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- Los abogados de los familiares de las víctimas persisten en denunciar que les ocultan información clave para esclarecer el caso
A pedido de la Fiscalía Federal de México, las fuerzas militares detuvieron a ocho militares relacionados con el caso de la desaparición de los 43 estudiantes en Ayotzinapa en 2014.
Los fiscales mexicanos habían emitido órdenes de aprehensión en agosto de 2022 en contra de un general del Ejército y 15 militares vinculados con el suceso.
Hasta ahora, las autoridades consideran que los estudiantes fueron masacrados en el centro de México el 26 de septiembre de 2014, luego de una noche de violencia en la ciudad de Iguala. Sin embargo, solo han logrado identificar los restos de tres víctimas.
Las investigaciones de la Comisión de la Verdad del gobierno y un grupo de expertos independientes indicaron que hubo participación de todos los niveles de gobierno, incluido el Ejército, reseñó el diario The New York Times.
Los acusan de involucramiento en delincuencia organizada y desaparición forzosa.
Investigaciones judiciales
La Fiscalía General mexicana pidió al juez que llevaba la causa en 2022 que revocara las órdenes de aprehensión, aludiendo deficiencia probatoria en el caso. Cuatro integrantes del Ejército, entre ellos un general que no han sido identificados por seguridad, habían sido detenidos pero quedaron en libertad.
El fiscal principal del caso renunció poco después, en septiembre de 2022, mientras que dos de los cuatro expertos independientes que investigaban el caso también renunciaron.
En aquel momento el presidente de México, Andrés López Obrador, defendió la decisión al indicar que esto no restaba méritos a la investigación. “No hay impunidad”, señaló.
César González, el abogado que representa a los militares, señaló el 21 de junio ante la Fiscalía mexicana que el caso del gobierno contra sus clientes es débil y solo se basa en declaraciones de integrantes del cártel.
Postura de familiares de las víctimas
Santiago Aguirre, el abogado principal que representa a las familias de los estudiantes desaparecidos, manifestó a The New York Times que el gobierno cuenta con pruebas sólidas contra los militares y que las órdenes originales de aprehensión solo se cancelaron debido a la presión política.
“El presidente le informó directamente a las familias, es que en la acusación de un número tan alto de militares había generado molestia en el Ejército”, agregó Aguirre.
Los padres de las víctimas siguen exigiendo la detención de más militares y los expertos independientes que quedaron aseguraron que solo se quedarían en el caso si las órdenes de aprehensión se emiten de nuevo.
Ahora, esas órdenes de captura fueron reactivadas. La jueza que lleva el caso deberá decidir al respecto en los próximos días.
Solicitud de extradición
López Obrador envió el 20 de junio una segunda carta al primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, para exigir la extradición de Tomás Zerón, exdirector de la extinta Agencia de Investigación Criminal, otro implicado en el caso de Ayotzinapa.
“Ya mandé al primer ministro de Israel una segunda carta para que nos ayuden en la extradición del señor Tomás Zerón, ya le envié la carta. Es la segunda porque no puede ser que Israel proteja, bajo ninguna circunstancia, a ningún torturador”, expresó el mandatario.
México había anunciado desde septiembre de 2020 la solicitud para extraditar desde Israel a Zerón, exfuncionario del sexenio del exmandatario Enrique Peña Nieto (2012-2018) acusado de ocultar pruebas y torturar testigos del caso de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa en septiembre de 2014, reseñó EFE.
La primera carta sobre el tema fue enviada en septiembre de 2021, cuando el primer ministro era Naftali Bennet. Pero el proceso se ha complicado porque ambos países no tienen acuerdo de extradición.
“Nadie debe proteger torturadores en el mundo, y mucho menos quienes sufrieron de represión, de tortura, de extermino. Estoy seguro de que la comunidad judía en México nos va a ayudar también porque no se puede permitir esto”, indicó el mandatario mexicano.
¿Qué pasó con los estudiantes?
El 26 de septiembre de 2014 policías de la ciudad de Iguala, en el estado de Guerrero, presuntamente capturaron a un grupo de estudiantes de magisterio de la escuela Normal Rural de Ayotzinapa, con la ayuda de otros cuerpos de seguridad locales, estatales, federales y de miembros del crimen organizado.
Hasta el momento se desconoce qué pasó luego con los jóvenes, solo han aparecido pequeños restos óseos que fueron identificados como partes de tres de los alumnos.
Abogados de los familiares de las víctimas y los expertos internacionales que colaboran con la investigación bajo mandato de la Organización de los Estados Americanos (OEA) llevan años en el caso.
El grupo de la OEA denunció en marzo que el Ejército les ocultaba información y evidencias clave para esclarecer lo ocurrido.
