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- Pese a que el régimen pregona la supuesta recuperación económica, expertos consultados por El Diario señalan que el país tiene 26 meses en hiperinflación, 24 trimestres en depresión económica, 6 años en caída libre del PIB, las reservas internacionales en su mínimo histórico y una fuerte deuda con organismos extranjeros
Como forma de blindaje jurídico para dominar luego el área económica ante la pérdida de mayoría legislativa en diciembre de 2015, Nicolás Maduro aprovechó la crisis venezolana para invocar medidas extraordinarias en materia tributaria, de importación, políticas monetarias, de subsidio e infraestructura.
Al año siguiente, el jefe del Ejecutivo acudió al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), afín al oficialismo, en lugar de acudir a la Asamblea Nacional (AN) -como lo determina el artículo 338 de la Constitución- para solicitar que se declarara el Estado de Excepción y de Emergencia Económica.
El 14 de enero de 2016 la Sala Constitucional del máximo tribunal aprobó el decreto y aseguró que cualquier acción que emprendiera el Parlamento para revertir la medida era nula o ineficaz al encontrarse este último en supuesto “desacato”.
La Constitución de la República y su ordenamiento jurídico establecen que los Estados de Excepción y Emergencia Económica tienen un lapso de 60 días prorrogables por el mismo período, sin embargo, desde aquel entonces la medida se ha perpetuado hasta la actualidad habiéndose realizado 24 prórrogas.
En entrevista para El Diario, Jesús Casique, director de Capital Market Finance, comentó que la perpetuación de ese decreto no ha representado ninguna mejora para la economía nacional. “Tenemos 26 meses en hiperinflación, 24 trimestres en depresión económica y 6 años en caída libre del Producto Interno Bruto (PIB)”, añadió.
De hecho, el último informe de la Cepal (publicado en diciembre de 2019) estima una caída del PIB del 14%, superior a los pronósticos dados por el FMI en octubre, que estiman 10%.
Rafael Álvarez-Loscher, director de Iuriscorp, declaró a este medio que en lo que respecta a infraestructura Venezuela está “mucho peor” que cuando se emitió por primera vez el decreto en materia económica.
“En 2019 tuvimos los mega apagones y, aunque Caracas es privilegiada, se mantienen constantes cortes eléctricos en el país o ‘administraciones de carga’, pero además está la falla de otros servicios como el agua, gas, salud, etc.”, acota.
El especialista advierte que las reservas internacionales del país están en el mínimo histórico en términos de efectivo, menos de 800 millones de dólares; y los niveles de reservas totales a un poco más de 6.200 millones de dólares. “Tenemos 6 años de depresión económica que colocan el tamaño de nuestra economía al que existía en la década de 1940”, subraya.
De igual forma recuerda que la producción petrolera ha caído vertiginosamente a menos de 800.000 barriles diarios (bd), cuando en 1.988 se ubicaba en 3,5 millones de bd.
“Se espera un año muy difícil. El gobierno necesita recursos y los va a sacar del bolsillo de los venezolanos incrementos de tasas e impuestos, de servicios, etc. Al mismo tiempo que es un año electoral y es posible que el gobierno lance los típicos bonos que ha venido otorgando, lo cual incrementa el problema”, manifiesta.
Finalidad de los decretos
Loscher explica que Maduro utiliza los decretos de emergencia económica para poder tener un basamento legal que le permita “hacer lo que quiera”, como ajustar a discreción el valor de la Unidad Tributaria, disponer libremente de recursos más allá del presupuesto, incluso para mantener las misiones, ordenar la impresión de billetes, exoneración de impuestos y aranceles a determinados bienes importados.
Igualmente, “decretar subsidios y bonos como el del medio petro o los del carnet de la patria, utilizar recursos estratégicos del país (oro, petróleo, los provenientes de la minería), crea el petro como unidad de cuenta para incrementar la recaudación y así captar más dinero de los contribuyentes, por ejemplo, a través del Saime con pasaportes o del Servicio Autónomo de Propiedad Intelectual, mientras que al mismo tiempo emite deuda pública cada vez que paga bonos etc, con petros”.
En este punto, Casique explica que el petro es una “entelequia” (ilusión) que no soluciona los problemas de la economía nacional, sino que tiene como objetivo “tratar de desplazar el devaluado bolívar en el mercado nacional”, así como y minimizar o tratar de controlar la hiperinflación que está atravesando Venezuela.
“Todas las medidas económicas que se vienen estableciendo desde el año 2016 hasta la fecha se realizan bajo el ‘paraguas’ del decreto de Emergencia Económica violando sistemáticamente la Carta Magna”, asevera el también profesor de Economía.
Incremento del manejo de divisas
Para el director de Capital Market Finance, la dolarización de facto que vive el país podría representar 65% de las transacciones. No obstante, refiere que esto no representa ninguna mejora para el grueso de los venezolanos. “Solamente el 30% de la población es la que recibe dólares”, puntualiza.
Loscher coincide en este punto al especificar que la reducida población que tiene acceso a las divisas puede vivir un poco mejor en el país, “pero lamentablemente el que no tiene acceso depende muchísimo de las migajas del gobierno”.
Ante la continua hiperinflación que atraviesa el país, es común observar precios de productos en cinco o seis dígitos, en contraste con un salario mínimo mensual de 250 mil bolívares (poco más de 3 dólares), un panorama similar al reflejado antes de la reconversión monetaria de agosto de 2018.
Sin embargo, Casique no ve viable una nueva reconversión monetaria a estas alturas, en primera instancia, dice, porque no solventa los problemas de fondo de la población y luego por el alto costo que eso implica. “El gobierno no tiene recursos o flujo de caja porque las exportaciones petroleras han disminuido significativamente (menos de 800.000 barriles diarios)”, refiere.
Soluciones en puerta
En reiteradas ocasiones economistas, analistas y técnicos de diversas áreas han planteado posibles soluciones a los problemas financieros que atraviesa Venezuela, aunque para Casique esto es llover sobre mojado porque desde hace más de 15 años, dice, el gobierno no toma en cuenta ni consideración las medidas.
“Siempre busca un argumento para soslayar las recomendaciones que efectuamos los técnicos”, sostiene.
El profesor comenta que se debe tener mayor disciplina fiscal y monetaria, respetar la propiedad privada, minimizar los procedimientos para establecer una empresa en el país y respetar el artículo 320 de la Constitución “que es de ahí de donde proviene la hiperinflación”.
El referido artículo señala lo siguiente: “El Estado debe promover y defender la estabilidad económica, evitar la vulnerabilidad de la economía y velar por la estabilidad monetaria y de precios, para asegurar el bienestar social. El ministerio responsable de las finanzas y el Banco Central de Venezuela contribuirán a la armonización de la política fiscal con la política monetaria, facilitando el logro de los objetivos macroeconómicos. En el ejercicio de sus funciones el Banco Central de Venezuela no estará subordinado a directivas del Poder Ejecutivo y no podrá convalidar o financiar políticas fiscales deficitarias (…)”.
A este respecto, el director de Iuriscorp considera que uno de los grandes retos para recuperar la economía es “generar confianza y no creo que Nicolás Maduro la represente ni para el sector productivo nacional ni para inversores internacionales. Hasta China ha sido muy cautelosa con las inversiones actuales en Venezuela. Otro tema es la necesidad de instituciones sólidas y la vuelta al Estado de derecho”.
Desde el punto de vista técnico, explica que los males de la economía son: el incremento de liquidez monetaria, que termina financiando el gasto público, las normas de encaje legal que “van a pulverizar la banca” y los controles de precios. Para Loscher es necesario ser “más austeros y transparentes” con el presupuesto de la nación.
