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- Cada 10 de diciembre se celebra el Día de los DD HH en el mundo gracias a la Declaración Universal de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas
La Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) adoptó la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH) el 10 de diciembre de 1948. Desde entonces, cada año en esa fecha se celebra el Día Internacional de los Derechos Humanos.
La DUDH es un documento histórico, de acuerdo con la ONU. En él se proclaman los derechos inalienables que corresponden a toda persona como ser humano. Independientemente de su raza, color, religión, sexo, idioma, opinión política o de otra índole, origen nacional o social.
Este año, el tema del Día de los Derechos Humanos está relacionado con la pandemia de covid-19; se centra en la necesidad de reconstruir para mejorar. Asegurándose de que los derechos humanos sean la base para los esfuerzos de recuperación, indicó la ONU en su página web.
“El 10 de diciembre es una oportunidad para reafirmar la importancia de los derechos humanos para construir de nuevo el mundo que queremos, la necesidad de solidaridad mundial y la interconexión y humanidad que compartimos como seres humanos”. Así lo expresa el organismo.
¿Venezuela tiene algo que celebrar en este día?
Venezuela se ha consolidado como un país donde los derechos humanos se vulneran casi a diario. Los ciudadanos no tienen completo acceso a los servicios básicos como agua y luz; cuando deciden alzar su voz de protesta en las calles, las fuerzas de seguridad del régimen de Nicolás Maduro los reprimen. El mismo que mantiene un control social sobre las poblaciones más pobres a través del carnet de la patria y el Comité Local de Abastecimiento y Producción (CLAP).
Muestra de ello es el informe de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela. Un documento en el que se acusó en septiembre al régimen de Nicolás Maduro de cometer crímenes de lesa humanidad y violaciones a los derechos humanos.
Posteriormente, basado en esto, la fiscal de la Corte Penal Internacional, Fatou Bensouda, declaró que existen elementos razonables para creer que Maduro y su cúpula están vinculados con crímenes de lesa humanidad en Venezuela.
Informe de Bachelet evidencia las violaciones de DD HH en Venezuela
El 25 de septiembre, la alta comisionada de la ONU para los derechos humanos, Michelle Bachelet, a propósito de la actualización de su informe sobre Venezuela, denunció que de enero a agosto de 2020 las fuerzas de seguridad del régimen de Maduro asesinaron a más de 2.000 personas.
“Me preocupan los altos números de muertes de jóvenes en barrios marginados como resultado de operativos de seguridad”. Así lo dijo la funcionaria ante el Consejo de Derechos Humanos.
Acotó que solo entre junio y agosto su oficina documentó 711 muertes. Agregó que tras ejecutar a las víctimas ya neutralizadas, los cuerpos de seguridad las roban y manipulan la evidencia para presentar los hechos como un enfrentamiento.
Bachelet sostuvo que su oficina sigue documentando casos de represión de las protestas pacíficas que se realizan en Venezuela. A pesar de estar bajo el esquema de “estado de alarma” por la pandemia del coronavirus.
“En Venezuela continúan restricciones a la libertad de expresión, la aplicación de la Ley del Odio, ataques a defensores y periodistas”. Así lo expresó, al tiempo que dijo que en el país continúan las detenciones y muertes de manifestantes.
Durante los primeros 60 días de cuarentena, el Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea) registró 85 detenciones arbitrarias de personas de diferentes gremios y sectores de la sociedad civil.
Asedio a defensores de los DD HH
La Misión Verdad, portal del régimen de Nicolás Maduro, publicó un informe para supuestamente “desmontar” la investigación de más de 400 páginas que realizó la Misión Independiente de Determinación de los Hechos en Venezuela de las Naciones Unidas. La misiva fue suscrita por el fiscal del régimen Tarek William Saab, Alfredo Ruíz, Jorge Arreaza y Larry Devoe.
El informe, que recibió Nicolás Maduro el 24 de septiembre, lleva por nombre “La Verdad de Venezuela, contra la infamia del cártel de Lima”. En el texto se asegura que la realidad del país en materia de derechos humanos es muy diferente a lo redactado por la Misión de la ONU.
La Misión de la ONU se basó en información de dominio público, en entrevistas virtuales a familiares de las víctimas de violaciones de derechos humanos y a las víctimas en sí. Además de datos otorgados por las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) que trabajan por la defensa de los derechos humanos en Venezuela.
Según la Misión Verdad, las ONG venezolanas recibieron financiamiento de la comunidad internacional para levantar estos datos que consideran “falsos” y “sin respaldo”. Señalaron a organizaciones como el Comité de Familiares de Víctimas del Caracazo (Cofavic), el Centro de Justicia y Paz (Cepaz), el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS), la Asociación Civil Control Ciudadano y Espacio Público.
La misiva del organismo del régimen indicó que Cepaz es una ONG “plegada a sectores opositores”. También aseguró que en 2018 recibió financiamiento de la Unión Europea (UE) para el reforzamiento de organizaciones en el campo de derechos humanos.
“Ambas en general (Cofavic y Cepaz) se centraron en proporcionar información conveniente para sus intereses en materia de derechos humanos. Ignorando o apartando por completo casos como el de Orlando Figuera, joven asesinado en 2017 en las protestas violentas en contra del gobierno venezolano”, afirmó la Misión Verdad.
En mayo del presente año, Provea mencionó que el estado de alarma significó una reducción en el espacio de acción. También implicó una disminución del acompañamiento de defensores de los derechos humanos a las víctimas.
“No solo por las limitaciones de movilidad, sino también por la negación de permisos para tránsito que permita seguir acompañando peticiones, denuncias. Incluso para los actores humanitarios en su labor de apoyo a terceros en situación de vulnerabilidad”, señaló la organización.
En el contexto del covid-19, Provea indicó que al menos 4 defensores de derechos humanos fueron víctimas de detenciones arbitrarias. Esto mientras realizaban labores de acompañamiento o de asistencia.
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