• El gobierno de Trinidad y Tobago deportó a 16 niños venezolanos por mar, separando a varios de ellos de sus padres y enviándolos de regreso a Venezuela en una embarcación de madera con poco combustible y con pronóstico de tormenta 

Gregoria Figueredo se sentó a llorar frente a las escaleras de la oficina de la activista por los derechos humanos, Nafeesa Mohammed. Su hija de 11 años de edad se encuentra en el grupo de migrantes venezolanos que fue deportado desde Trinidad y Tobago. Se aferró a mirar su teléfono, donde tiene la última foto de su hija. No sabe dónde está y si se encuentra viva en alta mar. El grupo fue enviado en una pequeña embarcación de madera, sin mucha gasolina y con una alerta de mal clima en la zona. 

“Estoy desesperada. No sé si mi hija ha comido o bebido algo. Por favor, somos hermanos. A las autoridades les digo que vean en su corazón que son niños y que son vulnerables. Están indefensos, merecen atención. No importa si no son trinitarios, si son alemanes, si son chinos, nadie merece ser tratado de esa manera”, dijo Figueredo al medio trinitario Guardian. 

Foto: Guardian

Los 16 menores de edad que fueron deportados desde Trinidad y Tobago retornaron nuevamente a la isla luego de haber pasado la noche cerca de La Barra, una población de indígenas Waraos en Delta Amacuro (Venezuela).

Los niños se encontraban deshidratados, con vómitos y en situación de riesgo. Con ellos también viajan 13 mujeres.

El periódico T&T Newsday publicó este martes 24 de noviembre las primeras imágenes de los 16 niños y el grupo de mujeres venezolanas en las costas de Trinidad y Tobago.

Hasta el momento no existe un comunicado oficial sobre el hallazgo y rescate de los menores y sus acompañantes por parte de las autoridades trinitarias o venezolanas.

En su lugar, el ministro de Seguridad de Trinidad y Tobago, Stuart Young, reconoció que «pudo ver» el reporte de los 16 niños que fueron deportados. Sin embargo, cuestionó la veracidad del hecho y desconoció las denuncias realizadas por activistas de DD HH.

 «¿Alguien ha visto a esos individuos? ¿quiénes son? Muestres certificados de nacimiento para verificar que son menores de edad. Yo no puse a ninguna persona en ningún bote. Conozco mis responsabilidades, y no cubren eso. No sé si son 10, 12, o 16 niños. Vi lo que dijo Juan Guaidó, pero no sabemos de qué hablan», dijo en una rueda de prensa realizada este martes 24 de noviembre.

Young también reiteró que la prioridad para su país es su población y por tanto todas las personas que ingresen a la isla de manera ilegal serán deportadas.

El representante del gobierno trinitario también advirtió que los venezolanos que estén legales en la isla pueden ser deportados «si se descubre que están ayudando a otros de sus connacionales sin documentos en Trinidad».

La periodista Nayrobis Rodríguez informó que nunca se ordenó labores de búsqueda por parte del gobierno trinitario. «Los padres de los niños solicitaron ayuda a un lanchero para rescatarlos en alta mar», agregó.

Las personas fueron deportadas el pasado domingo 22 de noviembre, horas antes de la reanudación de la audiencia judicial solicitando su permanencia en Trinidad y Tobago. Los niños y adolescentes, incluido un bebé de cuatro meses, fueron embarcados por las autoridades migratorias de la isla en unas lanchas sin identificación y con fallas en los motores. 

La abogada y activista por los DD HH, Nafeesa Mohammed, indicó a AFP que pidió a las autoridades migratorias de Trinidad y Tobago que los niños fueran entregados a sus padres luego de que estuvieran detenidos a su entrada al país el pasado martes y enviados a la comisaría de Erin, a unos 98 kilómetros de Puerto España, capital del país caribeño.

La abogada relató que pidió una audiencia virtual el domingo 22 de noviembre, cuando un tribunal exigió al Jefe del Estado Mayor de la Defensa, máximo cargo militar en Trinidad y Tobago, presentar a los migrantes venezolanos ante la Corte.

Sin embargo, según Mohammed, cuando se reanudó la audiencia el lunes 23 de noviembre, el comandante de la Guardia Costera informó que las personas ya habían sido escoltados hasta el límite marítimo.

La CIDH pide garantizar los derechos de migrantes y refugiados

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) instó este lunes a Trinidad y Tobago a vigilar “estrictamente” la protección de los niños migrantes, luego de que las autoridades de ese país deportaran a 16 menores de edad venezolanos y los enviaran a su país.

“La CIDH insta a Trinidad y Tobago a observar estrictamente el deber de protección especial de niñas, niños, adolescentes migrantes y a considerar su interés superior en todas las decisiones que les afecten”, dijo en un mensaje en su cuenta de Twitter, al tiempo que expresó preocupación por la situación de los menores de edad venezolanos.

¿Cuál es el debido proceso?

La jueza de la Corte Suprema de Trinidad y Tobago, Avason Quinlan-Williams, ordenó a la autoridades de su país que el grupo de mujeres y 16 menores venezolanos migrantes fueran retornados a la isla debido a que no se llevaron a cabo “los procesos legales pendientes”.

Esto sucede luego que las autoridades de ese país ignoraran el recurso de habeas corpus introducido por la defensa de los menores e igual procedieran con su deportación bajo una serie de hechos irregulares.

José Antonio Oropeza, abogado y magíster en derechos humanos, explicó para El Diario que este procedimiento se trataría de una deportación irregular por no cumplir con el debido proceso en una corte de ese país y se está violando el derecho universal al asilo por razones humanitarias.

Afirmó que en el momento en que son detenidos por el delito migratorio de haber ingresado ilegalmente a la isla, los migrantes tienen el derecho de solicitar refugio de acuerdo con la Declaración de Cartagena. Este instrumento exige garantizar protección a ciudadanos que estén huyendo de su país porque su vida se encuentra en riesgo, además de establecer que migrantes y refugiados no pueden ser retornados a su país de origen. 

“El tema aquí es que este grupo de migrantes venezolanos no fue presentado en una audiencia y no hay ningún juez que los haya escuchado para dimitir o no en su solicitud de asilo. Se trataría de una situación administrativa express al ver que estas personas se encontraban irregulares en la isla, pues se procedió inmediatamente con una deportación de carácter ilegal”, sostuvo Oropeza. 

Foto: Cortesía

La deportación en su debido proceso, añade el abogado, es un mecanismo legal de cualquier Estado, pero se considera irregular cuando no se opera bajo las formas correspondientes de la ley y, por ende, al no cumplir con los mecanismos legales, se trataría de una una violación de los derechos humanos de las personas involucradas.

Siete personas detenidas en el río Godineau

Un grupo de migrantes venezolanos, entre ellos dos hombres, dos mujeres y tres niños, fueron detenidos por la policía de Trinidad y Tobago luego que desembarcaron de una lancha en las cercanías del puente Godineau el pasado domingo 22 de noviembre.

El medio de comunicación Trinity Express informó que los siete venezolanos permanecerán en cuarentena. Sin embargo, esto sucederá mientras los funcionarios de migración inician el proceso de deportación hacia Tucupita, en Venezuela.

Los oficiales llevaron a estas personas al Centro de Salud de Siparia, donde se les realizó una prueba para descartar el covid-19.

Según el medio Guardian, la defensora Nafeesa Mohammed pidió a funcionarios de migración dialogar acerca de la situación de los niños y mujeres venezolanos en donde presentó las pruebas que mostraban los lazos familiares, así como los certificados de nacimiento de los menores de edad, pero los funcionarios de migración, en Puerto España, se negaron a aceptar los documentos. 

Para Oropeza el anuncio de la jueza Avason Quinlan-Williams se debe a que se pudo comprobar que no se cumplió el debido proceso migratorio y que existieron irregularidades durante la deportación. En caso de que el grupo de migrantes venezolanos regrese a Trinidad y Tobago, las autoridades deberán gestionar, como corresponde, una audiencia donde se determinarán los méritos de su caso ante un juez. 

El abogado también lamenta que este último incidente plantea una vez más hasta qué punto el gobierno de Trinidad y Tobago se niega a cumplir con los compromisos inherentes a la Convención Internacional sobre Refugiados y Solicitantes de Asilo, cuyos protocolos han sido firmados por los representantes de ese gobierno y que se niegan, dice Oropeza, a escuchar a quienes huyen de una situación desesperada de su país o que, incluso, puedan hacerlo mediante los métodos convencionales.

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