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- Activistas feministas expusieron en una audiencia cómo las mujeres son expuestas a la violencia, criminalización y revictimización de forma sistemática en el país
La situación de las mujeres, adolescentes y niñas en Venezuela fue expuesta por varias organizaciones no gubernamentales (ONG) ante los relatores de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). La desigualdad de género, la violencia y la vulneración de derechos básicos fueron algunos de los tópicos que abordaron el la sesión del jueves 28 de octubre.
Las peticionarias, todas voceras de ONG, explicaron al organismo internacional que la crisis generalizada impacta de forma diferenciada en las mujeres. Detallaron que el colapso de las instituciones, la impunidad y la corrupción han minimizado los espacios del Estado en los que este grupo puede sentirse protegido.
El estado de pobreza en el que se encuentra 94,5% de la población, según la Encuesta de Condiciones de Vida (Encovi), y las carencias de los servicios básicos privan a las mujeres del derecho a la vida digna, a la alimentación y a la salud general, sexual y reproductiva.
Privación de derechos humanos
Gabriela Buada, directora de Caleidoscopio Humano, dijo ante los relatores que las mujeres más pobres en comunidades vulnerables han estado hasta 14 años sin agua potable en sus hogares. Algunas carecen de gas doméstico y deben cocinar a leña, esto de acuerdo con la documentación de las organizaciones de derechos humanos.
La defensora de derechos humanos comentó que mujeres, adolescentes y niñas se han hecho cargo de labores de cuidado de manera desproporcionada. También se les impide el derecho a decidir sobre su sexualidad y reproducción y se exponen a formas específicas de violencia.
Alertó que la política del régimen de Nicolás Maduro no toma en cuenta las necesidades de este grupo. Dijo que solo le hace mención a las mujeres para señalarlas como “víctimas de la guerra económica”. Asimismo destacó la ausencia de cifras oficiales en indicadores sociales, los cuales sirven para medir la situación de vida de los venezolanos.
Criminalización hacia las mujeres
Venus Faddoul, representante de la ONG 100% Estrógeno, se refirió a dos casos de violencia, revictimización y criminalización hacia las mujeres en Venezuela. Inicialmente relató la historia de Naibelys Noél, víctima de violencia de género que posteriormente fue acusada de permitir que su pareja golpeara a su hijo hasta matarlo.
Faddoul explicó que Noél en sus declaraciones contó que su pareja abusaba de ella sexualmente. También la obligaba a dormir sin ropa en la madrugada en medio de las bajas temperaturas del páramo de Mérida, donde vivían.
La activista indicó que la mujer enfrenta un proceso judicial y está privada de libertad desde hace dos años. Además podría recibir una condena de hasta 30 años de prisión por los cargos de los que la acusan.
Denunció además que en el proceso se le ha impedido el acceso a atención médica y en el momento de la detención no le realizaron experticias médico forenses físicas, psicológicas ni psiquiátricas.
También visivilizó el caso de Vanesa Rosales, una defensora de derechos humanos que fue detenida y criminalizada por ayudar a una adolescente a interrumpir un embarazo producto de una violación.
Rosales estuvo nueve meses privada de libertad por asumir la responsabilidad del aborto. Faddoul agregó que en este caso hubo otras irregularidades e injusticias como la liberación inmediata del victimario, quien fue solicitado posteriormente pero está prófugo. Tampoco hubo acompañamiento legal y psicológico para la víctima de abuso sexual.
Femicidios
Carolina Godoy, coordinadora de género del Centro de Estudios para la Paz (Cepaz), aseguró que el Estado venezolano no presenta cifras de femicidios desde el año 2016. Añadió que la sociedad civil ha hecho un esfuerzo por recoger estos datos a través del Observatorio Digital de Femicidios.
La defensora explicó que los casos tienen un alto nivel de impunidad. 20 de los 30 casos del mes de septiembre no se registraron testigos que pudieran señalar a los agresores. Además, indicó que estos asesinatos arrastran fenómenos asociados como la situación de los niños huérfanos por la violencia.
Fallas del sistema judicial en materia de violencia contra la mujer
Diyuly Chourio, directora de la Fundación Vida Jurídica, expuso las carencias del sistema judicial y penal en materia de violencia contra las mujeres. Alegó que en el país se invisibilizan las medidas cautelares otorgadas por órganos internacionales a las víctimas al momento de solicitar justicia y protección.
Indicó que no existe garantía de respuestas en un procedimiento judicial digno y justo. Además, destacó la falta de formación con perspectiva de género de los funcionarios dentro del sistema judicial. Chourio explicó que 7 de cada 10 mujeres no se atreven a denunciar o no lo logran por todas las trabas que enfrentan en el proceso.
Alegó que hay una ausencia total de datos estadísticos sobre denuncias, judicialización y ejecución de sentencia de delitos asociados a la violencia de género.
Distintos tipos de violencia hacia las mujeres
Ofelia Álvarez, directora de Fundamujer, expresó que en 2021 aumentaron los casos de violencia contra la mujer en los que los victimarios son funcionarios militares y policiales, quienes atacan con amenazas y citaciones ante tribunales militares a sus parejas para enfrentarlas, perseguirlas y controlarlas.
La activista comentó que este año se registró un aumento significativo del acoso mediático y por redes sociales. Expresó que 22% de las 82 atendidas por Fundamujer reportaron ser víctimas de violencia vicaria por sustitución, es decir, que el victimario utilizó a los hijos de la mujer para causarle sufrimiento.
Melanie Agrinzones, activista feminista de Uquira, argumentó que el Estado venezolano niega de manera sistemática los derechos de la comunidad LGBTIQ+. Alegó que las mujeres trans son las más vulnerables en este aspecto.
“En Venezuela las personas trans no tienen derecho a la identidad y de allí se desprende toda una cadena de violaciones a sus derechos humanos”, expresó.
Agrinzones indicó que en el país se dificulta el acceso a hormonas tanto por la escasez como por los altos costos. Agregó que las mujeres, por la crisis y discriminación de género, no consiguen un empleo formal y deben recurrir al trabajo sexual no cuentan con leyes que las protejan.
Añadió que en lo que va de 2021, Uquira registró cuatro casos de transfemicidios. Además responsabilizó al Estado por la carencia de políticas públicas en defensa de este grupo.
Derechos sexuales y reproductivos
Magdymar León, representante de la Asociación Venezolana para una Educación Sexual Alternativa (Avesa), señaló que la mortalidad materna es el principal indicador de desarrollo y de garantía de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Sin embargo, aseguró que en el país ese dato no existe desde 2017.
Alegó que en estudios independientes del sector salud se encontró un aumento preocupante de ese indicador. La Maternidad Concepción Palacios halló que desde el año 2013 hasta el 2018 hubo un aumento de 91 puntos porcentuales de mortalidad materna en ese centro de salud. El Hospital Antonio María Pineda del estado Lara, por su parte, registró un incremento de 21 puntos porcentuales de la mortalidad materna desde 2018 a 2020.
Ante ese escenario, León comentó que muy pocas mujeres y adolescentes tienen la posibilidad de planificar y controlar su salud reproductiva.
“En un estudio de la alianza Salud para Todas, se encontró que el 90% de las mujeres entre 14 y 49 años de edad de comunidades populares no tienen acceso a la planificación de sus embarazos. Solo el 14% puede tomar decisiones informadas sobre su salud sexual y reproductiva”, explicó.
La activista argumentó que la carencia de educación sexual y de métodos anticonceptivos propician los embarazos no planificados que, en algunos casos, terminan en abortos inseguros.
León recordó que en el Informe de Estado de la Población Mundial del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) de 2019 ubica a Venezuela con la tercera tasa más alta de embarazo adolescente en la región de Latinoamérica y el Caribe. Agregó que muchos de estos embarazos son producto de violencia sexual.
La defensora alertó que el Estado venezolano no busca soluciones a esta situación y, por el contrario, se aprovecha de ellas para ejercer control sobre la reproductividad de las mujeres.
Las organizaciones de derechos humanos realizaron una petición en la que exhortan a que se evalúe la situación de las mujeres en Venezuela y de las instituciones del Estado. Señalaron que la indiferencia de estas instancias llevan a las activistas a buscar respuestas en la comunidad internacional.
