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- Los gremios y organizaciones sindicales de este sector afirman que no dejarán las acciones de calle hasta que se reactiven las conversaciones para lograr la firma de un contracto colectivo que garantice beneficios laborales, así como un salario justo y digno
Los trabajadores del sector público han salido a las calles para reclamar al Estado venezolano que cumpla con lo establecido en la Constitución venezolana. Los gremios solicitan algo más que un salario dolarizado. Exigen lo que dictan las leyes del país: que se garantice la calidad de vida de los empleados tal y como lo establecen los contratos colectivos. Este 2023 los trabajadores se han organizado para una huelga general que no dará tregua hasta conseguir resultados.
En la sede de la Federación Venezolana de Maestros se reunieron empleados de varios sectores el martes 10 de enero. Carmen Teresa Márquez, secretaria general de de este organismo, indicó para El Diario que, a pesar de la masiva movilización que se registró este lunes para recordar al Estado venezolano sus solicitudes, hasta ahora no han recibido ningún llamado por parte de representantes del régimen de Nicolás Maduro para discutir sus requerimientos.
Raquel Figueroa, docente y coordinadora nacional de la Unidad Democrática del Sector Educativo (UDSE), también refirió lo mismo y afirmó que ningún grupo sindicalista y gremial de este sector ha sido notificado sobre una supuesta reanudación de los acuerdos para lograr la firma de la contratación colectiva.
Aunque Orlando Pérez, presidente del Sindicato Nacional Fuerza Unitaria Magisterial (Sinafum) y militante del PSUV, anunció el lunes 9 de enero que se retomará el diálogo sobre el contrato colectivo, hasta ahora, esto no ha sucedido.
Más acciones de calle
Ante la falta de inacción por parte de los representantes del régimen, Márquez y Figueroa coinciden en que no dejarán las acciones de calle hasta lograr acuerdos que permitan condiciones mínimas de trabajo y el pago correspondiente de los pagos que les adeuda el Estado venezolano a los trabajadores y jubilados del sector público.
“El gobierno todavía no ha llamado a las organizaciones sindicales. Hasta ahora lo que ha hecho ha sido detener los avances para lograr la contratación colectiva. Estas conversaciones comenzaron en enero de 2022 y todavía no existe un acuerdo. Lo único que se ha hecho es aprobar algunas cláusulas que no tienen carácter económico”, expresó Márquez.
La educadora también refirió que el Estado no ha hecho ninguna propuesta que satisfaga las necesidades de la clase trabajadora en el país. Tampoco existe conocimiento de la evaluación de un nuevo monto salarial y no ha existido la intención, por parte del régimen venezolano, de abolir el instructivo de la Onapre.
Sobre el instructivo de la Onapre
La entrada en vigencia de esta normativa provocó que a los maestros se les despojara de sus beneficios laborales, entre otros derechos que anteriormente percibían. En el año 2018, por ejemplo, la contratación colectiva de los trabajadores universitarios convenía que a este sector se le pagara alrededor de 4,75 salarios mínimos. Pero el instructivo 2792 de la Onapre dejó sin efecto este dictamen y, en su lugar, lo igualó a un ingreso de salario mínimo (actualmente de 7 dólares al mes).
¿Qué sigue para el gremio?
Por su parte, la sindicalista y vocera Raquel Figueroa señaló para El Diario que el año 2022 supuso un deterioro significativo de la calidad de vida de los educadores venezolanos desde aspectos esenciales como su desarrollo profesional, pedagógico y personal.
Figueroa enfatizó en que este año la calidad de vida de los docentes se ha visto aún más afectada, al punto en que muchos han emigrado y otros sencillamente han renunciado a la educación para buscar otro trabajo.
Tanto Figueroa como Márquez coinciden en que una de las primeras medidas que debería tomar el régimen para atender la crisis que afecta al sector es que el Ministerio de Educación ajuste un nuevo salario mínimo en función al artículo 91 de la Constitución venezolana. De esta manera, garantizar un ingreso estable que mejore la calidad de vida de los trabajadores y jubilados.
Para cumplir este objetivo, los gremios sindicales se han propuesto escalar la protesta en las próximas semanas. “Nosotros queremos que se reactiven las discusiones de la contratación colectiva. Por eso lo que viene es la organización de la protesta que se prolongará hasta que obtengamos resultados. Hago un llamado a la unidad porque luchar también es una enseñanza”, dijo Figueroa.
Onapre: la principal violación al contrato colectivo
La entrada en vigencia del instructivo de la Onapre limitó la entrega de beneficios sociolaborales establecidos en contratos colectivos en el sector público. Los gremios y sindicatos se han unido para reclamar su derogación en todo el país.
Entre julio y agosto de 2022 las manifestaciones se extendieron en todo el territorio nacional.
Aunque la lucha gremial ha dado algunos resultados, como la destitución de Marco Polo Cosenza, director de la Onapre, las organizaciones sindicalistas insisten en la necesidad de su derogación.
Esta es una de las prioridades para los representantes del sector público, quienes esperan que la lucha social pueda otorgarles su derecho a percibir bonos de transporte, alimentación, así como primas de ayuda asistencial y del hogar y otros beneficios para docentes activos, jubilados y pensionados de los que han sido despojados en los últimos años.
