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- De acuerdo con la ONG, aproximadamente 17.000 venezolanos están viviendo de manera ilegal en Curazao
Las condiciones para los migrantes venezolanos en Curazao no han mejorado de manera sustancial y persisten las detenciones por parte de las autoridades de la isla, así como la negativa de proporcionar medidas de protección internacional, destaca el informe de la ONG Amnistía Internacional (AI).
De acuerdo con la organización, se han dado solo “pequeños pasos” en pro de los migrantes venezolanos, pero todavía no se ha hecho lo suficiente e incluso han sido denunciadas las detenciones arbitrarias “en condiciones inhumanas”.
Proceso de asilo justo
En el documento, se pide a Curazao que se garanticen los derechos de los migrantes venezolanos y que establezcan un proceso de asilo que sea justo y efectivo, en el marco de las normas internacionales.
Asimismo, exhortan a que se acabe la detención automática de todos aquellos migrantes que buscan protección.
Según los datos de la ONG, aproximadamente 17.000 venezolanos están viviendo de manera ilegal en Curazao, una situación que no es sostenible a largo plazo.
Ausencia de medidas de protección
La organización reconoció que hay una ligera mejora en el trato a la migración venezolana en Curazao, sin embargo, las medidas de protección en materia de derechos humanos deben ser reevaluadas.
Señalaron que desde 2019 no se ha concedido ninguna medida de protección porque en Curazao consideran que los venezolanos “no tienen necesidad de ser protegidos o que no corren peligro si son devueltos al país”.
Los antecedentes
En octubre de 2021, AI publicó un informe que documentaba los numerosos obstáculos que afrontan estas personas cuando buscan protección internacional en Curazao.
En ese primer dossier, se reseñó como las autoridades de Curazao deportaron a personas venezolanas sin que éstas hubieran sido objeto de un procedimiento de protección internacional imparcial y efectivo. Además, no evaluaron los riesgos que afrontarían tras su retorno a Venezuela.
Por tanto, la ONG determinó que la Administración gubernamental de Curazao “violó el principio de no devolución” que prohíbe el traslado de una persona a un lugar en el que corra peligro de sufrir violaciones graves de derechos humanos.
En esa oportunidad se dejó constancia como los venezolanos (incluídos menores de edad) eran detenidos automáticamente en el centro de detención de inmigrantes en condiciones inhumanas y en donde se les disuadió para que no pidieran protección internacional.
Por su parte, la secretaría de Estado neerlandesa, Alexandra van Huffelen en febrero de 2022 afirmó que había empezado a aplicar algunas de las recomendaciones de AI.
Pese a ello, AI espera que Curazao se incorpore a la Convención de la Organización de Naciones Unidad (ONU) sobre los Refugiados y aplique el artículo 3 del Convenio Europeo de Derechos Humanos que establece que: “Nadie podrá ser sometido a tortura ni a penas o tratos inhumanos o degradantes”.
La medida incluye el principio de no devolución, que es vinculante para todos los Estados, e impone la prohibición absoluta de enviar a una persona a un lugar donde corra un riesgo real de sufrir violaciones graves de derechos humanos.
Presión migratoria sobre Aruba y Curazao
Eric van der Burg, secretario de Estado de Justicia y Seguridad del reino de Países Bajos, reveló en una declaración realizada en septiembre de 2022 que Curazao y Aruba estaban bajo presión ante el flujo migratorio de venezolanos a esas islas.
De acuerdo con el portal Crónicas del Caribe, hasta septiembre de 2022 alrededor de 1.700 migrantes pidieron asilo solo en Aruba. Sin embargo, los empleados holandeses del Servicio de Inmigración y Naturalización (IND) no cuentan con suficientes funcionarios para darle agilidad a esos procesos.
