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- Expertos de la organización aseguraron que se comunicaron con el gobierno de la isla pero no obtuvieron respuesta
Expertos de la Organización de Naciones Unidas (ONU) advirtieron que el fallo judicial en Trinidad y Tobago podría tener graves implicaciones para los migrantes venezolanos que buscan protección internacional en esa nación. La sentencia declara que la Convención de Refugiados de 1951 no se aplica al Estado de las islas gemelas.
“Estamos profundamente preocupados por este fallo de la Corte Suprema y la detención reportada en este contexto, el 9 de julio de 2023, de 196 migrantes venezolanos”, dijeron los expertos en un comunicado el 26 de julio.
Esta advertencia se da luego de que el 4 de julio de 2023, se presentó un caso ante el Tribunal Superior de Trinidad y Tobago por un refugiado reconocido por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur). En este se impugnaba la orden de deportación en su contra por parte del Ministro de Seguridad Nacional.
¿Qué es la Convención de Refugiados de 1951?
También conocida como la Convención de Ginebra, fue aprobada por la ONU el 28 de julio de 1951. Inicialmente estaba limitada para proteger a refugiados europeos después de la Segunda Guerra Mundial, pero el Protocolo sobre el Estatuto de los Refugiados de 1967 modificó las restricciones geográficas y tiempo, expandiendo el alcance de la convención.
En ella se establece el estatus de refugiados para garantizar el asilo y las responsabilidades de las naciones con los migrantes que lo soliciten. También asegura el principio de no devolución y el permiso de viajes sin visado para quienes portan documentos de identificación de países donde sus vidas corren riesgos.
El juez del Tribunal Superior dictaminó que todos los migrantes a los que el gobierno de Trinidad y Tobago no les había concedido asilo o estatus de refugiado podían ser deportados en virtud de las disposiciones de su Ley de Inmigración, incluidos aquellos que poseían un certificado de la Acnur que reconocía su estatus de refugiado.
Esta sentencia afirmó que las obligaciones bajo la Convención de Refugiados y el principio de no devolución no se aplican a la República de Trinidad y Tobago porque el gobierno no había incorporado las disposiciones del derecho internacional en la legislación nacional.
Graves implicaciones
En el comunicado de la ONU instan a dar una respuesta legislativa que incorpore la Convención de Refugiados en la legislación nacional, dadas las implicaciones que este fallo judicial va a desencadenar.
“Eliminar las medidas de protección de potencialmente miles de migrantes no es la solución y expone a los refugiados y solicitantes de asilo a graves implicaciones: un mayor riesgo de abuso, explotación, tortura, desaparición forzada, tráfico y otras formas de malos tratos”, se lee en el texto.
Además, exponen que el derecho a la vida, el principio de no devolución y la prohibición de la expulsión arbitraria o colectiva deben prevalecer sobre cualquier ley, ya que se basan en el derecho internacional y son vinculantes para todos los Estados.
Tratados internacionales
Los expertos de la ONU recordaron que Trinidad y Tobago forma parte de varios tratados internacionales que prohíben la expulsión, devolución o extradición de una persona a un Estado donde se teme que podría estar en riesgo de persecución y/o tortura o trato cruel, inhumano o degradante y desaparición forzada.
Entre ellos está el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951, donde expresamente se ordena la protección de los migrantes que buscan asilo.
Los expertos de la ONU también mencionaron que están conscientes de las denuncias de devoluciones en el mar y retornos forzados de migrantes venezolanos, sin protección, debido proceso y evaluaciones de riesgo individualizadas.
Agregaron que estas medidas pueden constituir tortura o malos tratos y violaciones del derecho a la vida, lo que le comunicaron al gobierno de Trinidad y Tobago sin recibir respuesta de su parte.
“Seguimos listos para comprometernos con las autoridades de Trinidad y Tobago y apoyar los esfuerzos para garantizar la plena protección de los derechos de los migrantes y el cumplimiento de las leyes, políticas y programas nacionales con las obligaciones del país en virtud del derecho internacional de los derechos humanos”, manifestaron los expertos de la ONU en el comunicado.
