Email
- La norma pretende evitar la “injerencia” extranjera en el país y el financiamiento de organizaciones políticas u ONG. Sin embargo, los críticos al gobierno de Nayib Bukele afirman que esta ley busca silenciar a la oposición. Foto principal EFE
El gobierno de Nayib Bukele presentó ante el Congreso de El Salvador la propuesta para la Ley de Agentes Extranjeros, con el objetivo de supuestamente evitar la injerencia en el país.
La propuesta, presentada el martes 9 de noviembre por el ministro de Gobernación de El Salvador, Juan Carlos Bidegain, se centra en varias prohibiciones y regulaciones relacionadas con el financiamiento extranjero a organizaciones y partidos políticos de El Salvador.
La polémica norma, que se encuentra en discusión, ha sido rechazada por organizaciones detractoras e independientes al gobierno de Bukele, quienes señalan que de aprobarse esta ley se silenciarán a las organizaciones opositoras y voces disidentes del país.
Bukele señaló que Estados Unidos financia organizaciones sociales que, a su juicio, forman parte de la oposición política del país. Esto lo afirmó luego de que la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) destinará 258 millones de euros (300 millones de dólares) a organizaciones en El Salvador, Guatemala y Honduras.
¿En qué consiste esta ley?
El principal objetivo, según lo planteado por el gobierno salvadoreño en un comunicado, es garantizar la “seguridad, soberanía social y la estabilidad social y política del país”.
“Se prohibirá la injerencia extranjera para financiar actos terroristas o actividades políticas y se fomentarán las donaciones por causas sociales libres de impuestos”,dice el comunicado.
Bidegain indicó que se impedirá que fundaciones y ONG, que calificó como “fachada”, reciban dinero desde el exterior, que según el funcionario son actos disfrazados de donación y “una injerencia extranjera”.
La ley también impedirá que los partidos políticos reciban dinero del exterior.
El artículo 10 de la propuesta de ley establece que se aplicará un impuesto del 40% por cada transacción financiera que provenga del exterior a las organizaciones previstas en la ley.
La norma propuesta por el gobierno tiene varias excepciones a las cuales no se les aplicará la mencionada ley. Quedan exceptuados las misiones diplomáticas y consulares, organismos internacionales, agencias de cooperación internacional, organismos de asistencia humanitaria; así como a cualquier persona natural o jurídica que participe de actividades religiosas, de salud, escolares, académicas, científicas o de bellas artes.
Cuestionamientos y alertas
Organizaciones sociales y gremiales han expresado su preocupación por cómo esta nueva ley podría afectar el trabajo de las ONG, grupos políticos y gremios independientes
Acción Ciudadana, una organización sin fines de lucro dedicada a la contraloría social, afirma que este proyecto de ley prohíbe el financiamiento de las organizaciones que son incómodas al gobierno.
“El enemigo antes era la Asamblea Legislativa, los partidos, la Sala de lo Constitucional, ahora que no están, había que crear un enemigo y plantearlo como el causante de los problemas”, dijo la organización en Twitter.
Esta ley ha sido comparada con la que existe en Nicaragua donde los donantes y organizaciones que recibían financiamiento debían reportarlo al gobierno. La norma fue usada posteriormente por el régimen de Daniel Ortega para silenciar a organizaciones y periodistas que han documentado y denunciado violaciones a los derechos humanos.
Las organizaciones críticas al gobierno de El Salvador temen que la ley se convierta en una herramienta de represión política en un momento en el que Nayib Bukele se ha mostrado en contra a toda crítica por la crisis de desaparecidos, la violación a la separación de poderes, y la adopción del bitcoin como moneda de circulación nacional.
El exsecretario de la Comisión Interamericana para los Derechos Humanos, Paulo Abrao, se pronunció en rechazo a esta propuesta.
“Si tomamos el ejemplo reciente de Nicaragua, luego de la promulgación de una ‘Ley de Agentes Extranjeros’ se produjo una ola de criminalización y persecución de organizaciones de derechos humanos, medios independientes y entidades de la sociedad civil crítica”, aseveró.
La prensa en alerta
Esta ley hace énfasis también en las instituciones que transmiten “cualquier material informativo físico, electrónico o digital”. Es decir medios de comunicación, periodistas y trabajadores de la prensa
Jorge Canahuati, presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), y Carlos Jornet, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información, aseguraron que la ley impulsada por Bukele se asemeja a la usada por su homólogo nicaragüense para para “amordazar a las voces críticas e independientes”.
Los comunicadores indicaron que se trata de una “severa” limitación para el funcionamiento de medios críticos al gobierno salvadoreño y de organizaciones que abordan temas sociales y de derechos humanos y que dependen del respaldo internacional para cumplir su labor.
