• La abogada y especialista en derecho internacional bielorrusa realizó una discreta visita de 12 días al país con la bienvenida del régimen de Nicolás Maduro. En su primera y única declaración responsabilizó de la hiperinflación y los bajos salarios a las medidas sancionatorias de Estados Unidos y la Unión Europea. Foto: EFE

Con bajo perfil y sin mucha ceremonia llegó al aeropuerto de Maiquetía el pasado 30 de enero Alena Douhan, relatora especial de las Naciones Unidas sobre los efectos negativos de las medidas coercitivas unilaterales en el disfrute de los Derechos Humanos. Luego de dos semanas de estadía, este 12 de febrero dio los resultados de su informe en el que, asegura, las medidas tomadas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos y la Unión Europea (UE) contra el régimen de Nicolás Maduro afectan principalmente a los ciudadanos comunes.

De acuerdo con la abogada bielorrusa, las aristas de la crisis económica y la emergencia humanitaria compleja que enfrenta Venezuela son consecuencia directa de las sanciones que desde hace cuatro años se aplican a funcionarios, empresarios e instituciones ligadas al régimen de Nicolás Maduro. Problemas de larga data en el país como la hiperinflación, la devaluación de la moneda y su respectivo impacto sobre el salario de los venezolanos se deben a un supuesto cerco financiero al país.

Las declaraciones dadas por Duhan causaron rechazo entre organizaciones defensoras de los derechos humanos, dirigentes políticos y periodistas, que consideran que el informe estuvo sesgado por la versión del chavismo, y que muchos de los problemas económicos y sociales que menciona ya estaban presentes en el país mucho antes de las sanciones.

Sobre el organismo

El relator especial sobre el impacto negativo de las medidas coercitivas unilaterales en el disfrute de los derechos humanos es un órgano creado por el Consejo de Derechos Humanos en septiembre de 2014, luego de que la ONU emitiera la Resolución 27/21, la cual declara contrario al derecho internacional cualquier tipo de las medidas y la legislación coercitivas unilaterales, como bloqueos y sanciones contra otros países. Tiene como finalidad reportar a la ONU sobre las consecuencias de índole humanitario que estas medidas pueden tener en lapoblación civil de los Estados donde se aplican

¿Quién es Alena Douhan?

Douhan nació en la ciudad de Mogilev, al este de Bielorrusia, el 1° de septiembre de 1979. De acuerdo con su perfil en el portal del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU, es graduada con honores en Derecho Internacional de la Universidad Estatal de Bielorrusia, donde también recibió su doctorado en 2005 y una especialización en Derecho Internacional y Derecho Europeo en 2015. En esa misma casa de estudios se desempeñó como profesora, además de ser desde 2016 vicerrectora de la Universidad Internacional de Bielorrusia Mitso. 

Igualmente realizó intercambios académicos con instituciones como la Universidad de Mannheim, en Alemania; el Asser College y la Academia de Leyes Internacionales de La Haya, ambas en Países Bajos; y el Instituto Max-Plank. También habla fluidamente cinco idiomas: bielorruso, ruso, alemán, inglés y ucraniano.

Como investigadora, ha sido autora de cuatro libros dedicados al tema de la preservación de la paz y seguridad, mecanismos regionales de seguridad colectiva y la no intervención en asuntos internos de los Estados, además de 120 libros colaborativos, artículos y publicaciones. En su currículo subido al portal Reseachgate, asegura haber recibido en 2010 el premio Picheta por una monografía titulada “El principio de no intervención en los asuntos internos de los Estados: desafíos contemporáneos”. El equipo de El Diario investigó sobre ese galardón y no encontró ninguna información sobre él o la organización encargada de entregarlo.

Su acercamiento a las Naciones Unidas comenzó en 2001 cuando integró la Oficina de la ONU en Minsk, capital de Bielorrusia, donde fue consejera legal y consultora en Derechos Humanos hasta 2005. También fue jefa del Departamento legal del Tribunal Económico de la Comunidad de Estados Independientes en esa ciudad entre 2007 y 2008.

Desde el 2013 se desempeñó como panelista para el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, donde dictó múltiples charlas sobre las consecuencias del intervencionismo y las medidas coercitivas internacionales. Su conocimiento y extensa bibliografía sobre el tema le llevó a ser nombrada como relatora especial en esa materia el 25 de marzo de 2020.

En su cuenta de Twitter no se hayan publicaciones previas a su nombramiento como relatora especial, pero sí se aprecia una muestra de su labor. En 11 meses en el cargo ha visitado, además de Venezuela, países del Medio Oriente como Catar, donde anunció el pasado 7 de enero el fin del embargo comercial contra ese país aplicado por Arabia Saudita. Instó a otros países del Golfo Pérsico como Egipto, Emiratos Árabes y Baréin (que también forman parte del bloqueo) a tomar medidas similares.

Douhan también ha sido una férrea detractora de las medidas que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos sostiene contra el régimen del gobernante sirio Bashar al Asad. Estas sanciones, que incluyen a familiares de Al Asad, militares y altos funcionarios, se remontan al estallido de la guerra civil en Siria en 2011 y tienen como objetivo presionar al gobierno a acatar Resolución 2254 del Consejo de Seguridad de la ONU de 2015, que hace un llamado a cesar el conflicto y garantizar una transición democrática con elecciones libres.

Una visita discreta

Douhan junto al presidente de la Asamblea Nacional del chavismo, Jorge Rodríguez. Foto: Cortesía El Universal

La llegada de Douhan a Venezuela fue un relámpago que sorprendió por lo rápido y discreto que se realizó. El 29 de enero el Consejo de Derechos Humanos informó que la relatora viajaría al país para una visita oficial que tendría lugar entre el 1° y 12 de febrero. En su comunicado, ya señalaba que su investigación estaría principalmente centrada “en cualquier impacto negativo que las sanciones puedan tener en el disfrute de todos los derechos humanos en Venezuela”.

Un precedente de la visita lo dio la propia Douhan en Twitter, donde informó que el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos dio el visto bueno a la ONU para revisar los regímenes de sanciones en el curso de la pandemia de covid-19.

Un día después del anuncio de la ONU, la Cancillería del régimen de Maduro informó en una nota de prensa que Douhan ya estaba en Venezuela. De su arribo no quedó registro fotográfico ni bienvenidas oficiales, solo se sabe que fue recibida en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía por la viceministra para Temas Multilaterales, Daniela Rodríguez, y el embajador del régimen para la sede de la ONU en Ginebra, Héctor Constant.

En su informe, Douhan aseguró que en sus 12 días de recorridos se reunió con una amplia gama de representantes de diversos sectores del país que presuntamente le explicaron cómo las sanciones internacionales han deteriorado la calidad de vida de los ciudadanos. De la lista de entrevistados  menciona: ”funcionarios gubernamentales, diplomáticos, agencias internacionales, líderes de la oposición, organizaciones no gubernamentales, abogados, médicos, maestros, académicos, víctimas de violaciones de derechos humanos, representantes de empresas privadas y de la Iglesia, así como personas comunes”.

No obstante, no hay información sobre las visitas realizadas o la metodología empleada por Douhan durante su misión. Ya el 3 de febrero la Asociación Civil Acceso a la Justicia había advertido a la funcionaria en una carta abierta que “no confunda perpetradores con víctimas”, pues existen fuertes evidencias de la responsabilidad del régimen de Maduro en la crisis económica, política y social del país.

Recordó que otras misiones enviadas anteriormente por la ONU como la visita de la alta comisionada de Derechos Humanos, Michelle Bachelet, o el informe de la Misión de Determinación de Hechos sobre Venezuela han documentado la sistemática violación de Derechos Humanos por parte del Estado.

De momento, lo expresado por Douhan es solo un preámbulo de un informe más extenso que remitirá al Consejo de Derechos Humanos en el mes de septiembre.

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