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- El abogado penalista Joel García explicó a El Diario que documentar cualquier actuación de los cuerpos de seguridad está permitido, siempre y cuando no se interfiera con el trabajo de los funcionarios. Pese a que existe una resolución desde septiembre que deja claro que puede hacerse, acota que es un derecho constitucional que siempre estuvo allí, aunque no siempre era respetado
José Ernesto Rodríguez, de 37 años de edad, viajaba en motocicleta por Acarigua (Portuguesa) el 24 de abril, cuando fue retenido por una alcabala. Mientras revisaban sus papeles, el hombre sacó su teléfono y comenzó a grabar a los funcionarios. Esto a la vez que preguntaba por la legalidad del procedimiento, pues el punto de control no tenía conos ni identificación.
El incidente no pasó a mayores, pero una cuenta de TikTok resubió la grabación que Rodríguez había compartido originalmente solo en sus redes sociales. Y se hizo viral. El 28 de abril, alrededor de 20 funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), mismo organismo que Rodríguez había confrontado en su video, lo arrestaron cuando salía de un banco.
La Fiscalía intentó imputarlo por “incitar al odio en contra de los diversos organismos de seguridad ciudadana”. Sin embargo, el juez le otorgó libertad plena el 1° de mayo. La razón estuvo en las propias leyes: grabar a oficiales durante un procedimiento policial no es un delito. De hecho, desde septiembre de 2022 existe una resolución conjunta de los Ministerios de Defensa y de Interior, Justicia y Paz que protege esta práctica.
Esta medida ya se encontraba vigente al momento de la detención de Rodríguez, por lo que varias organizaciones lo denunciaron como una violación a sus derechos humanos. El abogado especialista en Derecho Penal, Joel García, indicó en entrevista para El Diario que este tipo de acciones, además de desproporcionadas, intentan desalentar a que las personas documenten los procedimientos, a pesar de estar en su derecho. “Lo que busca más bien es intimidar o acallar”, agrega.
La ley
En la Gaceta Oficial Nº 42.458, con fecha del 8 de septiembre de 2022, se publicó la resolución que establece las normas a seguir para la instalación de puntos de control por parte de cuerpos policiales y militares. Entre otros puntos, deja claro que los ciudadanos tienen permitido documentar todo el proceso cuando son retenidos en estos puntos.
La medida también prohíbe a los funcionarios quitarle el dispositivo de grabación a los ciudadanos u obligarlos a borrar la grabación. Asimismo, no podrán retener o incautar los teléfonos ni documentos de la persona sin cumplir los protocolos establecidos en el Código Orgánico Procesal Penal.
Derecho constitucional
García señala que en los últimos años se ha vuelto normal que las personas quieran dejar registro de todo lo que sucede al momento de ser retenidos por algún cuerpo de seguridad. Aunque en un principio constituye un ejercicio de empoderamiento ciudadano, pues garantiza la transparencia y verificación de estos procedimientos.
Sin embargo, reconoce que también está impulsado fuertemente por la desconfianza o temor que sienten las personas al momento de encarar un operativo policial. “Sabemos que la policía acostumbra ponerle evidencias, objetos, sustancias a las personas para después extorsionarlas”, afirma.
De igual modo, aunque la resolución tiene un rango sublegal, está amparada en las propias garantías que ofrece la Constitución. Explica que entre los derechos fundamentales que contempla están la libertad expresión y de acceso a la información, los cuales están presentes en la libertad de documentar cualquier acción que ocurra en la calle. Añade además que al quitar el teléfono para revisar si tomó alguna foto o video, se vulnera el derecho a la privacidad.
“Cuando una actuación policial se está haciendo, es pública y debería permitirse la documentación, siempre y cuándo no interfiera con las labores”, apunta.
Siempre fue legal
Antes de la resolución, no existía ninguna disposición que dijera explícitamente que estaba permitido grabar procedimientos policiales. Sin embargo, García aclara que siempre fue algo legal, precisamente como una extensión del derecho a esa libertad de expresión. Afirma que, de haber sido ilegal, habría sido tan absurdo como prohibir usar el teléfono en espacios públicos.
“Nunca ha estado prohibido. La resolución lo que hizo fue parar un poco la violencia o abuso de poder que ejercían los policías hacia los ciudadanos cuando trataban de grabar algún evento”, señala.
De hecho, las autoridades decidieron publicar esta medida tras varios casos de funcionarios que amenazaban con detener a cualquier persona que intentara registrar sus acciones. Uno de esos casos ocurrió justamente en septiembre de 2022 en el estado Zulia, donde dos funcionarios fueron detenidos por agredir a una mujer y romperle el teléfono mientras ella los grababa en un alcabala.
Incluso el fiscal general del régimen de Nicolás Maduro, Tarek William Saab, debió pronunciarse al respecto. “En las alcabalas agarran a ciudadanos inocentes, los colocan a un lado de la carretera y les saquean las camionetas. Yo he dicho que hay que grabarlos, identificarlos con su nombre y denunciarlos”, declaró el 17 de septiembre.
¿Cuándo no se puede grabar?
El abogado y profesor universitario explica que si bien el acto de grabar no tiene ningún impedimento, se debe ser precavido al momento de hacerlo. Indica que es importante que la grabación no interfiera con el desarrollo del procedimiento ni entorpezca el trabajo de los funcionarios. De lo contrario, podría considerarse como obstrucción de la justicia.
Ejemplos de esto pueden ser el estorbar a los agentes durante una inspección o allanamiento, o intervenir durante una persecución o procedimiento policial delicado solo para hacer algún video para redes sociales. Incluso el negarse a colaborar con algún requerimiento con la excusa de estar grabado. En esos casos, García aconseja apoyarse en terceras personas que documenten mientras el involucrado se centra en cumplir con el procedimiento.
Banalización del derecho
Uno de los hechos que impulsó al fiscal Saab a alentar este tipo de grabaciones ocurrió días antes de la emisión de la propia resolución. En ese momento se viralizó en redes sociales un video en el que dos policías del estado Lara golpean con sus cascos a un hombre en una calle de Barquisimeto.
Las imágenes sirvieron de evidencia para registrar la irregularidad e identificar a los funcionarios Billis Sira Alejos y José Ángel Giménez, quienes fueron detenidos. Sobre muchos casos similares a ese se han abierto investigaciones por parte de la Fiscalía, la gran mayoría a partir de videos publicados en las mismas redes sociales.
“Sabemos la situación de corrupción en la que suele incurrir la policía, y por eso los ciudadanos están ya predispuestos a grabar, sabiendo que el Ministerio Público (MP) se hace eco de estas denuncias”, indica García.
Sin embargo, el también defensor de los derechos humanos rechazó esta forma de justicia, aseverando que el fiscal alienta a los ciudadanos a usar las redes sociales como tribunales, en lugar de acudir a la sede del MP para denunciar siguiendo el debido proceso. Advirtió además que la gente no debe banalizar este derecho para exponer a funcionarios (o personas en general) sin necesidad, pues viola el derecho a la presunción de inocencia.
“No se debe abusar de esto y hacerlo un show. El problema está en que las instituciones en Venezuela, y principalmente el Ministerio Público, funcionan a través de las redes sociales, cuando no debería ser así”, apunta..
¿Cómo grabar de forma segura?
De acuerdo con la Ley Orgánica de Administración Pública, la legalidad y la transparencia son dos principios fundamentales que deben cumplir los funcionarios de cualquier institución del Estado. Bajo este concepto, García sostiene que, en teoría, los oficiales policiales no deberían poner objeciones a que su trabajo sea registrado, pues igual deberían desempeñarlo con honestidad.
En este sentido, aconseja que al momento de querer grabar un procedimiento, el ciudadano se lo notifique antes al funcionario de forma respetuosa. “Puede decirle que usted va documentar es para salvaguardar, tanto la actuación policial y que sea pública, como la licitud de lo que tiene esa persona encima o en su vehículo”, agrega.
A pesar de esto, la realidad venezolana no siempre se corresponde con lo que dicta la ley. El caso de José Ernesto Rodríguez es prueba de ello. Sabiendo que muchos oficiales pueden adoptar actitudes hostiles, incluso violentas, al verse grabados, García afirma que la mejor sugerencia es no poner resistencia. Aunque se deje claro que se está haciendo uso de un derecho protegido por la ley.
En caso de ocurrir una irregularidad o que el funcionario se rehúse a ser grabado, señala que todos los órganos de seguridad cuentan con dependencias como la Inspectoría General de Servicios o unidades disciplinarias en donde se puede formalizar una queja. Si la situación escala a una agresión, se debe acudir a la Dirección de Derechos Fundamentales del Ministerio Público.
En todo caso, García afirma que no habría necesidad de grabar a los oficiales si estos cumplieran y tuvieran claros los protocolos. “Los policías deberían tener instrucciones de sus jefes naturales sobre la actuación que deberían realizar, y los ciudadanos deberían confiar en sus policías. Pero el problema es que los ciudadanos no confían en las instituciones policiales, y por eso tratan de que todo quede registrado”, opina.
