• Jorge Barragán, secretario de propaganda de la FCU de la Universidad Central de Venezuela, conversó con El Diario sobre las exigencias de los estudiantes universitarios a la comunidad internacional de cara a las elecciones parlamentarias convocadas por el régimen 

Un grupo de jóvenes universitarios se plantó este 1° de octubre frente a la sede de la Unión Europea (UE), en Caracas. Lo hicieron para protestar en rechazo al envío de una misión de dos funcionarios de este organismo internacional para evaluar las condiciones democráticas y electorales en Venezuela. 

“(Josep) Borrell le lava la cara a la dictadura”. Con ese mensaje en una gran pancarta los dirigentes estudiantiles de la Federación de Centros Universitarios (FCU), de la Universidad Central de Venezuela (UCV), rechazaron el envío de esta misión, a la que calificaron de clandestina e irregular.

Jorge Barragán, secretario de propaganda del FCU, comentó en entrevista para El Diario, que en lugar de enviar una misión a Venezuela para corroborar las condiciones para las elecciones parlamentarias convocadas por el régimen de Nicolás Maduro para el 6 de diciembre, el bloque europeo debió enviar esta misión con el objetivo de observar y corroborar las violaciones de derechos humanos en Venezuela. Las mismas por las que acusaron al régimen de haber cometido delitos de lesa humanidad, según el reciente informe de la Misión de Investigación de la ONU.

Las relaciones con Venezuela no se tienen que normalizar, sino todo lo contrario. Tiene que existir más presión por parte del Parlamento Europeo y la Unión Europea para lograr que se resguarde y se genere una protección en torno a las violaciones de derechos humanos en Venezuela”, afirma Barragán.

La Federación de Centros de Estudiantes comparte la posición de que las venideras elecciones parlamentarias en Venezuela son ilegítimas y que en el país no existen condiciones electorales adecuadas para impulsar estos comicios. A su juicio, las condiciones no están dadas porque el Centro Nacional Electoral (CNE) no es legítimo y por ende las decisiones que de ahí emanan no tienen validez. “La persona que está en Miraflores no es la persona por la que los venezolanos votamos sino que está ahí por la fuerza de las armas y las bayonetas”, afirma.

Barragán señala que parte de la ilegitimidad de los próximos comicios también se debe a las sentencias del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), afín al régimen, en la que ordenó la suplantación de las juntas directivas de varios partidos de oposición e implantó juntas ad hoc. Este fue el caso de los partidos políticos Acción Democrática, Voluntad Popular, Primero Justicia y Un Nuevo Tiempo. Los tarjetones electorales de estos partidos intervenidos por el TSJ fueron configurados por el CNE para participar en los comicios de diciembre.

Ahí el venezolano no va a elegir nada. Eso es una campaña para formar una asamblea con la que puedan hacer sus negocios de extracción con Turquía, Rusia y China, por los cuales tenemos a Venezuela sucumbida en la miseria”, afirma.

Papel mediador

La misión de la Unión Europea enviada a Venezuela se reunió con funcionarios del régimen de Nicolás Maduro, miembros de la Asamblea Nacional, la Conferencia Episcopal Venezolana y organizaciones civiles, esto con el fin de evaluar las condiciones para la realización de comicios en el país.

Luego de estas reuniones la misión emitió un comunicado en el que asegura que la política del bloque europeo con respecto a la situación de Venezuela se mantiene sin cambios y reiteró que en Venezuela no existen condiciones electorales adecuadas. La representación de la Unión Europea reafirmó la posibilidad de un aplazamiento de las elecciones y la negativa del envío de una misión de observación para el 6 de diciembre. “La crisis política y humanitaria en Venezuela no se resolverá con un solo evento. Es el momento de tomar decisiones audaces de propiedad venezolana en apoyo a una transición pacífica y democrática”, concluye el comunicado difundido el 30 de septiembre.

Ante esta reunión y las conclusiones de la misión de la Unión Europea, Barragán señala que estas conversaciones son parte de una estrategia del régimen para ganar tiempo y dar una impresión de gobierno democrático. 

(La misión) buscan darle un ápice de legitimidad, esa que están tan deseosos de que le de la comunidad internacional. Estas reuniones se tienen que dar en un contexto estratégico que permitan la salida de Nicolás Maduro y la posibilidad de que los venezolanos podamos elegir por nosotros mismos». Jorge Barragán, secretario de propaganda de la FCU-UCV.

¿Qué piden los estudiantes?

La protesta pacífica de los estudiantes de la UCV fue para exigir el envío de una misión por parte de la Unión Europea y el Parlamento Europeo al país. Esto con el fin de que investiguen y registren las violaciones de derechos humanos que han sido denunciadas por ONG como Provea. Acusaciones que han elevado a instancias internacionales como la Oficina de la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet. 

Otro motivo de la manifestación fue para pedir la renovación del mandato de la Misión de Investigación Independiente de la ONU que emitió un informe en el que se documentan los crímenes de lesa humanidad en Venezuela, ejecuciones extrajudiciales y el elevado nivel de impunidad. 

Los jóvenes le hacen un llamado al gobierno interino presidido por Juan Guaidó para construir acuerdos que permitan “salir de la tragedia en la que vivimos todos los venezolanos”. “Hacemos un llamado para conciliar acuerdo entre todos los factores políticos. Queremos salir del régimen que lo único que ha hecho es destruir la Venezuela de oportunidades que hoy los jóvenes lamentablemente no tenemos”, expresa Barragán. 

Barragán señala que para el régimen de Nicolás Maduro los jóvenes son un “factor extraño y perjudicial” para sus intereses de permanecer en el poder. “Por eso han pretendido acabar con las universidades y con los jóvenes de Venezuela”. 

La protesta de los estudiantes fue un llamado a la comunidad internacional. Los jóvenes piden que no se “legitime a un régimen ni que se blanquee una dictadura” acusada de crímenes de lesa humanidad. Una que ha coartado los derechos fundamentales de la población como el acceso a los servicios públicos, el derecho a la protesta y el derecho a la vida.

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