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- La titular de la cuenta recibía un porcentaje de ganancias por cada transacción
El Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) informó el 13 de marzo que una mujer identificada con las iniciales T.N.M.L., de 24 años de edad, fue detenida por alquilar su cuenta bancaria para recibir transferencias de dinero obtenido por varios delitos en Barcelona, estado Anzoátegui.
Douglas Rico, director del CICPC, detalló que se ordenó la captura de la mujer tras una investigación de la Policía Científica que los llevó a comprobar que la detenida recibía un porcentaje de ganancias por prestar su cuenta de banco.
En medio de las investigaciones, los funcionarios policiales encontraron un teléfono celular que quedó a la orden de la Fiscalía de Flagrancia del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial Penal.
Alerta del CICPC
El CICPC advirtió a la ciudadanía que aquellos que cooperen con actos delictivos, como el caso de dejar a disposición cuentas bancarias para recibir dinero de origen ilícito o sospechoso, tendrán la misma responsabilidad penal que quienes cometen los delitos.
“Al prestarse a estos actos de vandalismo, la sentencia saldrá al nombre de la cuenta receptora”, recordó el CICPC.
Otra mujer detenida
En otro hecho, el CICPC informó sobre la captura de una mujer identificada como Ashley Velásquez, de 24 años de edad, por su presunta responsabilidad en delitos de extorsión y hurto de vehículos en el Barrio Unión de Petare (Miranda).
El director del CICPC explicó que la detenida cometía el hurto de los vehículos junto a su esposo y luego extorsionaba a sus víctimas. Posteriormente, vendían las piezas en la plataforma de Marketplace en caso de que sus dueños no pagaran el rescate.
“La mujer se dedicaba junto a su pareja, quien también fue detenido en otro procedimiento policial, a hurtar vehículos tipo motocicletas para luego solicitarle a las víctimas dinero en moneda extranjera y hacerles entrega del vehículo. En el caso de que no entregaran dinero, vendían todas sus partes y piezas a través de la plataforma Marketplace”, explicó el director del CICPC en el informe publicado el 7 de febrero.
El caso fue puesto a la orden de la Fiscalía Flagrancia del Área Metropolitana de Caracas. La legislación venezolana condena los delitos de robo a través del Capítulo II del Código Penal que especifica las sanciones correspondientes a los casos de ciudadanos que incurran en los delitos de robo, extorsión y secuestro.
