• La ONG condenó la toma del colegio San Agustín y pidió al Ministerio Público iniciar una investigación para determinar responsabilidades

La organización venezolana Cecodap condenó el martes 28 de noviembre que funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) usaran las instalaciones del Colegio San Agustín en El Marqués para ordenar y trasladar a privados de libertad al Centro de Detención Preventiva de la Zona 7, en Boleíta (Caracas).

Carlos Trapani, coordinador de la organización especializada en el buen trato a la niñez y adolescencia en familias, escuelas y comunidades, rechazó que los centros educativos del país se usen para realizar operativos policiales y militares.

Los centros educativos no son ni pueden ser espacios para realizar operativos policiales ni militares. Así como usar sus instalaciones para el registro o permanencia de personas que se encuentren bajo investigación y custodia policial o militar”, dijo Trapani en su cuenta en la red social X (antes Twitter).

Asimismo, resaltó que este tipo de hechos amenazan la integridad de la comunidad educativa, por lo que pidió al Ministerio Público iniciar una investigación.

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“Es indispensable que el Ministerio Público inicie una investigación a los fines de identificar responsabilidades y aplicar las sanciones que sean necesarias. Este grave hecho por sus características y personas involucradas sin lugar a dudas amenaza la integridad y seguridad de la comunidad educativa, especialmente de los estudiantes que presenciaron estos hechos”, comentó el coordinador de la ONG.

Añadió que, de acuerdo con la Ley de Reforma de la Ley Orgánica del Servicio de Policía y del Cuerpo de Policía Nacional, se debe ejercer el servicio de policía con mecanismos y medios pertinentes que permitan preservar  la paz y la garantía de la seguridad individual y colectiva.

Cecodap detalló a través de su página web que las instalaciones deportivas del Colegio San Agustín se encuentran a pocos metros del recinto penitenciario y que a las 6:40 am, cuando ya había estudiantes en la institución, 800 funcionarios policiales comenzaron a ingresar para escoltar al menos 150 privados de libertad hasta el área deportiva.

“Las clases nunca las suspendieron”

Cecodap: Los centros educativos no pueden ser espacios para realizar operativos policiales

La ONG puntualizó que los representantes se dieron cuenta de la situación debido a los reportes enviados por los padres que viven cerca del colegio.

Las clases nunca las suspendieron, jamás, el colegio estaba repleto de estudiantes. Y en el colegio no nos notificaron; fue a través de los otros papás en los grupos de los WhatsApp”, comentó una representante.

Los padres también cuestionaron que las autoridades de la institución no informaran a tiempo sobre la situación que se generó en horas de la mañana de este martes en el centro educativo.

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Cecodap expresó que los representantes del colegio también pidieron a las autoridades responder ante este hecho que, de acuerdo con las denuncias, puso la vida de los estudiantes en riesgo al hacer el operativo mientras todavía se impartían clases. 

Sin embargo, la Policía Municipal de Sucre indicó en una de sus publicaciones en la red social X que no ocurrió ningún hecho irregular en las instalaciones del colegio.

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“No existe ningún tipo de hecho irregular en las instalaciones del Colegio, adyacente en la calle Capitolio se encuentra un cerco policial por la intervención del recinto de detenidos que se realiza con toda normalidad”, apuntó el organismo policial.

Rechazan actuación policial

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Foto: Cortesía

Luego de esta publicación, diversos usuarios reaccionaron para cuestionar el procedimiento realizado por los funcionarios policiales.

“Están dentro de la cancha con un cerco policial, pero las instalaciones son de una unidad educativa que se encontraba en pleno funcionamiento. Eso es irregular. Los representantes tienen que ahora ir a buscar a sus chamos porque la unidad educativa no es segura”, escribió una persona en la red social.

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Por su parte, la organización Fenasopadres calificó el operativo como violatorio del derecho a la integridad física y emocional de los niños, niñas y adolescentes, así como para los docentes y personal obrero y administrativo del Colegio San Agustín.

Mientras que la directora de la ONG Control Ciudadano, Rocío San Miguel, indicó que la acción policial constituyó un abuso de poder sobre un bien privado.

“¡Esto es grave! No debió ocurrir… Esto pone en riesgo a particulares y personas protegidas por la Ley (niños, niñas y adolescentes). Y constituye un abuso de autoridad sobre bienes privados”, publicó en la red social X.

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