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- La organización no gubernamental Cecodap se pronunció al respecto y pidió al Ministerio Público iniciar una investigación para determinar responsabilidades
El lunes 28 de noviembre, al menos 150 privados de libertad fueron ingresados a las canchas del colegio San Agustín de El Marqués para proceder con su registro y posterior reubicación en el centro de detención preventiva Zona 7, ubicado en Boleíta (Caracas). El Centro Comunitario de Aprendizaje (Cecodap) entrevistó a algunos representantes de esta institución educativa, quienes relataron lo que vivieron durante esta situación irregular.
De acuerdo con la información, el operativo comenzó a las 4:00 am y para las 6:40 am ya habían niños, niñas y adolescentes dentro del colegio para dar inicio a sus clases.
En ese momento, según los testimonios, comenzaron a ingresar más de 800 funcionarios policiales para escoltar a los privados de libertad a las canchas de la institución.
“El salón de mi hijo da directamente a la cancha de fútbol, donde tenían a los detenidos; cuando lo dejé a las 6:40 am, no nos dejaron ingresar por la puerta principal por el operativo”, señaló la representante, quien prefirió que su identidad sea reservada.
La persona también relató que los representantes se percataron de la situación gracias a los padres que viven en las residencias con vista al colegio, quienes enviaron las fotografías de los privados de libertad sentados en la cancha de fútbol del colegio.
“Las clases nunca las suspendieron, jamás, el colegio estaba repleto de chamos. Y en el colegio no nos notificaron; fue a través de los otros papás en los grupos de WhatsApp”, agregó la fuente.
Piden una investigación formal
Carlos Trapani, coordinador del Centro Comunitario de Aprendizaje (Cecodap), rechazó la reubicación de al menos 150 privados de libertad en las áreas recreativas del colegio San Agustín, en Caracas, la cual se realizó el lunes 28 de noviembre. El activista consideró que los centros educativos “no son ni pueden ser espacios para realizar operativos policiales ni militares”.
El defensor de derechos humanos destacó que la maniobra policial sienta un precedente de irrespeto a los espacios seguros y de protección que supone un centro educativo, por lo tanto pidió al Ministerio Público iniciar una investigación para identificar a los responsables que autorizaron la operación en la institución educativa.
El coordinador de la organización recordó que la Ley de Reforma de la Ley Orgánica del Servicio de Policía y del Cuerpo de Policía Nacional obliga a ejercer el servicio de policía utilizando los mecanismos y medios pertinentes y ajustados a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela para la preservación de la paz y la garantía de la seguridad individual y colectiva.
Cecodap, a través de su página web, publicó una nota en la que reseñó los testimonios de los representantes que tuvieron que retirar a sus hijos del colegio por la presencia policial.
“Mi hijo veía cómo entraron los detenidos desde su salón de clases, se preocupó mucho”, relató una madre a la ONG.
Lo que se sabe del operativo
Cecodap destaca en su reporte que extraoficialmente se conoció que la decisión de usar las instalaciones del colegio San Agustín fue tomada sin consultar a las autoridades de la institución.
A pesar de esto, las organizaciones de la sociedad civil y en defensa de los derechos humanos exigen una explicación que aclare lo sucedido en el centro educativo.
La versión policial señala que los funcionarios de seguridad estarían haciendo el registro de los privados de libertad para luego ingresarlos al centro de detención preventiva Zona 7, ubicado en Boleíta y que está justo al lado de la unidad educativa. Los reclusos presuntamente provienen de las cárceles tomadas en la Operación Gran Cacique Guaicaipuro.
