• Venezuela es el décimo octavo país con mayor cantidad de expulsiones dentro de Estados Unidos. En el último año y medio estas se han ejecutado a través de un tercer país. Foto: EFE

Para muchos venezolanos, Donald Trump se convirtió en el héroe que iba a rescatar al país del autoritarismo, pero para otros es responsable de maltratos que incluyen la deportación de connacionales a través de un tercer país, en virtud de que no existen relaciones diplomáticas con Venezuela desde enero de 2019.

Ese fue el caso de Maira Alejandra Salas Álvarez, quien llegó al aeropuerto internacional de Miami el 16 de julio de 2019 con visa de turista vigente hasta el 2025 junto con su familia: hermanos, mamá y padrastro. Pero en Migración le notificaron que su permiso había sido cancelado en 2017.

Bajo esa circunstancia, se apegó a su derecho humano de solicitar asilo bajo el temor que tenía de regresar a Venezuela. “Mi vida corría peligro, mi papá (Harrison Martínez, cabo primero de la Guardia Nacional) fue asesinado aquí por los tupamaros, a él lo dieron de baja y fue amenazado como a parte de mi familia paterna porque no quiso apoyar a este régimen”.

Durante su detención en julio de 2019, las autoridades migratorias le quitaron sus pertenencias en las que se incluían sus papeles de identidad. Al momento de su deportación vía Colombia, el 28 de noviembre de ese año, no les fueron devueltos, violándole su derecho humano a la identidad.

No me dieron explicaciones sobre mis documentos ellos (funcionarios migratorios de EE UU) me montaron obligada en el avión y cuando empecé a reclamar por mis papeles los oficiales me decían que si no me montaba en el avión, me detendrían en una cárcel federal”, advierte Salas Álvarez en entrevista para El Diario.

El Centro de Detención Broward Transicional Center, en Florida, fue su sitio de reclusión durante los cuatro meses que permaneció en EE UU, donde le permitían ver a su familia (quienes sí pudieron ingresar al territorio) los domingos durante dos horas de visita. Álvarez recuerda que nunca contó con abogados públicos en virtud de que no tenía dinero para pagarse uno privado. 

Salas Álvarez denuncia que tampoco contó con apoyo consular de la Embajada de Venezuela, bajo el control del gobierno interino de Juan Guaidó. “Ninguna autoridad consular venezolana se comunicó conmigo en esos cuatro meses”, advierte.

De acuerdo con información de la Embajada de Venezuela en EE UU, entre 2019 y 2020 había 1.100 venezolanos detenidos en los estados de Georgia, Florida, Louisiana y Texas. En diciembre del año pasado, 843 de ellos habían sido liberados, hasta la fecha unos 257 permanecen tras las rejas por delitos migratorios.

“El deportador (funcionario migratorio) me dijo que no había deportaciones para Venezuela, pero de repente, una noche, me sacaron a las 2:00 am para el aeropuerto porque me iban a deportar vía Colombia, ahí me dejaron con un ticket de Miami hacia Bogotá, sin identificación ni dinero. Solo tenía una carta que emitió EE UU que aseguraba que yo era venezolana y había sido deportada de su país, pero ellos nunca se encargaron de hacerme llegar a Venezuela, su único objetivo era sacarme de su país, sin importar a dónde yo llegaba”.

Para regresar a Venezuela, la madre de Salas tuvo que comprarle un boleto a Caracas: “Si no hubiesen podido comprarlo, las autoridades colombianas me iban a detener porque no tenía ninguna identificación. En Maiquetía me estaban esperando las autoridades, pasé por una oficina con unos oficiales que me hicieron preguntas , se quedaron con la carta que dio EE UU”, relató.

Violación al debido proceso y al derecho a la identidad

“De acuerdo con la convención de Viena sobre el derecho de las relaciones consulares, Estados Unidos debió haber notificado a la Embajada de Venezuela que tenía un nacional arrestado por ingreso irregular. Si la Embajada de Venezuela estaba informada y no hizo nada en apoyarla con al menos asistencia letrada para que se defendiera, es muy grave. Los Estados tienen como obligaciones específicas la obligación de prevención. También es muy preocupante que no haya contado con un abogado de confianza para defenderse ante el proceso de deportación. La devolución a través de un tercer país no es una violación de EE UU porque no la regresaron a Venezuela sino a Colombia”, advierte para El Diario Mario D´Andrea, abogado de la organización no gubernamental Defiende Venezuela.

El experto destaca que en “toda deportación, sea judicial o administrativa debe contarse con un debido proceso: que esta persona se pueda defender ante la autoridad correspondiente, entre las que se incluya un traductor si lo necesita, asistencia letrada (abogado), ser notificado de porque se le detiene, ser presentado ante un juez o entidad administrativa que lleve el proceso para que se pueda defender, ser oída sin demora en un plazo razonable, que la decisión que acuerde la deportación este fundamentada en derecho y derecho a recurrir esa decisión de deportación ante un juez competente. Si bien podían retenerle los documentos, nunca botárselos y dejarla indocumentada”.

Bajo el gobierno de Trump las deportaciones no cesaron

En octubre de 2020, el senador demócrata Robert Menéndez, presidente del Comité de Relaciones Exteriores, denunció públicamente que el gobierno estadounidense estaba realizando deportaciones secretas de venezolanos, utilizando a un tercer país para ello: Colombia y, Trinidad y Tobago, principalmente, a pesar del riesgo que tendrían estas personas de regresar a Venezuela.

La ley de los Estados Unidos prohíbe rotundamente el regreso forzoso de refugiados a un lugar donde sus vidas o su libertad estarían amenazadas; las regulaciones estadounidenses han suspendido todos los viajes aéreos a Venezuela; y la política exterior de los Estados Unidos debe basarse en contrarrestar los abusos sistemáticos de los derechos humanos por parte del régimen de Maduro. La continua deportación de ciudadanos venezolanos por parte del gobierno parece violar cada una de estas políticas”, agregó Menéndez.

De acuerdo con estadísticas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) 1.104 venezolanos fueron deportados entre los años fiscales 2017 y 2020, bajo la administración de Trump.

Esos 1.104 son solo un dato parcial de la deportación de venezolanos, si se tienen en cuenta las estadísticas de inmigración Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en ingles). Señala que hasta 2019 hubo 2.990 deportaciones de connacionales.

Aún no ha hecho publicas las estadísticas migratorias del año fiscal 2020, que terminó el 30 de septiembre.

Año2017201820192020TOTAL
Deportaciones de ICE2483363271931.104
Deportaciones DHS5471.650793—-2.990
Datos oficiales de ICE y DHS

Las estadísticas de la agencia del ICE son parciales, mientras que los datos del DHS representan el universo de datos que tiene el Departamento de Seguridad Nacional estadounidense.

Cuando se analizan los datos de las detenciones, se encuentra que entre 2017 y 2019, al menos 3.845 venezolanos han sido detenidos, mientras que 18.211 fueron inadmitidos en Estados Unidos.

La ley estadounidense establece que toda aquella persona extranjera que quiera ingresar al país legalmente debe demostrar que puede sostenerse a sí misma. Si el funcionario considera que esto no es posible, son declarados inadmisibles y se les prohíbe la entrada.

Pero no todas las estadísticas son catastróficas, en ese mismo periodo 12.528 venezolanos recibieron un asilo afirmativo, aprobación que les permitirá acceder a la residencia permanente (Green Card).

De hecho, sobre ese trámite de residencia permanente, a otros 39.291 venezolanos les fue otorgado ese permiso, además 16.587 personas se naturalizaron como ciudadanos estadounidenses.

Estadísticas migratorias de los venezolanos en Estados Unidos

Año201720182019TOTAL
Asilo Afirmativo4825.7266.32012.528
Residencia Permanente11.80911.76215.72039.291
Naturalizaciones6.4638.1729.31716.597
Detenciones5375442.7643.845
Inadmisibles2.1464.0428.17818.211
Datos oficiales de DHS

Los venezolanos constituyen el décimo octavo país con mayor número de deportaciones, en al menos los últimos cuatro años, según las estadísticas de ICE.

Deportación por país de origen

NPaís2017201820192020TOTAL
1México128.765141.045127.492100.388497.690
2Guatemala33.54050.39054.91429.790168.634
3Honduras22.38128.89441.80021.139114.214
4El Salvador18.83815.44518.98112.59065.854
5Haití5.5789346908958.097
6República Dominicana1.98617692.1861.8357.776
7Ecuador1.1521.2642.2532.9517.620
8Brasil1.4131.6911.7701.9026.776
9Nicaragua8328792.2401.4165.367
10India4606111.6162.3124.999
11Colombia1.0821.1621.1589314.333
12Cuba1604631.1791.5833.385
13Jamaica7827927515232.848
14China5257266373372.225
15Perú4585815713531.963
16Rumania2924034002631.358
17Canadá3533423183201.33317
18Venezuela2483363271931.104
Estadísticas de ICE, entre los años fiscales 2017-2020

Republicanos rechazaron beneficios para venezolanos

En febrero de 2019 un grupo de senadores bipartidistas, entre los que se encuentra Menéndez presentaron una legislación del Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) para apoyar a los venezolanos que huyen del régimen de Maduro.

Durante 18 meses, en cinco ocasiones diferentes, los senadores republicanos -con mayoría en la Cámara (53 de 100 curules) en ese momento- bloquearon cualquier intento de aprobar la Venezuela TPS Act of 2019 (Ley de TPS para Venezuela 2019).

De acuerdo con información del senador, al menos 200 mil venezolanos viven en Estados Unidos sin estatus legal. Por medio del TPS su situación migratoria cambiaría, lo que les permitirá acceder al sistema sanitario, educación, obtener mejores trabajos, así como tener un permiso de estadía en el país.

El Congreso de Estados Unidos a través de la Ley de Inmigración de 1990 establece que TPS es un programa temporal y renovable que brinda alivio de la deportación y acceso a un permiso de trabajo para ciudadanos extranjeros de ciertos países que no pueden regresar de manera segura a su país de origen debido a desastres naturales, conflictos armados u otras condiciones extraordinarias.                    

24 horas antes de que Donald Trump finalizara su periodo presidencial otorgó un memorándum de Salida Obligada Diferida para Ciertos Venezolanos (DED, por sus siglas en inglés) que suspendería por 18 meses la deportación de los connacionales, medida que había sido solicitada durante el último semestre de su gobierno.

Sin embargo, todavía el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (Uscis) no ha emitido instrucciones para que los venezolanos puedan solicitar el amparo del DED, que les permitiría incluso acceder a un permiso de trabajo.

En una rueda de prensa en la que participaron representantes de organizaciones miembros de la plataforma UVO (United Venezuelan Organizations) anunciaron el envío de cartas al Departamento de Estado y el Departamento de Seguridad Interior, así como al ombdusman (defensor del pueblo), para transmitirles su inquietud.

El presidente Joe Biden prometió como parte de su campaña que le otorgaría a los venezolanos el TPS. De hecho, Menéndez presentó ante el Senado un proyecto para otorgar dicho permiso temporal a los nacionales.

Después de cuatro años de promesas falsas y engaños, nadie cree que Donald Trump tuvo una revelación divina en su último día en la presidencia y decidió proteger a los cientos de miles de venezolanos que estaba forzando a vivir en las sombras”, dijo el Senador Menéndez.

“El TPS se basa en un estatuto y es un estatus migratorio legal, a comparación del programa de Salida Forzada Diferida. Es por eso que estamos relanzando nuestros esfuerzos para apoyar de manera concreta a quienes huyen de la miseria causada por el régimen de Maduro. Con los demócratas retomando la presidencia y la mayoría en el Congreso, estoy convencido de que ya no nos veremos obstruidos en nuestros esfuerzos por lograr un sistema migratorio que refleje los valores de nuestra nación. En consulta con la administración Biden, espero finalmente hacer realidad el TPS para venezolanos en un futuro cercano”, agregó.

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