• La Embajada de EE UU en Venezuela aseguró que la decisión del Poder Judicial “socava” la realización de unas elecciones presidenciales justas

La Embajada de Estados Unidos en Venezuela cuestionó este sábado 27 de enero la reciente decisión del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), que ratificó las inhabilitaciones por 15 años contra la líder opositora María Corina Machado y el exgobernador de Miranda Henrique Capriles.

A juicio del organismo, está decisión del Poder Judicial “socava” la realización de unas elecciones presidenciales justas y competitivas en Venezuela. En este sentido, anunciaron que el gobierno estadounidense revisará su política de sanciones contra el régimen de Nicolás Maduro.

“La decisión del TSJ de Venezuela de mantener las inhabilitaciones de @MariaCorinaYA y @hcapriles socava una elección presidencial competitiva. Basado en esto y por las acciones en contra de la oposición y la sociedad civil, EE UU está revisando nuestra política de sanciones”, escribió la embajada en su cuenta en la red social X (antes Twitter).

Inhabilitaciones políticas

El viernes 26 de enero el Supremo ratificó las medidas administrativas en contra del dos veces candidato presidencial Henrique Capriles y contra Machado, quien fue elegida como aspirante a la presidencia por la Plataforma Unitaria Democrática, en unas primarias en las que arrasó con el 92,35 % de los votos.

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La sentencia en el caso de Machado detalla que está inhabilitada por haber “sido participe de la trama de corrupción orquestada” por el exjefe del Parlamento Juán Guaidó, así como por incumplir normas venezolanas, al aceptar “la acreditación como representante alterna” de Panamá ante la Organización de los Estados Americanos (OEA), en un debate celebrado en 2014.

En el caso de Capriles, la medida fue ratificada debido a supuestas irregularidades administrativas ocurridas durante las funciones de Capriles como gobernador del estado Miranda, entre los años 2011 y 2013. El Poder Legislativo agregó que la solicitud tampoco cumplió con los requerimientos establecidos por el Acuerdo de Barbados.

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El TSJ, en cambio, habilitó a los dirigentes opositores Leocenis García, Richard Mardo, Pablo Pérez, Daniel Ceballos y Rosa Brandonisio de Scarano para que puedan ejercer cargos públicos, lo que les permite a su vez participar en las elecciones presidenciales.

Reacciones

Tras conocer su inhabilitación, María Corina Machado, aseguró esta decisión del Supremo pone fin al acuerdo firmado en Barbados entre el régimen de Nicolás Maduro y la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), que contemplaba “garantías electorales”, así como la revisión de las inhabilitaciones.

A su juicio, con esta decisión, Nicolás Maduro y “su sistema criminal” escogieron “unas elecciones fraudulentas”, algo que -insistió- no va a permitir.

No obstante, dijo que mantendrá su lucha por que hayan “elecciones libres” en Venezuela.

Por su parte, Capriles desestimó la medida e hizo un llamado a los venezolanos para no salirse de la ruta electoral.

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“Que los venezolanos tengamos una alternativa que compita y pueda cambiar al peor gobierno de la historia. Siempre estaré del lado de los más vulnerables y de las soluciones. 2024 tiene que ser el año del pueblo venezolano. Este país siempre valdrá la pena”.

Los partidos políticos opositores también condenaron la medida contra los dos dirigentes políticos.

“En Un Nuevo Tiempo (UNT) deploramos esta decisión del TSJ contra María Corina que, a todas luces, es inconstitucional”, dijo el vicepresidente de esta formación política, Luis Emilio Rondón, citado en un comunicado difundido el sábado 27 de enero.

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El vocero aseguró que, pese a la inhabilitación, se mantendrán en “la ruta electoral” y en unidad para “lograr vencer los obstáculos y consolidar el cambio político en Venezuela”.

El partido Voluntad Popular (VP) también rechazó la decisión y aseguró que “una elección sin María Corina Machado no es una elección libre”.

En un comunicado, VP señaló que la ratificación de esta medida administrativa contra Machado “destruyó” los acuerdos firmados en Barbados entre el régimen de Nicolás Maduro y la oposición, donde se acordó, entre otras cosas, la revisión de las inhabilitaciones impuestas a antichavistas.

Por su parte, Primero Justicia (PJ) aseguró que las sentencias emitidas por el Supremo violan los derechos de estos políticos y los de “todos” los ciudadanos.

“Denunciamos que esta decisión viola los acuerdos de Barbados y hacemos un llamado urgente a la comunidad internacional: la dictadura de Nicolás Maduro busca aferrarse al poder a toda costa y es el momento de redoblar el apoyo a la causa democrática de nuestro país”, pidió PJ.

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