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- Las tres magistradas cuentan con experiencia en la defensa de derechos humanos, de acuerdo con la organización internacional | Foto principal: cortesía
La Presidencia de la Corte Penal Internacional (CPI) informó el miércoles 13 de marzo los nombres de las juezas encargadas de investigar los presuntos crímenes de lesa humanidad en Venezuela.
Los casos denominados como Venezuela I y Venezuela II fueron asignados a la Sala de Cuestiones Preliminares I, que está integrada por las magistradas Reine Alapini-Gansou, Iulia Motoc y Socorro Flores Liera.
De acuerdo con la información, Iulia Motoc integra el equipo de juezas como reemplazo del juez Péter Kovács.
“La asignación de jueces se basa en la naturaleza de las funciones que debe desempeñar cada División y las calificaciones y experiencia de los magistrados elegidos, de modo que cada caso contenga una combinación adecuada de conocimientos especializados en derecho y procedimiento penales y en derecho internacional”, se lee en el comunicado de la CPI.
Perfiles de las juezas de la CPI
-Reine Alapini-Gansou
Alapini-Gansou hizo parte de su carrera en la Comisión Africana de Derechos Humanos en 2006 y tras 12 años de experiencia se unió a la CPI en 2018. Además, trabajó como relatora especial sobre defensores en África en dos periodos de 2005 a 2009 y de 2012 a 2017.
La jueza Alapini-Gansou fue miembro de varias comisiones de investigación de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre violaciones de derechos humanos y presidió el grupo de trabajo sobre procedimientos especiales de las Naciones Unidas y la Comisión Africana de derechos humanos y de los pueblos. En 2011 fue nombrada jueza de la Corte Permanente de Arbitraje.
Sumado a esto, fue profesora de la Universidad de Abomey, en Benin, donde realizó varias publicaciones.
-Socorro Flores Liera
Antes de unirse a la CPI en 2021, Flores Liera trabajó durante 5 años en el Servicio Exterior de México. Además, fue representante permanente de México ante la Oficina de las Naciones Unidas y se desempeñó como Vicepresidenta del Consejo de Derechos Humanos en 2020.
Asimismo, la jueza mexicana estuvo involucrada en el proceso de creación de la CPI en 1995, al formar parte de las negociaciones que llevaron al Estatuto de Roma y a la adopción de los Elementos de los Crímenes y las Reglas de Procedimiento y Prueba.
Luego de esto, se convirtió en la primera Jefa de la Oficina de Enlace de la Corte ante las Naciones Unidas en Nueva York, coordinando los contactos entre las dos organizaciones.
-Iulia Motoc
Motoc forma parte de la magistratura de la CPI desde 2023. Antes de unirse a ese organismo internacional, fue parte del Tribunal Europeo de Derechos Humanos durante 10 años..
La jueza de origen rumano fue relator especial de la ONU para la República Democrática del Congo y reportó crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra.
Además, fue jueza del Tribunal Constitucional de Rumania y se ocupó de casos que incluían corrupción y violencia sexual, genocidio, crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra.
También fue miembro y vicepresidenta del Comité de Derechos Humanos de la ONU, que se encarga de examinar el derecho a la vida, las desapariciones forzadas y otras violaciones masivas de los derechos humanos que también son competencia de la CPI.
Otros casos en los que trabajarán
Paralelo a los casos Venezuela I y Venezuela II, las juezas Alapini-Gansou, Flores y Motoc trabajarán en los procesos de la República del Congo; Malí; buques de Comoras, Grecia y Camboya; Palestina; la República Popular de Bangladesh y la República de la Unión de Myanmar; el Estado Plurinacional de Bolivia y Georgia.
Investigación de la CPI en Venezuela
La Sala de Apelaciones de la CPI emitió el 1° de marzo de 2024 la sentencia sobre la reanudación de la investigación por los presuntos crímenes de lesa humanidad ocurridos en Venezuela.
“No encontramos error alguno en la decisión de la Sala de Cuestiones Preliminares”, señaló Marc Perrin de Brichambaut, presidente de la Sala de Apelaciones de la CPI sobre el caso de Venezuela I.
De acuerdo con esta decisión, el organismo internacional negó los recursos presentados por el gobierno de Nicolás Maduro; en cambio, consideró que el Estado venezolano no ha colaborado en la investigación de supuestas violaciones de derechos humanos.
En relación con las denuncias, la Sección de Participación y Reparación de la Víctimas (VPRS, por sus siglas en inglés) recaudó 127 documentos suministrados por víctimas, los cuales fueron remitidos a los jueces de la Sala de Apelaciones de la CPI. En los documentos entregados se exponen casos de homicidio, tortitas, desaparición forzada, encarcelamiento, violaciones, violencia sexual, entre otros.
