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- Unión Venezolana en Perú reveló, además, que alrededor de 94.000 ciudadanos venezolanos tienen su residencia vencida
Las entidades bancarias en Perú están aplicando restricciones ilegales a los migrantes venezolanos en ese país para acceder a su dinero. Así lo denunció la Organización No Gubernamental (ONG) Unión Venezolana en Perú.
De acuerdo con la ONG, los bancos estarían aplicando esa limitación a los ciudadanos que tengan la residencia vencida.
Para ese trámite, todos los extranjeros deben solicitar la prórroga del documento ante la Superintendencia de Migraciones. Sin embargo, debido a la alta demanda, realizar la gestión se convierte en toda una odisea.
Óscar Pérez, presidente Unión Venezolana en Perú, reveló que existen alrededor de 94.000 ciudadanos venezolanos que tienen su residencia vencida.
Indicó que la situación incluso pudiera hacer que un número importante de migrantes pierda su empleo en tierras peruanas.
Pérez detalló que la situación se generó por creer que la fecha que estaba al reverso del carnet de extranjería -que es de cuatro años- era la fecha de vencimiento de la residencia, que es anual.
11,5 dólares diarios por el vencimiento de la residencia
Una venezolana con siete años viviendo en Lima fue víctima de ese bloqueo que le impedía acceder a sus ahorros.
Agregó que, en promedio, un venezolano en Perú realizando algún oficio puede tener ingresos por el orden de los 35 soles diarios (9,11 dólares). La mujer señaló que conoce casos de personas que deben 20.000 soles por esa situación y duda que puedan lograr una solución rápida.
“Es un acto de injusticia. Un acto muy inhumano lo que están haciendo con nosotros desde hace varios meses”, dijo.
Imposición de multas
Pérez advirtió que la imposición de multas diarias a los extranjeros (incluyendo a venezolanos) que no han podido tramitar su residencia representa una violacion flagrante a los derechos humanos.
Insistió en que es importante que las autoridades de la Superintendencia Nacional de Banca, seguros y AFP atiendan esta situación irregular.
La ONG ha presentado un escrito respaldado con 5.000 firmas de afectados ante el despacho del Ministerio del Interior.
Remitieron a su vez una comunicación a la defensora del pueblo, Eliana Revolla, así como a diversas autoridades. El fin es evitar el pago de las multas o realizar pagos fraccionados de las mismas.
