• Los ataques se han registrado en distintas zonas del país desde el 30 de agosto, sin que hasta el momento haya víctimas fatales

Hasta cuatro estallidos de carros bomba se registraron en Ecuador entre el 30 de agosto y el 1º de septiembre sin causar víctimas fatales, de acuerdo con la información de la Policía Nacional ecuatoriana.

En una rueda de prensa, el comandante general de la Policía, Fausto Salinas, indicó que todavía se encuentran investigando si los dos carros que estallaron el 30 de agosto en Quito, la capital del país, tienen relación con los otros dos ocurridos el 31 de agosto en la provincia de El Oro, fronteriza con Perú.

Mientras el ataque de dos vehículos bomba en Quito estaba dirigido contra edificios vinculados con el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de Libertad (SNAI), el departamento estatal encargado de controlar y administrar las cárceles de Ecuador, los de Machala y Pasaje se ubicaron en zonas abiertas y sin inmuebles alrededor.

Los dos automóviles que estallaron en la capital ecuatoriana tenían en su interior dos bombonas de gas, así como tacos de dinamita y mecha lenta. Si bien la Policía no ha dado detalles sobre los otros dos vehículos, medios locales de El Oro señalaron que tenían características similares.

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Estos dos últimos, al igual que el primero en Quito, quedaron filmados en videos de transeúntes que captaron el momento en que el fuego los consumía.

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¿Por qué se originaron estos ataques?

Según Salinas, estos episodios son presuntamente una respuesta de una banda criminal que protesta contra las intervenciones que la policía y las Fuerzas Armadas realizan en las cárceles de ese país. Estos operativos se han realizado para desarmar a los grupos que controlan internamente las prisiones y que están fuertemente abastecidos con armas de fuego y armas blancas.

Los carros bombas se dieron justo después de una intervención de la policía y las Fuerzas Armadas en la cárcel de Latacunga, a unos 70 kilómetros al sur de Quito, donde unos 2.200 policías y militares entraron para realizar una requisa en la que hallaron 49 armas blancas y dos chalecos antibalas, entre otros objetos prohibidos dentro de la prisión.

El operativo se enmarcó dentro del estado de excepción decretado por el gobierno desde finales de julio en el sistema penitenciario nacional y siguió a otras intervenciones realizadas semanas atrás en el complejo carcelario de Guayaquil, donde hallaron un arsenal de guerra (fusiles, granadas y explosivos) en poder de los presos.

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El objetivo del gobierno de Guillermo Lasso con estas requisas es desarmar a las bandas criminales que controlan internamente los centros carcelarios y detener las series de masacres que, por enfrentamientos entre estos grupos, han dejado más de 400 presos asesinados desde 2020.

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Carros bomba

El primer carro bomba, cargado aparentemente con dos cilindros de gas y tacos de dinamita, causó el 30 de agosto al menos cuatro explosiones en una zona comercial de Quito.

Si bien la Policía Nacional de Ecuador afirmó en un inicio que se trataba de un incendio en un vehículo, el general Pablo Ramírez detalló más tarde a periodistas que el hecho resultó ser un presunto atentado por los elementos explosivos que contenía, cuya detonación no causó víctimas.

Ramírez informó que la policía detuvo a seis personas, entre ellas cinco ecuatorianos y un colombiano, por su presunta vinculación con este coche bomba, algunos de ellos con antecedentes por robo, extorsión y asesinato.

El general señaló que tanto el auto que estalló como el vehículo donde se trasladaban las seis personas detenidas habían sido reportados como robados.

El 31 de agosto, otras dos explosiones se registraron en Cuenca, las que estarían ligadas aparentemente a los dos carros bomba que estallaron en varias partes del país el día anterior, a la par que se sucedían motines en algunas cárceles.

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Ramírez también indicó que no se registraron heridos por esa explosión, aunque los ventanales de una vivienda cercana quedaron destruidos. También mencionó que ese mismo día también se reportó otra explosión en la zona.

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Captura de sospechosos

La Policía Nacional de Ecuador informó el 1º de septiembre la captura de seis personas, quienes se movilizaban en un taxi, en cuyo interior transportaban material explosivo (tacos de dinamita).

“Los antisociales presuntamente estarían relacionados con la detonación de un tanque de gas en el puente del sector Archidona, en la provincia del Napo, donde no se registraron daños materiales ni personales”, apuntó el comunicado del ente policial.

Tras la explosión del segundo carro bomba se detuvo a otras cuatro personas por su presunta relación con el hecho.

El número de detenidos por su presunta implicación en los dos carros bombas que estallaron en las últimas horas en Quito se elevó a 10 el 31 de agosto, según detalló el Ministerio del Interior y la Policía Nacional de Ecuador.

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En un primer momento la policía detuvo a seis personas, entre ellas cinco ecuatorianos y un colombiano, tras el estallido del primer carro bomba y posteriormente arrestó a otras cuatro personas por su presunta relación con el segundo vehículo con explosivos.

De acuerdo con la policía, algunos de los detenidos tienen antecedentes por robo, tenencia ilegal de armas, asesinato y asociación ilícita.

Tres de los detenidos habían sido aprehendidos hace dos meses y dejados en libertad posteriormente, y hace 15 días habían vuelto a ser capturados por su presunta relación con el robo de un camión en Quito, pero la causa fue archivada, según el ministro del Interior, Juan Zapata.

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Prisión preventiva

La Justicia ecuatoriana ordenó la prisión preventiva para 6 de los 10 detenidos por el estallido de dos coches bomba en Quito, informó la Fiscalía General del Estado el  1º de septiembre.

En la audiencia de calificación de flagrancia contra los seis aprehendidos, presuntamente relacionados con la explosión de un coche en el sector de La Mariscal, el juez ordenó la prisión preventiva para los seis procesados por el delito de terrorismo, tipificado en el Código Orgánico Integral Penal, y la instrucción fiscal durará 30 días.

Con información de EFE

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