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- Las organizaciones aseguraron que el mecanismo de la misión ha fomentado la búsqueda de la justicia y reparación para víctimas y sobrevivientes de violaciones de derechos humanos
Un grupo de 125 organizaciones no gubernamentales (ONG) nacionales e internacionales exigió la renovación del mandato de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos (FFM, por sus siglas en inglés) sobre Venezuela, la cual fue creada por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
En un comunicado difundido el miércoles 17 de agosto, las organizaciones indicaron que la Misión, establecida en 2019 para investigar violaciones sistemáticas de derechos humanos en Venezuela, ha desempeñado un papel central en el reclamo de que haya rendición de cuentas por delitos graves cometidos en el país y en asegurar el escrutinio internacional sobre la crisis en curso.
Además, aseguraron que el mecanismo de la FFM ha fomentado la búsqueda de verdad, justicia y reparación para víctimas y sobrevivientes de violaciones de derechos humanos en el país, y ha puesto de relieve las reformas estructurales necesarias para evitar que sigan cometiéndose violaciones y abusos.
Recordaron que actualmente la FFM permanece como el único mecanismo independiente de monitoreo de la ONU con mandato para investigar abusos, violaciones sistemáticas y garantizar rendición de cuentas de perpetradores.
Razones para renovar el mandato de la FFM
Las organizaciones manifestaron en un documento conjunto de preguntas y respuestas que en el país persisten los problemas que impulsaron la creación de la FFM, como la impunidad estructural por las violaciones de derechos humanos, la falta de mecanismos internos de reparación y “los intentos constantes del régimen de eludir el escrutinio internacional”.
“La FFM se creó con el objetivo de aunar esfuerzos en la búsqueda de justicia para las víctimas y servir de disuasión en la comisión de más violaciones de derechos humanos y posibles atrocidades”, puntualizaron.
En este sentido, sostuvieron que renovar su mandato permitiría a la FFM seguir reuniendo pruebas de graves violaciones a los derechos humanos que se siguen cometiendo en Venezuela.
“Mientras que en Venezuela no sea posible obtener justicia a nivel interno debido a los obstáculos minuciosamente documentados (…) la FFM sigue siendo una herramienta única y fundamental para sentar los cimientos de la verdad, la justicia y la reparación y de la protección de víctimas, sobrevivientes y familiares, así como de la población en general”, agregaron.
Las ONG destacaron que aunque la Misión de la ONU ha documentado cientos de casos, identificado patrones de crímenes de derecho internacional y establecido una lista de personas cuya participación en los hechos debería ser investigada por autoridades judiciales creíbles, aún quedan por documentar violaciones.
Señalaron que la resolución 42/25, por la que se adoptó el primer mandato de la FFM, abría la posibilidad de establecer una comisión de investigación en caso de que la situación empeorara o Venezuela mostrara falta de cooperación, por lo que consideran que la prerrogativa debe mantenerse.
Un instrumento para evitar que se cometan nuevo crimenes
Las organizaciones indicaron que la FFM también es una herramienta imprescindible para disuadir de la comisión de nuevos crímenes de derecho internacional.
Debido al panorama visto en años anteriores, las ONG señalaron que la FFM puede jugar un papel crucial de alerta temprana, monitoreando y documentando patrones de represión por parte del régimen y cualquier intensificación en su ofensiva contra el espacio cívico.
“Ese monitoreo y reporte podrían mitigar el riesgo de un deterioro en la situación de derechos humanos y alertar a la comunidad internacional en el caso de que ese deterioro se dé”, puntualizan.
Trabajo de la Misión en el país
El Consejo de Derechos Humanos creó la Misión de Determinación de los Hechos en el año 2019, con el objeto de investigar “ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y torturas y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes cometidos desde 2014”, con miras a “asegurar la plena rendición de cuentas de los autores y la justicia para las víctimas”. nnEn 2020, la misión concluyó que había motivos suficientes para creer que en Venezuela se habían cometido crímenes de lesa humanidad, por lo que el mandato inicial de un año que se había otorgado a la misión se extendió por otros dos años, hasta septiembre de 2022.nnEn el informe, el organismo indicó que “autoridades de alto nivel tenían conocimiento de esos delitos” y que “jefes y superiores sabían o debían haber sabido de esos delitos y […] no tomaron medidas para impedirlos o reprimirlos”.nnEn su segundo informe, publicado en 2021, la misión documentó la falta de independencia judicial y la impunidad por las violaciones de derechos humanos, y manifestó que el sistema judicial de Venezuela funcionaba como un mecanismo de represión en lugar de garante de derechos, alentando a los agentes del Estado a continuar perpetrando abusos.nnEs por eso que las organizaciones señalan que de renovarse el mandato, los expertos podrían continuar reuniendo evidencias sobre las graves violaciones de derechos humanos que todavía se cometen, podrían reportar sobre las dinámicas en el país y proveer recomendaciones necesarias.n
Proceso para extender el mandato
En el comunicado, las organizaciones informaron que los expertos de la Misión presentarán su tercer informe durante la sesión 51 del Consejo de Derechos Humanos, desde el 12 de septiembre al 7 de octubre.
Comentaron que se requiere una resolución para extender el mandato después de septiembre. “En el pasado, un grupo de países de América Latina lideraron esta iniciativa y presentaron un texto que establecía la adopción del mandato de la Misión. De someterse a votación, requerirá una mayoría simple de los miembros votantes para que se apruebe”, añadieron.
En este sentido, sostienen que los gobiernos latinoamericanos deberían encabezar nuevamente esa iniciativa para promover medidas de rendición de cuentas y los esfuerzos de monitoreo en curso, además de urgir a todos los estados miembros de la ONU a renovar el mandato.
