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- La ministra de Educación, Yelitze Santaella, había anunciado originalmente el comienzo del año escolar para mediados de septiembre. Sin embargo, los docentes rechazaron esta fecha debido a los retrasos en el pago de su bono vacacional. Ahora el régimen de Nicolás Maduro lo postergó para entre el 5 y 12 de octubre
El régimen de Nicolás Maduro informó que las clases podrían comenzar para la primera semana del mes de octubre. El anuncio fue realizado el 27 de agosto por la ministra de Ciencia y Tecnología, Gabriela Jiménez, quien además es vicepresidenta sectorial para la Ciencia, Tecnología, Educación y Salud.
En una entrevista para Venezolana de Televisión, indicó que el Ministerio de Educación tiene programado el retorno a las aulas entre el 5 y el 12 de octubre de 2022. Dijo que el propio Nicolás Maduro tomó la decisión durante una reunión no televisada. Igualmente, agregó que todo el proceso de inscripción y preparación será en septiembre, aunque no dio mayores detalles.
Originalmente la ministra de Educación, Yelitze Santaella, manejaba una fecha más cercana, tomando en cuenta que la mayoría de los estudiantes salieron de vacaciones a mediados de julio. “Nosotros tenemos pensado que entre el 15 y 20 de septiembre estamos retomando las clases en todas las instituciones”, afirmó el 6 de agosto.
Sin embargo, para el gremio docente era inviable regresar en septiembre luego del conflicto con las autoridades por el pago incompleto de su bono vacacional. “Ya el regreso a clases no puede darse el 16 de septiembre. Una vez que se dé el pago es cuando comenzarán a correr nuestras vacaciones. Los maestros se van a incorporar para el mes de octubre”, adelantó la presidenta de la ONG Fordisi Venezuela y dirigente sindical del sector educativo, Gricelda Sánchez, en una entrevista a El Diario semanas atrás.
Con esto, es probable que el régimen de Maduro, sin reconocerlo directamente, haya acatado las exigencias de los docentes, luego de haber revertido también el 12 de agosto la polémica medida impuesta por la Oficina Nacional de Presupuesto (Onapre), en la que se pagaba el bono vacacional de forma fraccionada.
Victoria conquistada
Si bien desde hace años los educadores han mantenido una lucha por mejores sueldos, este año la protesta alcanzó un nuevo nivel con la aprobación del instructivo de la Onapre. Este redujo considerablemente los beneficios de sus contrataciones colectivas, entre ellas el bono vacacional. Los afectados denunciaron que solo se les pagó el 30 % del dinero que les correspondía. También que se tomó como base sus tablas salariales de diciembre de 2021, y no el aumento de sueldo hecho por Maduro en marzo de 2022.
Esto llevó al gremio docente, tanto en educación básica como universitaria, a movilizarse durante varias semanas para exigir el cumplimiento de sus derechos laborales. Durante una protesta frente al Ministerio de Educación el 27 de julio de 2022, los representantes del gremio docente lanzaron un ultimátum: si no les pagaban el monto completo de su bono vacacional, no se reincorporarían a las aulas para el nuevo año escolar.
Sus reclamos no se cumplieron inmediatamente; sin embargo, en la medida que insistieron y continuaron marchando por el centro de Caracas, finalmente se anunció la destitución de las autoridades de la Onapre y, días después, el pago completo de su bono vacacional.
No obstante, todavía quedaba pendiente el tema del regreso a clases. Para muchos sindicatos, sus días de descanso apenas comienzan una vez que les depositaron su respectivo bono. “Era un periodo vacacional que empezaba el 1º de agosto, pero a partir de hoy (18 de agosto) es que van a iniciar nuestras vacaciones, porque recién recibimos el pago”, declaró a El Impulso el presidente del Colegio de Profesores de Lara, Luis Arroyo.
Por ese motivo varias organizaciones como Fordisi o la Federación Venezolana de Maestros (FVM) se mantuvieron en asambleas para consultar con los trabajadores. En efecto, consideraron inviable el regreso a sus puestos en septiembre, y propusieron volver a partir del 16 de octubre. Es decir, una semana después de lo anunciado este sábado por la ministra Jiménez.
Tiempo estipulado
De acuerdo con la Segunda Convención Colectiva Única de los Trabajadores y Trabajadoras del Ministerio de Educación (Ccuutt), todo el personal docente y administrativo goza de vacaciones colectivas que deben coincidir con el cronograma escolar. Es decir, es igual al asueto vacacional que tienen los estudiantes al finalizar cada curso. Igualmente, la cláusula 70 establece que el pago del bono vacacional se debe realizar la primera quincena de julio y equivale a 60 días de salario integral.
Desde el 22 de julio comenzó el pago de la segunda quincena de julio, la cual se suponía que traía el bono; sin embargo, apenas se canceló el 25 %, equivalente a 10 días. En la mayoría de los casos esto ni siquiera se cumplió en la fecha prevista, sino que muchos cobraron durante los primeros días de agosto. De hecho, en el caso de los profesores universitarios, quienes poseen un bono equivalente a 105 días de salario mínimo, el plan del ministerio era fraccionar el pago de 10 días para septiembre, otros 10 en octubre, y el resto entre enero y febrero de 2023.
De haberse cumplido con el bono vacacional cabalmente como estipula el Ccuutt, las clases habrían podido iniciar el 19 de septiembre como planeaba la ministra Santaella. Sin embargo, al contar los 60 días de vacaciones a partir del 18 de agosto, cuando se comenzó a cancelar la deuda pendiente, las clases deberían iniciar el 17 de octubre como proponen los sindicatos.
Si se toma a partir del anuncio del pago, el 12 de agosto, el reinicio de clases sería para el 10 de octubre como anunció el régimen. En ambos casos, efectivamente se toma en cuenta como inicio de las vacaciones docentes el momento en se completó el 100 % del pago.
Luchas pendientes
A pesar de que el gremio docente parece haber logrado que sus exigencias fueran escuchadas, todavía les queda una larga lucha por delante. Por ejemplo, aún siguen en asambleas y convocatorias para buscar la derogación del instructivo de la Onapre, el cual afecta a todos los trabajadores públicos. Aseguran que mientras siga vigente, los beneficios contemplados en el Ccuutt como las escalas salariales y las primas seguirán siendo recortadas arbitrariamente.
Entre los pendientes del Estado con el sector educativo, está la enorme deuda en materia de primas y retroactivos. También la reincorporación de todos los docentes cuyo sueldo ha sido suspendido injustificadamente por errores administrativos. Esto sin contar la infraestructura de las escuelas, o el desmantelamiento del Instituto de Prevención y Asistencia Social para el personal del Ministerio de Educación (Ipasme).
Dentro de esa misma línea, también exigen mejores salarios. Con o sin bono, afirman que sus ingresos no son suficientes para subsistir en medio de la hiperinflación. “Necesitamos acceder al menos a la canasta básica alimentaria que ya está rondando los 500 dólares”, manifestó Sánchez a El Diario.
