• La Zona en Reclamación ha estado en disputa desde el siglo XIX, primero con Reino Unido, y luego con la República de Guyana. Sin embargo, los intereses de ambas naciones por los yacimientos minerales es el motor que ahora impulsa al régimen de Nicolás Maduro a promover un referendo para crear el nuevo estado de la Guayana Esequiba

En los mapas de Venezuela siempre ha estado el Esequibo. Esa región rayada que figura como “Zona en Reclamación”, y que desde la escuela, se enseña a los niños venezolanos que forma parte del país, aunque en la práctica nunca logró ser integrado por completo al territorio. Aun así, tras años sin ser mencionada más allá de las clases de geografía, vuelve a ser foco de atención por la última campaña del régimen de Nicolás Maduro.

El 21 de septiembre, la Asamblea Nacional afín al oficialismo aprobó un acuerdo para promover una consulta popular, para que, de acuerdo con su presidente, Jorge Rodríguez, el pueblo “refuerce los inalienables derechos de Venezuela sobre el territorio”. Posteriormente, el Consejo Nacional Electoral (CNE) fijó para el 3 de diciembre la realización del referendo en el cual los votantes elijan si están de acuerdo o no en defender la soberanía venezolana sobre este territorio y crear allí el nuevo estado de la Guayana Esequiba.

Desde entonces, el país se ha sumergido en una gran campaña electoral en la que todos los comandos de campaña apoyan a una misma opción. El oficialismo ha invertido recursos por todo el país para promover el referendo, y en el que han participado artistas, personalidades, e incluso sectores de la oposición cercanos al régimen. Un despliegue propagandístico que apela al patriotismo, pero también asoma los intereses del Estado venezolano sobre los yacimientos gasíferos y petroleros en aguas actualmente disputadas con la República Cooperativa de Guyana.

La recuperación del territorio Esequibo es una idea internalizada en la mayoría de los venezolanos desde su formación temprana. Y obedece a una disputa histórica que se remonta al siglo XIX, y que involucra al Reino Unido y luego a Guyana. Una deuda pendiente que el país ha cargado con el paso de las décadas, más allá de los usos políticos de los gobiernos de turno.

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Foto: EFE/ Miguel Gutierrez

Las cinco preguntas

El 23 de octubre, el presidente del CNE, Elvis Amoroso, anunció que el referendo por el Esequibo consistirá en cinco preguntas que se someterán a consulta de los electores. Los diferentes comandos del régimen de Maduro instan a la población a marcar “sí” en cada una de ellas. Las preguntas son:

1. ¿Está usted de acuerdo en rechazar, por todos los medios, conforme a derecho, la línea impuesta fraudulentamente por el Laudo Arbitral de París de 1899, que pretende despojarnos de nuestra Guayana Esequiba?

2. ¿Apoya usted el Acuerdo de Ginebra de 1966 como el único instrumento jurídico válido para alcanzar una solución práctica y satisfactoria para Venezuela y Guyana, en torno a la controversia sobre el territorio de la Guayana Esequiba?

3. ¿Está usted de acuerdo con la posición histórica de Venezuela de no reconocer la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia para resolver la controversia territorial sobre la Guayana Esequiba?

4. ¿Está usted de acuerdo en oponerse, por todos los medios, conforme a derecho, a la pretensión de Guyana de disponer unilateralmente de un mar pendiente por delimitar, de manera ilegal y en violación del derecho internacional?

5. ¿Está usted de acuerdo con la creación del estado Guayana Esequiba y que se desarrolle un plan acelerado para la atención integral a la población actual y futura de ese territorio, que incluya entre otros el otorgamiento de la ciudadanía y cédula de identidad venezolana, conforme al Acuerdo de Ginebra y el Derecho Internacional, incorporando en consecuencia dicho estado en el mapa del territorio venezolano?

Ante la corte

Corte Internacional de Justicia rechazó excepciones preliminares de Venezuela sobre el Esequibo
Corte Internacional de Justicia, en La Haya. Foto: Cortesía

En 2018, Guyana interpuso una demanda contra Venezuela ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ). Esto para determinar la validez del Laudo Arbitral de París, el cual le arrebató el Esequibo a Venezuela en 1899. El régimen de Nicolás Maduro rechazó la medida y desconoció la autoridad de la CIJ sobre el caso, por lo que jamás presentó su defensa ante el tribunal en La Haya (Países Bajos).

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La tercera pregunta del referendo busca ratificar esta postura. Para Venezuela, solo tiene validez el Acuerdo de Ginebra de 1966 y la mediación directa de la Organización de Naciones Unidas (ONU). Pese a que la CIJ es el principal órgano de la ONU, y que el propio organismo refirió el caso allí, ante el fracaso de sus gestiones anteriores. En junio de 2022, Venezuela introdujo sus objeciones preliminares para evitar que el juicio avanzara, pero el 6 de abril de 2023, la CIJ las declaró sin lugar.

El 14 de noviembre, el gobierno de Guyana presentó una nueva demanda ante la CIJ, esta vez contra el referendo venezolano. El vicepresidente de ese país, Carl Greenidge, pidió que se pongan medidas provisionales, alegando que Venezuela pretende no solo anexar el Esequibo, sino también desconocer futuros fallos que pudiera tomar la corte. “Caracas declaró públicamente planes que suponen una amenaza existencial a Guyana”, declaró Greenidge.

Por su parte, pese a desconocer la instancia, la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, acudió el 15 de noviembre a La Haya para defender la legalidad de la elección. Durante la audiencia, aseguró que Venezuela “no reconoce la vía judicial como un medio amistoso para alcanzar una solución práctica y mutuamente satisfactoria para las partes”.

Contrapunteo

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Foto: EFE

Desde que inició la campaña por el Esequibo, Nicolás Maduro ha centrado sus alocuciones en recordar las razones históricas y jurídicas que amparan a Venezuela en su reclamo. Sin embargo, también ha dedicado momentos para atacar a Guyana, sobre todo por la otorgación de licencias para explotar recursos naturales en el territorio disputado. “Por las malas nada. Nadie podrá con Venezuela. Llámese imperio gringo, Comando Sur, o políticos peleles a sueldo como el presidente de Guyana”, aseveró.

Un día después de que la AN oficialista aprobara la consulta popular, el 24 de octubre, el gobierno de Guyana emitió un comunicado en el que la consideró como “ilegal”. Ahí se firmó un acuerdo entre el gobierno y la oposición guyanesa, en el que coinciden en condenar lo que consideran como una violación de su Estado de derecho. “No se deben escatimar esfuerzos para resistir los persistentes esfuerzos de ese país (Venezuela) por socavar la soberanía y la integridad territorial de Guyana”, expresó el texto.

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El presidente de Guyana, Irfaan Ali. Foto: Cortesía

El presidente de ese país, Irfaan Ali, declaró además que si bien apoyan una resolución pacífica del conflicto, no cederán “ni una pulgada” del territorio. “El gobierno y la oposición emitimos recientemente una declaración conjunta en la que dejamos muy claro que nadie cometa ni un solo error. Esta Esequiba es nuestra, cada centímetro cuadrado”, dijo.

Luego de que Ali participó en un acto político en el Esequibo, la Cancillería venezolana emitió un comunicado en el que aseguró que el mandatario guyanés, “siguiendo instrucciones del Comando Sur de los Estados Unidos”, planea una escalada del conflicto. Instó al país vecino a “desechar la carrera bélica, asumir el diálogo diplomático y abandonar las acciones ilegales, contrarias al Acuerdo de Ginebra”.

Intereses petroleros

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Buque petrolero en aguas disputadas entre Venezuela y Guyana. Foto: Cortesía

La urgencia por recuperar el Esequibo no solo se limita a razones históricas y geográficas. Como parte del escudo guayanés, esta región es rica en yacimientos minerales, principalmente de diamante, oro, bauxita y coltán. Su amplia extensión de selva y bosques húmedos también le otorga un gran potencial para la explotación maderera, turismo y energía hidroeléctrica.

En 2011, Guyana modificó su plataforma continental marítima para la explotación marítima, marcando zonas que forman parte de la disputa territorial con Venezuela. Precisamente allí, en 2015, la empresa estadounidense Exxon Mobil halló yacimientos de petróleo y gas en estas aguas. Ese año el gobierno guyanés otorgó a la petrolera una concesión para la explotación del Bloque Stabroek, frente a las costas de la Guayana Esequiba.

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Foto: EFE/ Miguel Gutierrez

Esto derivó en la mayor crisis diplomática entre Venezuela y Guyana desde 1999. El régimen de Maduro llamó a consultas a su embajadora en Georgetown, mientras la Asamblea Nacional, de mayoría opositora, aprobó un acuerdo unitario en defensa del Esequibo. Se solicitó la mediación de la ONU, bajo los auspicios de su secretario general, como única figura reconocida por Venezuela.

El entonces secretario general, Ban Ki-moon, indicó en 2016 que si el mecanismo de buenos oficios no daba resultado, sería remitido a la CIJ, cosa rechazada por Venezuela. Fue entonces al actual secretario, António Guterres, quien le correspondió enviar el caso a La Haya, mientras Guyana hasta la fecha continúa la explotación de recursos en la Zona en Reclamación. De acuerdo con la agencia Reuters, Exxon Mobil estima que podría extraer más de 11.000 millones de barriles de petróleo y gas del bloque Stabroek.

Antecedentes

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Con la llegada de Cristóbal Colón a América en 1492, los reinos de España y Portugal, para entonces potencias europeas, firmaron en 1494 el Tratado de Tordesillas, con el cual se repartieron las rutas marítimas y territorios del denominado Nuevo Mundo. Así, aunque todavía los españoles no ejercían un control absoluto de la zona, quedaba bajo su jurisdicción lo que luego sería la provincia de Guayana.

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El tratado no fue reconocido por otras potencias como Países Bajos, que a finales del siglo XIV crearon asentamientos cerca del río Esequibo. Esto provocó diferentes conflictos entre ambos reinos hasta que en 1791 se firmó un acuerdo en el que se reconocía la posesión española de los territorios al oeste del río, como parte de la Capitanía General de Venezuela, mientras los neerlandeses se expandieron hacia el este, en lo que hoy es Surinam.

En 1814, el Reino Unido pasa a controlar las colonias neerlandesas de Demerara, Berbice y Esequibo. Esto supuso un conflicto con Venezuela, pues los nuevos colonos ingleses comenzaron a ocupar territorios más allá de la frontera, aprovechando la inestabilidad política por la guerra de Independencia. Incluso, en 1822, el diplomático José Rafael Revenga, en nombre de la entonces Gran Colombia, envió una nota de protesta a Londres por las constantes incursiones.

Pero con la creación de la Guayana Británica en 1831, los avances continuaron. Para ese entonces Venezuela se había separado de Colombia y estaba en un proceso de reorganización, además de enfrentar constantes guerras internas que impedían ejercer un control efectivo sobre su territorio. En 1835, por encargo de la Corona, el explorador Robert Hermann Schomburgk trazó un mapa de Guayana británica que corría su frontera más al oeste, hasta el río Moruca. Luego, en 1839, trazó una segunda línea en la que anexó  141.930 kilómetros cuadrados, hasta el Monte Roraima. 

Pese a los reclamos de Venezuela, que aún seguía sumida en una fuerte inestabilidad que le impedía mantener una representación diplomática fuerte, estas anexiones siguieron, acompañadas por migraciones de colonos británicos. Para 1888, Reino Unido se había apropiado de 203 310 km², llegando hasta el río Orinoco y tomando poblaciones como El Callao. 

Fallas y arbitrajes

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Firma del Acuerdo de Ginebra, en 1966. Foto: Cortesía

Venezuela rompió relaciones diplomáticas con Londres en 1887. Por su parte, Estados Unidos se involucró en el conflicto en 1895, ofreciendo al gobierno venezolano fungir como su representante legal para resolver la disputa fronteriza. Reino Unido aceptó acudir a tribunales internacionales con el Acuerdo de Arbitraje firmado en 1897 en Washington. 

El tribunal arbitral constituido en Francia estuvo compuesto por cuatro británicos, cuatro estadounidenses y un mediador ruso. Igual los equipos de abogados, donde solo hubo un venezolano. El 3 de octubre de 1899, el tribunal, tras apenas seis días de deliberación, falló a favor de Reino Unido, devolviendo a Venezuela solo la desembocadura del río Orinoco. Este laudo arbitral fue de inmediato desconocido por Caracas.

No fue hasta 1962 que Venezuela nuevamente reclamaría ante instancias internacionales sus derechos sobre el Esequibo. El gobierno de Rómulo Betancourt exigió al Reino Unido la anulación del laudo de París, por considerarlo un proceso viciado e írrito. El 26 de mayo de 1966 ambas partes firmaron un acuerdo en Ginebra, Suiza, donde se comprometieron a resolver pacíficamente la disputa. 

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Apenas unos meses después, Reino Unido le concedió su independencia a la Guayana británica, que pasó a ser la República de Guyana. Sin embargo, desde su primer día de existencia debió suscribir el tratado y ocupar la posición de Londres dentro de las negociaciones. Aunque se mantuvo el statu quo, con Guyana administrando el Esequibo hasta llegar a un acuerdo definitivo, por lo menos ahora se reconocía nuevamente las aspiraciones de Venezuela sobre ese territorio.

El Acuerdo de Ginebra tenía una carácter transitorio, y se conformó una comisión mixta con la idea de llegar, en máximo cuatro años, a la resolución final de la disputa. Pero el proceso se ha extendido por décadas, a pesar de que ambas partes apelaron entre 1982 y 1999 al mecanismo de buenos oficios de la ONU. 

El olvido rojo

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Hugo Chávez y el entonces presidente de Guyana, Jagdeo Bharrat. Foto: Cortesía

Durante años, la Zona en Reclamación permaneció como una suerte de tierra de nadie. A pesar de representar cerca del 70 % del territorio actual de Guyana, ese país no había logrado grandes acuerdos para la explotación de sus recursos, pues las grandes empresas mineras y petroleras temían perder sus acciones en Venezuela si entraban en el conflicto. Todo cambió con la llegada al poder de Hugo Chávez en 1998.

Geopolíticamente Guyana siempre ha estado alineada más con el Caribe que con Suramérica. Esto pues, al igual que ese país, varias islas comparten un pasado colonial británico y forman parte de la Commonwealth. En 2005 Chávez creó Petrocaribe, una alianza estratégica para proveer de energía a la región, incluyendo a Guyana. Promovió la inclusión de ese país en otras instancias multilaterales con el fin de ganarse también a sus aliados caribeños.

El acercamiento con Georgetown ya se había concretado un año antes, con un encuentro entre Chávez y el entonces presidente guyanés, Bharrat Jaddeo. Allí, afirmó que su Administración no se opondría a la llegada de inversiones extranjeras a la Zona en Reclamación. “El gobierno venezolano no será un obstáculo para cualquier proyecto a ser conducido en el Esequibo, y cuyo propósito sea beneficiar a los habitantes del área”, declaró.

En 2011, el periodista Nelson Bocaranda denunció que en una reunión de la Comunidad del Caribe (Caricom) y la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), Chávez había acordado congelar la disputa territorial con Guyana. Esto con el fin de sumar el voto caribeño ante el Consejo de Seguridad de la ONU. Si bien mantuvo su postura a favor del Acuerdo de Ginebra, a lo largo de su gobierno Chávez realizó declaraciones en las que mostraba desinterés por el Esequibo, e incluso una fuerte oposición a cualquier escalada de tensiones con Guyana.

A pesar de lograr el apoyo del bloque caribeño en diferentes instancias internacionales, al momento de tratar el tema del Esequibo, Caricom se ha mantenido del lado de Guyana. Igualmente, con la salida de las transnacionales de Venezuela ante la ola de nacionalizaciones promovida por el chavismo, muchas han encontrado en Georgetown un socio comercial menos hostil y cercano a los yacimientos del macizo guayanés. Y aunque desde 2013 el régimen de Maduro intensificó sus reclamos, su situación internacional actual hace que el panorama ahora luzca similar al del laudo de 1899.

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