• La falta de financiamiento a los países receptores de refugiados y migrantes limita la capacidad de ayudar continua y oportunamente a los nacionales que huyen de la emergencia humanitaria compleja

La emergencia humanitaria compleja que azota a Venezuela desde 2015, producto de políticas económicas que afectaron la calidad de vida de los venezolanos no ha sido suficiente para que comunidad internacional esté activamente contribuyendo con los países receptores de los migrantes y refugiados nacionales que huyen en estampida del territorio.

La cifra de venezolanos refugiados y migrantes no ha parado, incluso en medio de la pandemia por covid-19, han huido unos 700 mil nacionales. Hasta febrero de este año, la Plataforma Regional de Coordinación Naciones Unidas sobre Venezuela destacaba que 5.478.377 personas habían salido de nuestras fronteras de forma oficial, de acuerdo con datos suministrados por los países receptores. Existe un sub registro de todos aquellos nacionales que han cruzado ilegalmente otros territorios, lo que nos hace suponer que la cifra es mucho más alarmante.

A pesar de que esta cifra es equiparable a la cantidad de refugiados provenientes de Siria durante la guerra civil (5.5 millones) que aún está presente en el país; existe una brecha con respecto al financiamiento que la comunidad internacional le ha dado a los países receptores de venezolanos, lo que dificulta aún más su aceptación por parte de dichas naciones.

De acuerdo al Plan de Respuesta de Refugiados y Migrantes 2021 pensado en apoyar a los países receptores de venezolanos, hay 6.5 millones de venezolanos en necesidad de ayuda (4.6 millones de refugaidos y migrantes), 1.5 millones de comunidades receptoras y 400 mil en tránsito.

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Para esta población, Naciones Unidas está solicitando 1.407.580.167 millones de dólares. Hasta el momento se han recaudado 663.618.00 millones de dólares, lo que representa el 47% de lo solicitado, restan 743.961.39 millones de dólares (53%).

Los 1.400 mil millones de dólares que pide Naciones Unidas se necesitan para: Educación (164.2 millones), seguridad alimentaria (1.8 millones), salud (977.7 millones), transporte (33.6 millones), nutrición (85.6 millones), agua y aseo (1.2 millones), integración (116.4 millones), protección (762.7 millones), refugio (116.8 millones) refugio de productos no alimenticios (431.7 millones) e intervenciones basadas en efectivo (568.8 millones), entre otros.

La Plataforma Regional ejecutada por el Alto Comisionaro de Naciones Unidas para Refugiados (Acnur) y la Organización Internacional para los Migrantes (OIM) tiene como objetivo abordar las necesidades de protección, asistencia e integración tanto de los refugiados como de los migrantes venezolanos en los países de Latinoamérica y el Caribe, mediante el complemento y fortalecimiento de las respuestas nacionales y regionales de los gobiernos

Brooking estima que desde que comenzó el éxodo de los sirios hasta finales de 2020 había recibido un financiamiento total de 20.8 mil millones de dólares. En ese mismo periodo, la migración masiva de venezolanos por el continente americano recibió tan solo 1.400 millones de dólares. Sudán del Sur, por su parte, con un movilidad menor (2.3 millones de refugiados) obtuvo 3.200 mil millones de dólares.

Estos números muestran que las tendencias de sub financiamiento a la crisis migratoria de venezolanos se mantiene. Según las cifras de 2020, el financiamiento total por refugiado asciende a $ 3.150 por sirio, $ 1.390 por sursudaneses y solo $ 265 por venezolano. Es decir, que el financiamiento para los refugiados sirios ha sido más de 10 veces mayor que la de los venezolanos, en términos per cápita.

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Si asumimos generosamente que el llamado de la ONU para 2021 se cumple por completo, la cantidad total de fondos para la crisis de refugiados venezolanos alcanzaría los 3 mil millones de dólares, lo que se traduce en menos de 600 dólares por persona. Incluso en el mejor de los casos, la crisis de refugiados venezolanos seguirá estando muy mal financiada.

Explica el informe de Brooking “la falta de financiación para los refugiados venezolanos y los países que los acogen ha recibido bastante atención, pero no ha recibido lo que necesita: recursos con pocas o ninguna condición. De los 2.79 mil millones de dólares en asistencia prometidos en mayo de 2020, solo alrededor de 650 a 700 millones de dólares fueron en realidad subvenciones. El resto de los fondos está en forma de préstamos del Banco Mundial o del Banco Interamericano de Desarrollo”.

A pesar de la falta de financiamiento, muchos países receptores de la región han continuado dando una lección al mundo al mantener su postura de bienvenida general hacia los venezolanos.

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Perú, a pesar de haber puesto algunos obstáculos de entrada en los cruces fronterizos, esencialmente ha otorgado una visa temporal de dos años y un estatus migratorio regular a los venezolanos que viven allí y planea implementar una segunda fase que probablemente alcanzará a la totalidad de los venezolanos indocumentados en el país. Brasil y México, aunque albergan a un número mucho menor de venezolanos, les han otorgado estatus de refugiados, implementando implícitamente la Declaración de Cartagena de 1984 que reconoce a los refugiados como aquellos que huyen debido a violaciones masivas de derechos humanos.

Colombia, que ha recibido la diáspora venezolana más grande con casi 2 millones de personas, se destaca entre todos los anfitriones regionales. En febrero de 2021, el gobierno de Iván Duque anunció un plan, sin precedentes, para otorgar un estatus migratorio regular renovable de 10 años a 1.7 millones de venezolanos, la mayoría de ellos indocumentados, que viven en el país.

“Este es el más importante gesto humanitario que se ha hecho desde 1984. Colombia dio un ejemplo para la región y al mundo entero”, advirtió Filippo Grandi, Alto Comisionado de los Refugiados para Naciones Unidas.

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Esto no fue una sorpresa para quienes siguen de cerca a Colombia. En el pasado, había tomado varias medidas generosas para facilitar la integración de los inmigrantes venezolanos. En 2018, anunció un programa de amnistía masiva para otorgar un estatus migratorio regular de dos años a aproximadamente medio millón de venezolanos indocumentados presentes en el país en ese momento. En 2019, otorgó la ciudadanía colombiana a casi 30.000 hijos de refugiados venezolanos que habían nacido en Colombia sin una nacionalidad (a diferencia de Estados Unidos, en muchos países el simple hecho de nacer dentro de sus jurisdicciones no confiere la ciudadanía automáticamente). Bogotá también ha implementado varios tipos de visas a los venezolanos que ingresaron al país “legalmente”, otorgándoles el derecho a quedarse, trabajar y acceder a los servicios sociales. Algo sin precedentes.

Sin embargo, algunos otros países no han cumplido con estos estándares. Chile, a pesar de haber creado una visa humanitaria exclusiva para venezolanos desde el principio, recientemente ha duplicado las deportaciones de inmigrantes indocumentados que buscan refugio en ese país. Trinidad y Tobago, por su parte, negó la entrada a venezolanos a expensas de poner en peligro sus vidas: lo que resultó en una tragedia en la que una docena de inmigrantes, incluidos niños, murieron en el viaje de regreso por mar.

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