• En un foro el economista Aarón Olmos recordó que las operaciones de intercambio de criptomonedas son descentralizadas y libres de auditoría

La reforma a la Ley de Impuesto a las Grandes Transacciones Financieras ha generado múltiples dudas respecto a su aplicación en las transacciones en divisas y especialmente en criptomonedas, además de cómo la administración tributaria podría llevar un control y recaudación de estos impuestos.

Aarón Olmos, economista y especialista en finanzas de empresas, precisó que si llevar un control para el intercambio de divisas es complejo, será mucho más difícil en el caso de los criptoactivos. Esto debido a su propia dinámica y características. 

Durante un foro realizado por el Observatorio Venezolano de Finanzas (OVF) sobre la reforma a la Ley de impuestos a las Grandes Transacciones Financieras y sus implicaciones en el mundo Cripto, Olmos destacó que el dinero digitalizado en la actualidad circula por todas las computadoras del mundo entero a través de operaciones de intercambio.

El experto detalló que las redes de intercambio en cadenas de bloque (blockchain) son descentralizadas, abiertas y libres de auditoría. “Fueron diseñadas de esa forma bajo la visión criptoanarquista y la lógica del resguardo”, agregó.

criptomonedas

No hay claridad sobre el procedimiento de recaudación 

La reforma de la ley IGTF indica en el artículo 4 que son contribuyentes del impuesto todas las operaciones realizadas en monedas distinta a la de curso legal en el país, o en criptomonedas diferentes a las emitidas por el gobierno.

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Las alícuotas (porcentaje legal aplicable sobre la base imponible para la determinación de tributos) establecidas son del 2 % a 8 % para las operaciones realizadas en divisas o criptomonedas que se lleven a cabo dentro del sistema bancario nacional y de 2 % a 20 % para todas las transacciones de estas monedas que se realicen por fuera del sistema bancario nacional.

Quizás el que redactó la norma desconoce cómo funcionan los criptoactivos y las cadenas de bloque. Estas operaciones ocurren entre billeteras digitales dentro de una cadena de bloques, no ocurre dentro del sistema bancario nacional”, resaltó Olmos.

Recordó que muchas personas en Venezuela están haciendo uso de criptomonedas desde hace bastante tiempo y aunque existe una norma contable, no necesariamente se aplica. Esto debido a que mayormente cuando el venezolano hace operaciones en monedas digitales o divisas, la factura que se le entrega está expresada en moneda nacional. 

Olmos sostuvo que la idea no es convertirse en un elemento que evada las normas para el funcionamiento de la actividad económica, sino que lo que se plantee se haga de forma correcta y clara. 

El contador José Nicanor Hernández concuerda que las transacciones de criptomonedas hasta el momento no se realizan mediante la banca nacional. A su juicio, la ley pretende incorporar a la banca este tipo de transacciones u otras condiciones. Por ende, por primera vez está ley tendría que establecer algún tipo de reglamentación de cómo se aplicará.

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“Si se llega aprobar el proyecto de reforma no se conoce si va a tener el mismo contenido y características. En la redacción de la ley debe existir claridad sobre cómo puede ser el control y recaudación por parte de la administración tributaria”, aseveró.

“La pretendida ley lo que busca es esquilmar”

Roberto Hung Cavalieri, abogado especialista en Derecho Procesal Constitucional, recordó que el país tiene más de 20 años en donde se ha visto una desconexión de la idea del derecho y la Constitución, la cual se ve como el instrumento para el ejercicio del poder y no como el de restricción del mismo. 

Destacó que la reforma de la Ley de Impuesto a las Grandes Transacciones lo que hace es esquilmar (empobrecer) y vaciar más la economía.

“Se tiene es que ante una cantidad inmensa de recursos que se tenía, se vacío el tesoro público. Lo que están buscando es extorsionar o el expolio de aquellas personas que pueden generar algo de riquezas”, indicó.

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A su juicio, los impuestos además de utilizarse para el gasto público también se utilizan para moldear el comportamiento social, y la actual reforma se da en medio de un contexto de digitalización.

“El problema es que los aportes que se hacen a la sociedad se convierten en un castigo. Está ocurriendo con los pagos en registros, notarías e impuestos por salida del país”, indicó el jurista.

No existe Estado de Derecho

Roberto Hung mencionó que en el último índice del Estado de Derecho 2021, Venezuela fue el país peor valorado, de acuerdo con World Justice Project. “En último lugar del planeta, esto significa el sometimiento del Estado y principalmente sus poderes públicos al derecho”, aseveró.nnEn el Índice de Libertad Económica, Venezuela nuevamente ocupa uno de los últimos lugares, según datos del The Heritage Foundation. nnPor otra parte, en el índice de Estados fallidos, Venezuela se encuentra en el puesto número 25, debido a que este se mide de mayor a menor. n

Uso de las criptomonedas en Venezuela

De acuerdo con un gráfico de Statista sobre los países en donde los cripto activos son más utilizados, Venezuela se encuentra en el puesto número siete de las naciones donde se emplean las monedas digitales. 

Para mediados de 2021, la página de estadística registró que Venezuela es el país de latinoamericana con mayor volumen de bitcoin; ocupando el 47 % del total de las criptomonedas en la región. 

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Cobro de impuestos a grandes transacciones con criptomonedas: ¿Es viable?

Olmos señaló que los países que más criptoactivos utilizan tienen en común la inestabilidad de sus gobiernos y la crisis económica. Lo que generó que las personas recurrieran a otros medios de pago que representen valor y resguardo de su patrimonio. 

“La situación del país generó que los venezolanos adoptemos medios de pago alternativos. Lo que se ha convertido con el paso del tiempo en el principal mecanismo para lograr hechos económicos de una manera diferente”, indicó.

Para el año 2019, se transaccionaron en el país 50.132 bitcoin, lo que representa 303.348.117 dólares. El economista detalló que los enriquecimientos que están ocurriendo en este medio de pago hacen que el Estado quiera participar en este mercado. 

“Los gobiernos no están invitados a participar en el mercado”

Olmos indicó que aunque el valor de las criptomonedas es volátil, en el histórico de la relación de ganancias y pérdidas el resultado es positivo a largo plazo. En este sentido, los gobiernos quieren participar en este mercado, pero no están invitados. 

“Estas monedas digitales, que mueven grandes cantidades de dinero, tienen una postura ideológica en donde se asume que los intereses de estos terceros no están alineados con los poseedores de los cripto activos”, añadió.

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