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- Investigadores de la organización Human Rights First (HRF) han documentado más de 1.500 ataques contra los solicitantes de asilo que fueron puestos bajo el programa. Foto: EFE
El gobierno de Estados Unidos reanudó este lunes 6 de diciembre el programa “Quédate en México”, también conocido como Protocolos de Protección de Migrantes (MPP, por sus siglas en inglés), el cual obliga a las personas que solicitan asilo en ese país y están en la frontera con México a esperar la resolución de sus casos en territorio azteca.
El programa, implementado por primera vez por la Administración de Donald Trump en 2019, fue derogado por el gobierno de Joe Biden, pero un juez federal ordenó su reanudación luego de que la Corte Suprema de ese país determinara que pudo haber violado la ley federal al intentar ponerle fin.
Desde entonces, EE UU ha estado negociando con el gobierno mexicano sobre los parámetros en los que volvería a implementarse la iniciativa.
Migrantes venezolanos
De acuerdo con la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, durante 2021 se registró un aumento sostenido en el número de venezolanos que cruzan la frontera entre México y el país norteamericano.nnSegún los registros del organismo, solo en el mes de mayo de este año entraron a EE UU 7.484 migrantes venezolanos, para sumar un total hasta esa fecha de 17.306. nnDatos facilitados recientemente por el gobierno de Estados Unidos revelaron que el número de venezolanos que cruzan la frontera del país sin documentación, se ha disparado al máximo histórico de los 13.000 mensuales.n
Sin condiciones seguras
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés) aseguró haber hecho varios cambios para dar mayores garantías en cuanto a refugios y transporte; sin embargo, los defensores de los derechos de los inmigrantes han anticipado que la medida podría ser un “desastre humanitario” en la frontera sur.
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Para Jessica Bolter, analista del Instituto de Política Migratoria (MPI), no está claro cómo EE UU y México harán para garantizar un refugio seguro a los solicitantes de asilo. Esto debido a que muchos a lo largo de la frontera están abrumados de inmigrantes.
“Es probable que los migrantes enfrenten desafíos similares a los que enfrentaron cuando se implementó por primera vez”, dijo a la agencia de noticias EFE.
En este sentido, el analista e investigadora de la organización Human Rights First (HRF), Kennji Kizuka, aseveró que sin importar la forma en que el gobierno de Biden “trate de adornar” el nuevo programa, a su juicio no hay forma de realizar la implementación de manera humana y segura.
Según esta organización, en los primeros siete meses de la Administración Biden se contabilizaron hasta 6.356 informes de ataques contra migrantes expulsados o bloqueados en la línea divisoria sur del país.
Sobre el programa “Quédate en México”, los investigadores de HRF documentaron más de 1.500 ataques contra los solicitantes de asilo. De acuerdo a lo reseñado por EFE, entre los delitos se contabilizaron casos de secuestros, tortura, asalto, y violación, entre otros.
“Al restablecer esta medida habrá más secuestros (…) habrá más violencia contra las familias, adultos, y niños que tratan de buscar seguridad en EE UU”, afirmó Kizuka.
Un tiempo de espera de seis meses
Entre los cambios realizados por el DHS al programa se incluye el compromiso de que los procedimientos generalmente concluirán dentro de los seis meses posteriores al regreso inicial de una persona a México.
No obstante, el tiempo de espera también es cuestionado por los defensores de los migrantes. “Es probable que los migrantes continúen enfrentando los peligros de vivir durante períodos prolongados en las ciudades fronterizas mexicanas, a menudo sin refugio o recursos suficientes”, indicó Bolter.
Consideró que las medidas tomadas por el gobierno de Biden con respecto a MPP no parecen muy diferentes a las de la Administración Trump.
Primera implementación
Durante la primera implementación del programa, el gobierno de Trump a más de 70.000 migrantes a México en 2019 para que esperaran sus procesos de asilo en territorio mexicano.
Un informe publicado por Human Rights Watch (HRW) reveló que numerosos solicitantes de asilo sufrieron violencia y extorsión por parte de policías, agentes migratorios y grupos criminales mexicanos.
Entre septiembre y diciembre de 2020, HRW entrevistó a 71 venezolanos que habían pedido asilo en Estados Unidos. Luego los llevaron a México para esperar mientras procesaban sus solicitudes con el programa MPP. La gran parte de estas personas viajaban con sus parejas, hijos u otros familiares.
16 de los 71 casos entrevistados manifestaron que agentes de migración o policías mexicanos los sacaron de autobuses o filas en el aeropuerto y amenazaron con deportarlos si no les pagaban vacuna.
Algunos afirmaron que incluso los detuvieron y amenazaron con matarlos o entregarlos a carteles de la mafia si no pagaban.
Luego de entrevistar a solicitantes de asilo de otras nacionalidades en México, a abogados y defensores de los derechos humanos, HRW concluyó que los migrantes en ese país están expuestos también a violaciones sexuales, agresiones y trauma psicológico.
Desde marzo de 2020, se expulsaron un total de 400.000 migrantes, gran parte de ellos a México, invocando restricciones de viaje impuestas para prevenir la propagación del covid-19.
Falta de asesoría legal
El DHS aseguró que las personas procesadas en MPP tendrán oportunidades para acceder a información y asesoría o representación legal. Los solicitantes tendrán acceso a teléfonos para hacer llamadas gratuitas con un abogado en un entorno confidencial, señaló el gobierno.
Sin embargo, el consejero de política del Consejo Estadounidense de Inmigración (AIC), Aaron Reichlin Melnik, recordó que los inmigrantes puestos bajo MPP entre enero de 2019 y enero de 2021 enfrentaron dificultades para presentar sus casos debido a que había pocos abogados en EE UU que pudieran brindar asistencia legal a los migrantes que estaban en México.
Casi el 95 % de los cerca de 70.000 solicitantes de asilo del programa no pudieron encontrar un abogado.
La analista Jessica Bolter precisó que la falta de acceso a asesoría legal fue uno de los mayores desafíos a los que se enfrentaron los solicitantes de asilo en la versión anterior de MPP, y es probable que ahora enfrenten nuevamente el mismo reto.
