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- Familias de El Salvador, Honduras, Nicaragua y Nepal con TPS que tienen hijos nacidos en Estados Unidos temen que una orden de deportación los obligue a separarse
Unos 250.000 migrantes de El Salvador, Honduras, Nicaragua, y Nepal estarían en riesgo de deportación tras la imposibilidad de extender la vigencia del estatus de protección temporal (TPS, por sus siglas en inglés) para los ciudadanos de esos países, reseñó La Opinión de Los Ángeles.
Tras un año de negociaciones, las conversaciones de conciliación entre la Administración de Biden y los demandantes han quedado estancadas.
En principio, obtuvieron un alivio temporal en 2018 cuando un juez del distrito federal en San Francisco otorgó una orden judicial para bloquear la terminación de las protecciones. Pero, en 2020, un panel de tres jueces en la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito en San Francisco revocó la orden en una decisión de 2-1.
Si bien esa resolución no se ha hecho efectiva porque los abogados de los inmigrantes solicitaron una audiencia ante el tribunal en pleno, este litigio aún sigue pendiente.
La entonces Administración de Donald Trump revocó la renovación del TPS desde septiembre de 2020 para los ciudadanos de varios países que tenían ese beneficio, como parte de sus esfuerzos para reducir el uso prolongado de las protecciones, según publicó el diario Los Ángeles Times.
La figura del TPS fue creada en 1990 como una ayuda humanitaria que otorga EE UU a países devastados por desastres naturales o guerras. A través del beneficio, se otorga un permiso para trabajar legalmente en ese país.
Los ajustes realizados por Biden
La Administración de Joe Biden rediseñó el estatus de protección temporal para Haití y Sudán, pero no lo ha hecho para los otros cuatro países.
Sin embargo, esos beneficiarios podrían perder sus protecciones a fines de este año, mientras que el gobierno de Biden acude a los tribunales para defender las decisiones tomadas en la Administración anterior.
Durante su campaña presidencial, el actual mandatario de EE UU calificó la decisión del expresidente Trump de rescindir el TPS como “una receta para el desastre”. Parte de su plan fue proteger a los beneficiarios para que no sean devueltos a sus países de origen por ser potencialmente inseguros.
La abogada de la Unión Estadounidense de Libertades Civiles del Norte de California, Emi MacLean, explicó que de haberse logrado un acuerdo se habría garantizado su permanencia en EE UU a los titulares de TPS.
Por lo tanto, McLean consideró que queda entredicho si se reconoce la urgencia de este problema y el hecho de que muchas vidas están en peligro ante la inacción gubernamental.
Lo que dice el gobierno
Un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional dijo que “los actuales titulares de TPS de El Salvador, Nepal, Nicaragua y Honduras seguirán estando protegidos en los próximos meses”.
Los titulares de TPS y sus hijos, como ciudadanos estadounidenses, presentaron el desafío de una demanda colectiva en 2018. En ese proceso judicial alegaron que los funcionarios responsables de tomar una decisión al respecto estaban motivados por el racismo.
La respuesta en esa oportunidad por parte de los funcionarios de la Administración Trump fue que el programa nunca tuvo la intención de proporcionar un indulto a largo plazo.
Frustración colectiva
Elsy Flores Ayala forma parte de la demanda colectiva y manifestó sentirse “frustrada” porque no se pudo negociar un acuerdo con el gobierno.
Flores, de 43 años de edad, su esposo, y su hija (de 24 años de edad) tienen TPS desde 2001, un año después de que llegaron a EE UU desde El Salvador.
Aseguró que ella y su familia, quienes viven en Washington, dependen del beneficio del TPS. Ella trabaja en el cuidado de niños, mientras su esposo hace mantenimiento en un edificio de apartamentos. Además, su hija está cursando estudios universitarios.
A Flores le preocupa lo que podría pasar si pierden las protecciones de deportación. Sus dos hijos menores, de 17 y 21 años de edad, nacieron en Estados Unidos, por lo que teme separarse de ellos.
El Salvador fue elegido para el beneficio del TPS en marzo de 2001 después de que dos terremotos azotaran el país. Desde entonces, el gobierno de EE UU ha renovado el beneficio por otros desastres naturales posteriores así como la inseguridad relacionada con pandillas.
Actualmente, casi 200.000 salvadoreños tienen TPS, muchos de ellos tienen residencia en el estado de California.
