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- Las violaciones a la libertad de expresión y la impunidad frente a estas acciones persistieron en el país durante el último año
El año 2022 estuvo marcado por el cierre de emisoras y estaciones de radio en toda Venezuela. El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) alertó que al menos 100 emisoras de radio en todo el país fueron clausuradas entre enero y noviembre de 2022.
Durante los primeros meses del año, la organización no gubernamental Reporteros sin Fronteras (RSF) ubicó al país en el puesto 159 de 180 países en su ránking sobre libertad de prensa. Para ese momento, la ONG alertó que los ataques contra periodistas fragilizan a la profesión y alientan a la creación de espacios digitales globalizados y sin regular, que favorecen las informaciones falsas y la propaganda.
A mitad de año, en julio de 2022, hubo otro pronunciamiento sobre las consecuencias de las limitaciones del libre ejercicio de la prensa en Venezuela.
La alianza Media Freedom Coalition (Coalición por la Libertad de los Medios de Comunicación) denunció que el régimen de Nicolás Maduro empleó acoso y la persecución de periodistas, trabajadores de los medios y medios de comunicación independientes, además de censura y bloqueos en Internet.
La organización consideró que estas medidas restrictivas contra periodistas pueden conllevar, incluso, hasta consecuencias judiciales, arresto y violencia física.
Y es que recientemente la ONG Espacio Público afirmó que la impunidad ante agresiones y actos de violencia contra periodistas y trabajadores que se dedican a la labor informativa constituye uno de los “principales obstáculos” para su seguridad y para el ejercicio de la profesión “sin miedo a represalias”.
La organización por la defensa de los derechos humanos contabilizó que entre enero y septiembre de 2022 hubo 134 violaciones del derecho a la libertad de expresión que implican hechos de violencia como intimidación, hostigamiento verbal y judicial, amenazas, agresiones y ataques.
La SIP advirtió que la libertad de expresión está condicionada en Venezuela
La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) advirtió que en Venezuela “la única libertad de expresión es la que permite el régimen”. Michael Greenspon, director del organismo, alertó sobre un deterioro de la libertad de prensa en América en los últimos siete años, haciendo énfasis en las dificultades que sobrellevan los periodistas venezolanos.
El máximo representante de la SIP alertó que en Venezuela “no hay libertad de expresión y solo hay libertad de expresarse en la manera que el gobierno te lo permite”.
“Hasta 2015 estábamos viendo una mejora de la democracia y una relajación con las libertades de prensa, pero en los últimos 5 o 7 años ha habido un aumento del autoritarismo en el continente americano y gente manipulando y cerrando los medios cuando puede”, apuntó Greenspon, que concedió la entrevista para la Agencia EFE.
Persecución contra la prensa
El Centro de Justicia y Paz (Cepaz) documentó 386 actos de persecución y criminalización en Venezuela en los primeros 8 meses del año 2022. El mes con más incidencias fue agosto con 52 casos de persecución y criminalización a periodistas y trabajadores de la comunicación.
En el monitoreo del mes de agosto se identificaron las siguientes acciones: 18 actos de hostigamiento o amenazas, 20 investigaciones arbitrarias, 10 impedimentos de registrar un hecho noticioso, dos despidos injustificados, una prohibición de salida del país y una muerte en custodia.
Otras formas de criminalización y hostigamiento se llevan a cabo grabando y fotografiando a los periodistas. También a través de campañas de desprestigio en redes sociales y medios de comunicación oficialistas. En el mes de agosto las periodistas Zulma López y Anggy Polanco fueron fotografiadas por un comisario de la red de salud pública en el Hospital Central de San Cristóbal mientras intentaban documentar la carencia de vacunas.
Lo mismo ocurrió con los periodistas Luis Miguel Rodríguez, Yelitza Figueroa Rivas, Lorena Rojas, María Betania Jordán y Alberto Briceño, quienes fueron grabados y fotografiados por efectivos militares y funcionarios de la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) en Barquisimeto, estado Lara, mientras cubrían una protesta de trabajadores activos y jubilados.
Cierre progresivos de espacios radiales
El SNTP documentó que la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) ha ordenado el cierre de casi 8 emisoras por mes durante el año 2022. De acuerdo con el informe, el estado Zulia es la región con más casos de censura, con al menos 23 estaciones de radio cerradas. Las otras entidades con mayor número de incidencias relacionadas con atropellos a la libertad de expresión son Sucre, con 11, y Táchira, con 10 cierres.
En la lista también figuran los estados Yaracuy, Cojedes, Carabobo y Falcón, cada uno con al menos 3 emisoras cerradas en lo que va de año.
En total, en 16 de los 23 estados del país se han reportado al menos un caso de cierre radial por parte de este organismo. A partir de esta cifra, estiman que alrededor de 1.000 trabajadores de la radio han quedado desempleados o a la deriva por esta situación.
Ausencia del debido proceso
El sindicato aseguró que en todos los casos se ha irrespetado el debido proceso y el derecho a la defensa por parte de los afectados. “No existen documentos escritos, citaciones ni órdenes en las que se especifique la instrucción o se detallen la razones”, indican en el informe.
También denunciaron que, en la mayoría de los casos, las emisoras recibieron órdenes de clausura mediante una llamada telefónica y cuando algún funcionario de Conatel acudía a la emisora, en ocasiones lo hacían sin identificación y daba órdenes verbales.
Asimismo, en cuanto a los argumentos utilizados por Conatel para ordenar el cierre, el SNTP documentó que el organismo regulatorio alega presuntos “vencimientos de las concesiones” o “la extinción de las mismas” para conducir a su clausura definitiva.
