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- Las audiencias del juicio a los acusados por la muerte de 69 reclusos han sido diferidas en tres oportunidades. Foto: EFE
El 28 de marzo de 2018 murieron 69 presos durante un incendio en los calabozos de la Policía de Carabobo en Valencia. A cinco años del hecho trágico, los familiares de las víctimas aún buscan justicia en medio del retardo procesal.
De acuerdo con el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), el día de la masacre murieron 67 hombres y 2 mujeres que permanecían recluidos en una celda con capacidad máxima de 80 presos. No obstante, para el momento del suceso había 248 reclusos en ese espacio.
El relato de los sobrevivientes indicó que el hecho comenzó con una discusión entre los presos y los funcionarios del centro por una requisa. Los detenidos intentaron impedir la revisión porque anteriormente todas sus pertenencias habían sido robadas o dañadas en esos procedimientos.
Los presos describieron que pusieron sus colchones como barrera para evitar que les dispararan, pero los funcionarios habrían echado gasolina y luego los encendieron. El relato también asegura que los agentes lanzaron bombas lacrimógenas en otras celdas y no las abrieron oportunamente para permitir la salida de los pesos.
La investigación
Cinco funcionarios fueron detenidos por la masacre y posteriormente los acusaron de homicidio, complicidad y corrupción. El delito fue considerado como un crimen de lesa humanidad en una acusación hecha por fiscales del Ministerio Público y por el Comité de Víctimas por la Justicia y la Verdad.
Entre las detenciones destacó la de José Luis Rodriguez, subdirector de Policarabobo, quien fue acusado de homicidio calificado.
Los agentes restantes son: José Antonio Carrera, Anibal Antonio Padrón, José Rafael Colina y Sergio Rodríguez, quienes también enfrentan cargos de introducción de armas de fuego a un calabozo policial y emisión a socorro.
El proceso ha enfrentado varias irregularidades jurídicas. El juicio contra los cinco acusados empezó el 22 de octubre de 2021, más de tres años después de la masacre. Luego de eso, las audiencias correspondientes se han diferido en tres oportunidades, la más reciente fue el 23 de febrero de 2023.
El OVP indicó que los familiares de las víctimas han exigido que también sean acusados otros funcionarios además, de los cinco que ya enfrentan un proceso judicial.
Esta organización no gubernamental (ONG) detalló que durante la masacre hubo al menos 50 miembros de organismos de seguridad implicados. Entre ellos había agentes del Cuerpo Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (CICPC).
