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- Édgar Silva, coordinador del Comité de Derechos Humanos para la defensa de los pensionados, jubilados, adultos mayores y personas con discapacidad, asegura que el ingreso de un adulto mayor que haya laborado en instituciones públicas debería ser mayor a 400 dólares
El drama humanitario en Venezuela deja secuelas en uno de los sectores más vulnerables de la población: los adultos mayores, muchos de ellos sin recursos y dependientes de la pensión mensual del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS).
Esta situación es tildada como “exterminio” por parte de Édgar Silva, coordinador del Comité de Derechos Humanos para la defensa de los pensionados, jubilados, adultos mayores y personas con discapacidad. El experto aseguró que la inacción por parte de la administración de Nicolás Maduro será denunciada por un grupo de ONG ante la Corte Penal Internacional (CPI).
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“Eso –el exterminio- se debe a la privación de alimentos y medicinas para una población determinada de manera intencional por parte de un gobierno, y eso pasa por el pago de una pensión que no hace frente al costo de la vida. Lo del delito de exterminio lo establece el Estatuto de Roma en su artículo 7, literal B. Por eso, varias ONG participamos en una investigación para visibilizar ante la Corte Penal este delito de lesa humanidad”, indicó Silva en conversación con El Diario.
“Pensionados deberían percibir más de 400 dólares”
El defensor de derechos humanos precisó que los pensionados y jubilados perciben mensualmente 7 bolívares (cerca de un dólar y medio al cambio del día), monto insuficiente para costear alimentación, medicamentos y recreación.
“La seguridad social pública está destruida. Nuestros adultos carecen de atención médica, no pueden adquirir alimentos; esa pensión dista mucho de la canasta básica alimentaria familiar, que se ubica en 400 dólares. Si hablamos de canasta básica alimentaria familiar global, esta se acerca a 800 dólares, según estimaciones del Cendas”, detalló.
Según Silva, el ingreso de un adulto mayor que haya laborado en instituciones públicas debería ser mayor a 400 dólares. Desde su punto de vista, buena parte de las personas de la tercera edad se encuentran en estado de pobreza.
En el pasado, a través de contratos colectivos, algunos jubilados se beneficiaban del servicio de salud en clínicas, pero este incentivo no está disponible desde hace más de cinco años.
“El Seguro Social ya no entrega medicamentos, dejó de cumplir. A esto se suma las pérdidas de las pólizas HCM. En caso de que algunos lo tengan, no cubren citas médicas, menos una intervención quirúrgica”, sentenció.
Recordó el dramático escenario de los años 2016 a 2019, cuando cientos de adultos mayores dormían a las afueras de las entidades bancarias para cobrar una pensión fraccionada.
“También fue muy doloroso ver una gran cantidad de personas de la tercera edad en colas en iglesias y comedores administrados por ONG, con tazas para que les sirvieran sopas o cualquier otro alimento. No podemos olvidar el caso de los hermanos Silvia y Rafael Salazar, en Puente Hierro, de 72 y 73 años, los consiguieron muertos por falta de alimentación”.
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Subrayó que desde octubre, la institución que representa espera una respuesta por parte de la Defensoría del Pueblo, a fin de que atienda la problemática que afecta a los ancianos.
Mi hijo suplente, una opción de acompañamiento
Mi hijo suplente es una empresa con impacto social. Se encarga de apoyar a los abuelos en la solicitud de citas médicas con posterior traslado, adquisición de medicinas, comida, y organización de actividades de esparcimiento, previo contacto con los familiares.
María Gabriela Chalbaud, una de las fundadoras de este emprendimiento, conoce muy de cerca la realidad de este sector de la población. Junto con un grupo de voluntarios entrega donaciones a diferentes ancianatos y zonas necesitadas.
“Es muy triste ver a personas que trabajaron toda la vida que no tienen alimentos ni acceso a la salud”, dijo.
Coincidió con Silva en la solicitud de un nuevo monto en las pensiones. “Ahora como Venezuela está dolarizada en gastos, ojalá sea así en salarios, que se produzca un nuevo modelo económico, más real”.
Desde su experiencia, la compra de proteínas, vegetales y víveres requiere de una inversión no menor de 50 dólares semanales, esto sin incluir los costos de las medicinas y exámenes médicos.
“Pocos tienen esos ingresos, por eso la calidad de vida de las personas de la tercera edad ha disminuido. Otro aspecto que afecta es la soledad porque la familia se fue, además de si presentan alguna condición de salud preexistente”, contó.
Mientras el país se acerca una posible salida del periodo hiperinflacionario, según expertos económicos, 86,9% de la población con edad superior a los 60 años se encuentra en pobreza, según un estudio elaborado por la ONG Convite, presentado en octubre pasado.
