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- En el país los métodos anticonceptivos tienen precios elevados. En El Diario conversamos con Magdymar León, psicóloga clínica y coordinadora de Avesa, sobre cómo el poco acceso a la planificación familiar y a la educación sexual y reproductiva influyen en la calidad de vida de la mujeres. | Foto principal: EFE / Rayner Peña
La salud sexual y reproductiva es un tema que abarca muchas aristas como la educación, acceso a servicios de salud, respeto a la autonomía, entre otras. Se trata de un tema que tiene una estrecha relación con los derechos humanos y la superación de la pobreza, según lo establecido en la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo de El Cairo, en el año 1994. Es por ello que cualquier acto que afecte el acceso a la atención médica o dificulte la planificación familiar vulnera el derecho de las mujeres y personas gestantes a tener una salud sexual y reproductiva óptima.
En Venezuela se vive una crisis económica y hospitalaria desde hace varios años. Una de las múltiples áreas que se ven afectadas es la de la salud sexual reproductiva, donde las mujeres son las principales perjudicadas. Uno de los derechos que el Estado debe garantizar a las mujeres es el de la planificación familiar. Toda mujer debe ejercer su autonomía reproductiva y decidir cuántos hijos desean tener y los intervalos. Sin embargo, el acceso a métodos anticonceptivos no está al alcance de todos.
En marzo de 2021, el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) solicitó financiamiento urgente para los servicios de salud sexual y reproductiva en Venezuela, una problemática que se ha visto agudizada por la crisis del país y que afecta de manera diferenciada a las mujeres y adolescentes. Entre los datos que ofreció el UNFPA resalta que existe una escasez del 80 % en métodos anticonceptivos gratuitos y un aumento de las tasas de embarazo en la adolescencia (95 por cada 1.000 mujeres de entre 15 a 19 años de edad).
En abril de este año, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) publicó un comunicado en el que expresa, entre otras cosas, su preocupación por el poco acceso de las mujeres a métodos anticonceptivos. Una situación que se refleja en la escasez de métodos en varias regiones del país y los precios elevados de los que están disponibles.
La comisión citó un estudio realizado por la Asociación Venezuela para una Educación Sexual Alternativa (Avesa) en conjunto con la ONG Convite. Las organizaciones documentaron en el año 2019 una escasez de métodos anticonceptivos en farmacias de cinco estados del país de entre 83,3 % y 91,7 %.
Sin embargo, en febrero de 2021, en el contexto de la pandemia, los estudios de Avesa continuaron reflejando este problema. La investigación tuvo el objetivo de determinar el impacto de la emergencia humanitaria por covid-19 en el acceso a la salud sexual y reproductiva. Los resultados de las encuestas realizadas en los estados Miranda y Distrito Capital determinaron que la tasa de prevalencia de uso de métodos anticonceptivos para mujeres de 15 a 49 años de edad es de 49,8 %. Esta cifra está por debajo del promedio regional para América Latina y el Caribe, que es de 74 %.
De acuerdo con estos datos, el 29,7% de las mujeres entrevistadas no puede comprar métodos anticonceptivos y 24,9 % necesita que estos sean otorgados gratuitamente debido a que sus ingresos económicos son insuficientes.
La especialista señala que, si bien es un problema que también afecta a hombres, las mujeres son las más perjudicadas puesto que es una situación que afecta directamente su cuerpo con el proceso de gestación. Un embarazo no deseado o el hecho de no poder controlar el número de hijos que se tiene incide directamente en el proyecto de vida de las mujeres, influye en sus estudios, en el trabajo, entre otros. León afirma que la vulneración al derecho de las mujeres al acceso a salud sexual y reproductiva las atrapa en las labores de cuidado del hogar y reproducción.
La especialista señala que la anticoncepción no es vista en el país como un asunto de Estado y como parte de las políticas públicas. Comenta que cuando una mujer no tiene acceso a métodos anticonceptivos está en la obligación de suspender la actividad sexual. Sin embargo, esto contituye una violación al derecho humano de ejercer libremente la sexualidad, por lo que a juicio de la especialista la abstinencia no debe ser la respuesta.
En este sentido, hay un nivel de desigualdades de género en torno a lo que es la sexualidad y la anticoncepción, explica la psicóloga clínica. “Existe una visión absolutamente machista y patriarcal sobre la sexualidad de las mujeres. Pareciera que solo es válida cuando tiene fines reproductivos. Cuando tiene fines de placer no debería existir”, comenta.
Falta de información
De acuerdo con los datos del estudio más reciente de Avesa, 60 % de las niñas y adolescentes encuestadas entre 10 y 14 años no tienen conocimiento sobre métodos anticonceptivos. Mientras que el 30 % de las adolescentes y mujeres de entre 15 y 19 años de edad dijo tener información regular sobre este tema.
La psicóloga clínica explica que un indicador del fracaso de la educación sexual integral en Venezuela es el embarazo adolescente.
Las últimas cifras que emitió el Ministerio de la Salud sobre embarazo adolescente fue en el año 2013 en las que se determinó que más de la mitad de los nacimientos de ese año provienen de madres con edades entre 15 y 24 años, de los cuales el 22,84 % son madres con edades entre 15 y 19 años.
Las políticas públicas son necesarias para garantizar el acceso a la salud sexual y reproductiva, pero en Venezuela no existen programas sociales del Estado destinados a esta área. Este hueco lo cubren las organizaciones civiles y sin fines de lucro.
La especialista hace énfasis en que se trata de un problema que involucra al Estado y no es solo responsabilidad de la mujer. Asimismo, señala que desde el momento en que la salud sexual y reproductiva es vista como un derecho humano, existe la responsabilidad del Estado de garantizar las condiciones del ejercicio responsable de la sexualidad.
Altos precios de métodos anticonceptivos
Los precios de los métodos anticonceptivos distan del poder adquisitivo del venezolano. El salario mínimo oficial establecido por el régimen de Nicolás Maduro desde el 1º de mayo es de 7 bolívares, lo que equivale a 1,5 dólares de acuerdo con la tasa de cambio del Banco Central de Venezuela (BCV) del miércoles 24 de noviembre.
El Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros (Cendas-FVM) informó que la Canasta Alimentaria de octubre se ubica en 400 dólares mientras que la canasta básica es el doble.
Si bien en el país existe una dolarización de facto y muchas personas obtienen algún tipo de ingreso en divisas, los altos precios de los anticonceptivos dificultan que las personas tengan acceso a ellos
El Diario realizó un sondeo de los precios de anticonceptivos en varias farmacias:
El paquete de tres preservativos cuestan entre 1.65 bolívares y 19.5 bolívares (0,3 y 4,29 dólares). Las pastillas anticonceptivas oscilan entre los 29 y 75 bolívares (6,3 y 16,5 dólares). Las pastillas de emergencia cuestan entre 11 y 17 bolívares (2,4 y 3,7 dólares). La inyección anticonceptiva oscila entre los 53 y 64 bolívares (11,6 y 14 dólares). El dispositivo intrauterino tiene un precio de entre 190 y 830 bolívares (41,8 y 182 dólares).
Existen organizaciones civiles como Plafam que ofrecen un programa integral de planificación familiar, consultas y procedimientos médicos sobre salud sexual y reproductiva. Si bien los precios son más accesibles que en centros de salud privados, aun así superan el monto del salario mínimo oficial. A pesar de ello, las sedes de esta organización son muy frecuentadas por mujeres y hombres que buscan atención médica y acceso a métodos anticonceptivos a menor costo.
Embarazos no deseados y abortos inseguros
La falta de acceso a métodos anticonceptivos y a la educación sexual integral genera embarazos no deseados, lo cual constituye el principal factor que incide en el aumento de abortos inseguros en el país.
Magdymar León resalta que Venezuela posee una de las leyes más restrictivas de la región en torno a la interrupción del embarazo. El marco legal sobre el aborto lo califica como delito en el artículo 432 del Código Penal.
“La mujer que intencionalmente abortare, valiéndose para ello de medios empleados por ella misma, o por un tercero, con su consentimiento, será castigada con prisión de seis meses a dos años”, reza el artículo.
La única consideración que permite la interrupción del embarazo es cuando el embarazo pone en riesgo la vida de la madre. En este caso es legal la inducción del aborto. Tomando en cuenta las disposiciones internacionales en torno a este tema, Venezuela incide en una violación a los derechos humanos y reproductivos de la mujer.
La especialista señala que las mujeres, al no tener condiciones socioeconómicas óptimas para dar a luz o sencillamente no desean ser madres, se exponen a abortos inseguros en los cuales su vida corre riesgo.
La cifra de mortalidad materna en Venezuela presentada por la Organización Panamericana de la Salud (OPS) en junio de 2019, de acuerdo a los registros epidemiológicos del Estado, es de 190 muertes maternas con un promedio de 12 por semana. De esta cifra, 98.6% de ellas ocurrieron dentro de los centros de salud.
En este sentido, los abortos inseguros constituyen la tercera causa de muerte materna en Venezuela, solo superado por las crisis hipertensivas y las hemorragias, de acuerdo a la investigación de la coalición Equivalencias en Acción.
En la investigación señalan que se observan prácticas abortivas antiguas e inseguras, tales como la inserción de elementos punzo-penetrantes, la utilización de hierbas y bebidas caseras e introducción de sustancias.
“Hay que saber que los abortos pueden ser seguros. Pero estos procedimientos clandestinos son inseguros, ponen en riesgo la vida de las mujeres y pueden generar muertes maternas. Hay una relación directa entre la vulneración de la educación integral de la sexualidad hasta las muertes maternas”, explica León.
La especialista afirma que la vulneración de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres lo que hace es aumentar la brecha de género y no benefician al desarrollo del país.
Los derechos de las mujeres forman parte de una serie de acuerdos internacionales como la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer “Convención Belem Do Pará” (año 1995) y el Comité para la Eliminación de la Discriminación Contra la Mujer (1982). Venezuela suscribió esos acuerdos y es responsabilidad del Estado garantizar el cumplimiento de las disposiciones que erradiquen todo tipo de vulneración a los derechos y la violencia contra la mujer.
