la crisis iba a empeorar inevitablemente con o sin sanciones”, subraya.
En septiembre de 2021, Bachelet aseveró: “Las medidas coercitivas unilaterales sectoriales exacerbaron las condiciones económicas y humanitarias preexistentes, afectando los recursos disponibles para garantizar y proteger los derechos humanos, en particular de las personas más vulnerables”.
Asimismo, el director de Acceso a la Justicia, Alí Daniels, afirma que, en el ámbito de los derechos económicos, sociales y culturales, hay aspectos “en los que la señora Bachelet fue demasiado ingenua en la medida en que le dio credibilidad a afirmaciones del régimen que no tenían ningún respaldo. Por ejemplo, ella dijo que había dos refugios para mujeres víctimas de la violencia, y, al día de hoy, las organizaciones especializadas todavía no saben dónde quedan esos refugios”.
Para el abogado Fernando Fernández es fundamental que la nueva gestión de derechos humanos de las Naciones Unidas, en el caso de Venezuela, retome el tema indígena, “porque es un tema invisible, muy difícil, que no interesa mucho, prácticamente a nadie, y el asunto de los derechos humanos con todo lo valioso que se pueda hacer, ha pasado a ser un tema urbano. El tema indígena queda como un trabajo de especialistas”.
Las FAES en la mira
Un aspecto fundamental dentro de los imperativos de quien dirija la oficina de las Naciones Unidas sobre DD HH, tras cumplirse el mandato de Bachelet, es la situación real de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), organismo que, según dijo el régimen a Bachelet, fue disuelto.
“Tomo nota de la disolución de las FAES en línea con mis recomendaciones anteriores. Esta reestructuración es una oportunidad para instalar cambios adicionales y duraderos, como el fortalecimiento de la naturaleza civil de las fuerzas de seguridad y vetting (procesos de investigación de antecedentes) a todos los niveles. Mi Oficina documentó menos muertes en el contexto de las operaciones de seguridad que en años anteriores”, aseveró la alta comisionada en junio.
Para el abogado Fernando Fernández, debe hurgarse en este aspecto porque, desde su perspectiva, posiblemente lo que ocurrió fue un cambio de nombre.
“No olvidemos que siempre se señaló que la Seguridad Nacional (SN), en la época de Pérez Jiménez, era torturadora y asesinaba gente. Siguió la Digepol y ocurrió lo mismo, desapareció y apareció la Disip y pasó lo mismo, luego apareció el Sebin y ocurrió lo mismo. Solo un cambio de nombres, la mala práctica se mantiene”, apunta.
En relación con este aspecto, Alí Daniels destaca que las FAES como siglas no existen, pero no hay constatación de que los que formaban parte de esta unidad sigan en la Policía Nacional Bolivariana, ni se ha verificado que las conductas que se le atribuyen a este órgano dejaron de existir.
“El problema no son las FAES, el problema son las ejecuciones extrajudiciales, las detenciones arbitrarias y eso las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) lo siguen reportando, entonces el decir que unas siglas dejaron de existir, para nosotros no es suficiente”, puntualiza el director de Acceso a la Justicia.
De la misma manera, Daniels destaca que cuando se revisan las estadisticas de ejecuciones extrajudiciales, se observa que las FAES tiene una parte de la responsabilidad, pero no toda. “El Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) tiene prácticamente el mismo porcentaje de muertes, en 2021, que las FAES, y los dos rondan entre 23 y 25 %. Eso quiere decir que los otros órganos policiales tienen también responsabilidades”, subraya.
Informes relevantes
Al ponderar la gestión de Bachelet en el caso de Venezuela, el abogado Fernando Fernández afirma que hay que verlo dentro del contexto de la actividad del Poder Ejecutivo, de todos los poderes del Estado en general, respecto a organismos internacionales, que tiene unas facetas múltiples.
“Por un lado, se manosean y se manejan los derechos humanos de manera muy extensa y prolija, yo lo llamo que es una especie de manoseo, para hacer justamente todo lo contrario”, argumenta.
Aunque reconoce que la alta comisionada de las Naciones Unidas no tuvo la situación fácil en el caso de Venezuela, “pero tiene gente conocedora del patio y de otros patios también”. Fernández indica que dentro de los aspectos a destacar figura el informe que hizo, en el año 2020, sobre la independencia del sistema judicial y acceso a la justicia.
“Para mí, es el documento más valioso porque logra documentar algo que siempre hemos visto en Venezuela, como lo es el socavamiento del Estado de derecho y la democracia al haber cooptado el Poder Judicial, haberlo ideologizado, y judicializado a los políticos y a los empresarios, a los sindicalistas, a los periodistas, a las ONG, han ido como cambiando el target y con un Poder Judicial dominado económicamente, y a través de la nómina, se convierte en una especie de elemento dócil para la persecución. Allí hay un punto fuerte y que debe valorarse bien”, apunta el abogado.
Al mismo tiempo, señala como importante el informe sobre el Arco Minero del Orinoco.
“Entrar acompañados del Estado, de la Fuerza Armada, a estos sitios les permitió constatar una cantidad de cosas. Entonces, pudieron analizar la situación en el estado Bolívar, contabilizar homicidios, ver las actividades irregulares de los grupos de mineros ilegales y constatar la violación de los derechos colectivos de los pueblos indígenas, el tema de la falta de una consulta para la realización de actividades extractivas y, por supuesto, el impresionante impacto ambiental”, señala.
Refiere que son ilustrativas sobre la situación en el Arco Minero las afirmaciones de dirigentes indígenas, registradas en el informe, como la frase de que las minas estaban destruyendo la madre tierra. En el reconocimiento de los informes citados por Fernando Fernández coincide Alí Daniels.
El director de Acceso a la Justicia ve positiva la documentación de violaciones graves de los derechos humanos, y el hecho de que se haya establecido que eran violaciones sistemáticas y generalizadas, especialmente, en el caso de los perseguidos políticos y en del Arco Minero.
“Se estableció que había un patrón de violaciones sistemáticas y que había casos particularmente graves, como el Arco Minero, y además se analizó la forma sistémica como el Poder Judicial participa en esas violaciones. Esas denuncias quedan ahí y ponen en evidencia que no es un invento de las organizaciones de derechos humanos, sino que es algo constatado por un órgano de protección nacional”, puntualiza Daniels.
De acuerdo con Alerta Venezuela Derechos Humanos, un equipo de análisis promovido por Acceso a la Justicia, el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), Civilis DDHH; Codevida y Espacio Público, dentro de los temas abordados por la alta comisionada en sus referencias sobre Venezuela, ante el Consejo de Derechos de Naciones Unidas, destaca el del diálogo político.
“Es el tema más repetido, incluido en todas sus intervenciones. Llama la atención que no es un tema que Bachelet haya abordado mucho en otros países que cuentan con mecanismos internacionales de monitoreo en materia de derechos humanos, por lo que pareciera que asumió un papel de operadora política, como parte de una agenda acordada con el Secretario General de la ONU, quien ha estado prácticamente ausente del tema para Venezuela”, refieren.
En ese contexto, el segundo tema más señalado es el que se refiere a las medidas coercitivas unilaterales. Ocupa esta posición junto con el tema del espacio cívico.
“Sin duda, un guiño permanente al régimen de Nicolás Maduro, que nunca se ha dado por satisfecho, al punto que frente al reclamo del gobierno en su última intervención de junio de 2022 por lo que se consideró una referencia insuficiente al tema de las sanciones, Bachelet optó por complacer nuevamente al gobierno, haciendo una mención a la muerte de niños que tenían trasplantes pendientes, supuestamente como consecuencia de las medidas coercitivas unilaterales, citando cifras no sustentadas de una organización cuya parcialidad pro gobierno es ampliamente conocida”, asevera Alerta Venezuela Derechos Humanos.
Por otra parte, en el análisis de contenido, difundido en este mes de julio, concluyen que “el cálculo político estuvo presente en toda la gestión de Bachelet, no solo con relación a Venezuela. El ejemplo más bochornoso fue el de su visita a China, en junio de 2022, que provocó indignación y hasta solicitudes de renuncia por parte de las comunidades académica y de derechos humanos, así como de 47 países democráticos ante el Consejo de Derechos Humanos, por haber lavado la cara del régimen chino, haciendo suyo su lenguaje represivo y demorando sin justificación la publicación de un informe que apunta a la existencia de crímenes de lesa humanidad en Xinjiang”.
