• El Consejo de Ministros de Pedro Castillo planteó una reforma de ley que agrega nuevas causas de deportación. La Defensoría del Pueblo peruana rechazó la medida, señalando que criminaliza a la población migrante

Una nueva polémica estalló en Perú, luego de que el Consejo de Ministros aprobara un proyecto de ley para combatir la inseguridad. En una rueda de prensa realizada este 11 de agosto, el primer ministro Aníbal Torres afirmó que el texto está enfocado en ampliar las causas por la que ciudadanos extranjeros pueden ser expulsados del país.

“Estamos batallando intensamente por lograr la seguridad ciudadana. Tenemos una inseguridad que preocupa a la población, especialmente en Lima, Callao, Trujillo y otros lugares del país”, declaró.

La propuesta ya había sido presentada el 5 de agosto por el Ministerio de Justicia y contempla una modificación del decreto legislativo 1350 sobre migraciones. Este cambia específicamente el artículo 54, elevando a 25 años el tiempo de prohibición para reingresar a Perú luego de ser expulsado. También agrega al artículo 58 seis nuevos supuestos que podrían acarrear dicha expulsión.

Igualmente, el decreto modifica el artículo 368 del Código Penal, sobre resistencia o desobediencia a la autoridad. Ahora establece una condena de entre cinco y ocho años de prisión para los extranjeros que no acaten una orden de deportación por parte de las autoridades migratorias. 

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Razones de expulsión

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Uno de los puntos está especialmente dirigido a los migrantes que hacen deliverys. Foto: Referencial

Originalmente el decreto legislativo 1350 fijaba como motivos de expulsión delitos como la falsificación de documentos, ingreso irregular al país o reincidencia en actividades ilícitas. También en otros puntos como atentar contra el orden público, la seguridad nacional o el patrimonio cultural de la nación, o simplemente por orden judicial. 

Sin embargo, ahora la ley incluye nuevas causas como contravenir a las disposiciones sanitarias del país. Torres explicó que esto aplica para aquellos migrantes que no posean las tres dosis de la vacuna contra el covid-19. 

Aunque el decreto agrega como motivo de deportación el porte ilegal de armas, explosivos y drogas, también existen otros puntos que preocupan a la población migrante, en su mayoría venezolanos. Por ejemplo, sanciona a aquellos que no porten su documento de identidad o que circulen en moto sin permisos o autorización. Esto haciendo énfasis en los conductores que prestan servicios de delivery. También a aquellos que manejen un vehículo sin acreditar su titularidad o la cesión del mismo.

Medida xenofóbica

La Defensoría del Pueblo se pronunció el 10 de agosto para rechazar la aplicación del decreto contra migrantes indocumentados. En su cuenta de Twitter, el ente lo calificó como discriminatorio y desproporcionado e instó al Congreso peruano a archivarlo mientras se debate una reforma con mayor enfoque en los derechos humanos.

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“El proyecto criminaliza la migración irregular y afecta la dignidad de personas refugiadas y migrantes. Los motivos propuestos para la expulsión no tienen una visión de la situación de personas extranjeras en el país y de barreras para acceder al proceso de regularización migratoria”, afirma.

Igualmente, recordó que los funcionarios públicos deben hacer su labor sin prejuicios, y apegados a los tratados internacionales suscritos por la nación. Insistieron además en que la lucha contra la inseguridad debe abordarse desde la prevención del delito y el castigo previa demostración de culpabilidad. No desde la persecución de una minoría desprotegida jurídicamente.

Extranjeros en Perú

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Foto: Cortesía

Actualmente Perú es el segundo país con mayor número de migrantes venezolanos en el mundo, con más de 1,3 millones de personas. De ellas, alrededor de 410.000 están bajo condición de refugiados. No obstante, en los últimos años han sido víctimas de múltiples actos de xenofobia por parte tanto de algunos grupos sociales, como de las propias autoridades peruanas.

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Aunque el gobierno de Pedro Castillo ha procurado no mencionar a los venezolanos, muchos expertos señalan que sus discursos contra los extranjeros los afectan directamente, al ser una de las diásporas más grandes dentro del país. Como candidato a la presidencia en 2021, Castillo prometió que en las primeras 48 horas de su gestión expulsaría a todos los migrantes indocumentados de Perú. Aunque su amenaza no se cumplió, sí se han tomado medidas que perjudican gravemente su permanencia.

Por ejemplo, a principios de julio el Congreso intentó aprobar una modificación de la Ley de Migraciones, que pretendía restringir el ingreso y tránsito de extranjeros en el país. Entre otras medidas, sancionaba a los arrendatarios y dueños de hospedajes que alquilen o alojen a migrantes irregulares. Actualmente el proyecto se encuentra en revisión por objeciones del propio Ejecutivo.

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