En los últimos años, América Latina y el Caribe han enfrentado una crisis sanitaria, social y política que requiere respuestas contundentes y a la vez concretas en distintos planos. Los gobiernos han presentados propuestas para estas crisis, pero los resultados siguen siendo poco claros, y en muchas ocasiones con escándalos de corrupción como telón de fondo. 

Además, existe una profunda desconfianza en nuestros países. Se requiere de un trabajo colaborativo con la sociedad civil y organizaciones que puedan ser garantes de reformas con profundidad y alcance. En ese sentido, existen al menos tres ámbitos que deben ser una prioridad en la región: transparencia a nivel intersectorial; uso de herramientas digitales para combatir la corrupción; y mecanismos para conocer a los actores corruptos. 

Transparencia a nivel intersectorial

Cuando hablamos de transparencia, normalmente atribuimos un rol casi exclusivo al Poder Ejecutivo. Sin bien, se trata del poder que tiene mayor responsabilidad. Si queremos resultados distintos, hay que incluir a otros actores como el Poder Legislativo. Por esa razón, una propuesta para avanzar en esta materia es revisar y establecer una dedicación exclusiva a parlamentarios y parlamentarias en el ejercicio de sus funciones, quizás salvo por la labor docente. Esto podría prevenir importantes conflictos de interés. 

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De igual manera, en los parlamentos y congresos se debería promover el establecimiento de nuevos estándares de transparencia para la elaboración de proyectos de leyes, para que cualquier ciudadano o ciudadana pueda entender los contenidos de manera sencilla durante las discusiones legislativas. 

Otra ventana de oportunidad que se debería explorar es la creación de oficinas de análisis presupuestario para poder analizar las propuestas del Ejecutivo y determinar cuáles tienen mayor impacto financiero o económico, de modo de generar un debate más equitativo entre ambos poderes co-legisladores y con información transparente y disponible a la ciudadanía. La oficina de presupuesto del Congreso de Estados Unidos es un buen ejemplo. 

Uso de herramientas digitales para combatir la corrupción

Hay que utilizar la tecnología y una legislación moderna para fortalecer la protección de informantes y denunciantes de corrupción y delitos conexos. Para esto, se puede crear un sistema integral de protección de víctimas, testigos y denunciantes de corrupción, que dar protección a las y los denunciantes en sus lugares de trabajo y vida particular, a fin de no ser objeto de hostigamiento, acoso laboral, despidos o cualquier tipo de represalias.

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Además, deben existir diversos canales de denuncia (líneas telefónicas y plataformas web), que faciliten la recepción de información en términos de acceso, costo y confianza para los eventuales informantes.

Otro aspecto importante en esta materia es el uso de portales de datos abiertos. Hay que promover su uso para acceder a información sobre el gasto público y su relación con la eficacia, en función de los resultados planteados por las instituciones públicas. En un escenario ideal, se podrían tener clasificaciones en tiempo real, que se alimenten de información pública y nos permita conocer si la gestión de determinados gobernantes está cumpliendo con los objetivos planteados. Hacia allá tenemos que ir y la tecnología para eso ya está disponible. Vayamos también hacia una interoperabilidad de datos abiertos entre los países para detectar la corrupción intercontinental y regional.

Mecanismos para conocer a los actores corruptos

El mejor mecanismo para lucha contra la corrupción se encuentra en la prevención. En ese sentido, existe una necesidad urgente en revelar quiénes están detrás de las empresas o personas jurídicas que participan de operaciones financieras o comerciales para detectar operaciones que buscan ocultar el origen ilícito de los bienes. Por esto, se propone establecer un registro público interamericano de beneficiarios finales para facilitar el intercambio de información sobre cuestiones fiscales y de lavado de dinero, de acuerdo con los estándares internacionales para el cumplimiento de las normas del GAFI y las recomendaciones de la Alianza Global de Gobierno Abierto. Este registro debe tener la información de las empresas que hacen negocios con los Estados y reciben subsidios o que son dueños de activos inmobiliarios. De igual manera, resulta importante transparentar los beneficios a personas naturales y jurídicas que otorgan los Estados, especialmente en cuanto a rebajas de multas.

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América Latina y el Caribe no saldrán de sus crisis con las mismas recetas de siempre. Por ese motivo, esperemos que estas propuestas sugeridas sean presentadas en la IX Cumbre de las Américas y los gobiernos y tomadores de decisión asuman nuevos compromisos. No perdamos, nuevamente, la oportunidad de sentar las bases para cambios reales en nuestras sociedades. 

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