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- La OFAC otorgó un plazo de gracia para finiquitar cualquier transacción con la estatal venezolana o sus filiales antes de levantar la Licencia General 44
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos levantó el 17 de abril su licencia general 44, la cual permitía una flexibilización de las sanciones contra Venezuela y el gobierno de Nicolás Maduro. En su lugar, será sustituida temporalmente por la licencia 44A, la cual da un plazo a las empresas y ciudadanos estadounidenses cierren sus negocios con la empresa estatal Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA).
La nueva resolución señala que hasta la medianoche del 31 de mayo de 2024 se realizará un proceso de “liquidación de cualquier transacción relacionada al sector de petróleo o gas en Venezuela”. Es decir, que a partir de esta fecha volverán a estar prohibidas todas las operaciones que permitía la anterior licencia 44, y que involucra no solo a PDVSA, sino a aquellas empresas en las que tiene más de un 50 % de participación, como es el caso de Citgo.
Sin embargo, Washington podrá denegar estos permisos cuando considere que violan la seguridad nacional y los intereses de política exterior de Estados Unidos.
¿Qué es la licencia 44?
Se trata de una medida que flexibilizaba las sanciones petroleras de Estados Unidos contra Venezuela. Este permiso autorizaba la producción, extracción, venta y exportación de petróleo de Venezuela, y suministro de bienes y servicios relacionados, a través del sistema financiero de Estados Unidos.
La resolución viene después de que la Administración de Joe Biden anunciara que reanudará su régimen de sanciones, que se había flexibilizado desde octubre de 2023. Esto debido al incumplimiento por parte del gobierno de Maduro de sus compromisos en el Acuerdo de Barbados, para garantizar un proceso democrático y justo en las elecciones presidenciales del 28 de julio.
La Administración de Joe Biden emitió en octubre pasado la Licencia General 44, que durante seis meses ha levantado las sanciones sobre el petróleo y el gas de Venezuela, como un incentivo para que Maduro cumpliera con los Acuerdos de Barbados pactados con la oposición para la celebración de unas elecciones democráticas y competitivas.
Persisten las trabas electorales y la detención de activistas
Pero María Corina Machado, la candidata electa en las primarias de 2023, fue inhabilitada para concurrir en las elecciones del próximo 28 de julio y las autoridades electorales tampoco permitieron registrar a su sustituta, Corina Yoris.
Estados Unidos también ha denunciado una serie de arrestos de políticos y activistas en Venezuela.
Durante los seis meses de alivio de sanciones, el gobierno de Maduro ha ampliado los acuerdos con empresas extranjeras y la producción petrolera se incrementó en el país un 18 % en el primer trimestre del año.
El debate sobre la reactivación de sanciones
La reactivación de sanciones a Venezuela había generado debate dentro del gobierno de Biden por la posibilidad de que estas provoquen un aumento de la migración hacia Estados Unidos y un alza de los precios de la gasolina.
Según fuentes estadounidenses, Maduro ha cumplido algunos aspectos de los Acuerdos de Barbados, como la actualización del registro de votantes o la autorización para misiones internacionales de observación electoral.
Pero para Estados Unidos, la inhabilitación de Machado y el bloqueo a Yoris suponen un incumplimiento flagrante de los acuerdos para unas elecciones competitivas.
Pese a la reimposición de sanciones, las mismas fuentes aseguran que Estados Unidos “no tira la toalla” y que seguirá en conversaciones con representantes de Maduro, de la oposición y otros gobiernos de la región para salvar los Acuerdos de Barbados.
Con información de EFE
