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- Los sucesos por los que se acusan a estos antiguos guerrilleros ocurrieron en los departamentos de Tolima, Quindío y Huila
La Sala de Reconocimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), en Colombia, imputó a 10 exmiembros del Comando Conjunto Central (CCC) de la Fuerza Armada Revolucionaria de Colombia (FARC) por 61 secuestros que perpetraron en los departamentos Tolima, Quindío y Huila.
La información se dio a conocer el 7 de julio en una rueda de prensa que ofreció el presidente de la JEP Roberto Vidal y la magistrada de la Sala de Reconocimiento, Julieta Lemaitre.
La JEP es una institución creada el 9 de marzo de 2018 para juzgar y sancionar los crímenes del conflicto armado de ese país antes del 1° de diciembre de 2016.
De acuerdo con el diario El Tiempo de Colombia, la región de Tolima, específicamente el sur del departamento, fue considerada el epicentro y el referente en la historia de las FARC. En este lugar se dieron los orígenes de la guerrilla, en medio de las luchas en la década de los cincuenta.
El CCC en ese lugar dominó los corredores de movilidad que permitía a sus miembros llegar sin ser detectados por las autoridades militares a la costa Pacífica y Magdalena Medio.
Los detalles de los secuestros
En las investigaciones realizadas por la JEP, se reconocieron a 144 víctimas, de las cuales 61 fueron secuestradas por la guerrilla.
26 de los secuestrados se debieron por motivos económicos, mientras que 27 fueron privados de su libertad por el control territorial. Otros 8 casos aún no se han podido determinar los motivos de su rapto.
En cuanto a los decesos, 17 de la víctimas por secuestro murieron en cautiveriao y varias están reportadas como desaparecidas.
Entre las víctimas figuraban niños y adultos mayores para así poder presionar a sus parientes por pagos. También se conocieron los secuestros de miembros de la fuerza pública.
Los datos del CCC
De acuerdo con la JEP, el CCC llegó a conformarse por 1.180 integrantes que se fueron desintegrando hasta alcanzar en 2015 solo 150 miembros. La mayoría murió en medio del conflicto armado.
Asimismo, la institución resaltó que esta guerrilla jugó un papel importante al lucrarse económicamente a través de los secuestros y fue financiada por la Comisión Financiera Manuelita Sáenz, que creó un sistema de nóminas de extorsión a personas y empresas que consideraban debían pagarle una tasa o eran secuestradas como forma de penalidad.
La investigación también arrojó que esta modalidad fue retomada por la organización armada denominada Ley 02.
