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- Las violaciones al libre ejercicio de los periodistas, la censura y el bloqueo contra portales informativos en el país marcaron el año
Durante 2023, en Venezuela se registraron más de 300 violaciones contra la prensa desde enero a noviembre. Mayo fue el mes con más ataques al libre ejercicio de la libertad de expresión, con 51 denuncias documentadas, de acuerdo con la organización Espacio Público.
Para esa fecha, el 83 % del total de las violaciones computadas equivalen a actos de censura, intimidación y hostigamiento verbal contra periodistas y medios de comunicación. Los responsables de estas vulneraciones al derecho fundamental a buscar, recibir y difundir información fueron funcionarios públicos (30 %), cuerpos de seguridad (23 % ) e Instituciones del Estado (23 %).
Las ONG consideran que en Venezuela prevalece la impunidad por parte del régimen de Nicolás Maduro sobre los crímenes contra los periodistas y medios de comunicación.
Estas denuncias figuran en el informe especial que la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos (MDH) sobre Venezuela presentó el 20 de septiembre en Ginebra, Suiza.
La Misión investigó denuncias sobre violaciones de los derechos humanos reportadas entre enero de 2020 y agosto de 2023, y concluyó que había “motivos razonables” para creer que el régimen de Nicolás Maduro ha intensificado recientemente sus esfuerzos de reducir el espacio cívico y democrático, coartando las libertades individuales y colectivas y extendiendo su control sobre la labor de personas defensoras de derechos humanos, organizaciones de la sociedad civil, sindicatos, medios de comunicación y partidos políticos.
“Continúan cometiéndose en Venezuela violaciones graves a los derechos humanos. Recientemente, estos incidentes se han llevado a cabo de manera más selectiva contra determinadas personas de la sociedad civil, tales como dirigentes sindicales, periodistas y personas defensoras de derechos humanos”, aseguró Marta Valiñas, presidenta de la Misión.
Clima de restricción de la información
La censura, restricciones, la desinformación, problemas de conectividad y el acceso a Internet se han consolidado como mecanismos de represalia de los organismos gubernamentales contra los medios independientes y organizaciones de la sociedad civil en Venezuela.
El patrón que se repite es impedir las coberturas de periodistas, socavando el derecho a la libertad de prensa. Los casos más recientes que reflejan esta realidad son la elección primaria de la oposición y el referendo consultivo sobre el Esequibo, realizado por el régimen de Nicolás Maduro. En ambos casos se presentaron violaciones y censura para el libre ejercicio de los periodistas.
En octubre de 2023, Espacio Público denunció que la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) censuró contenidos y cobertura en la elección primaria de la oposición. La acción limitó la capacidad de las personas para acceder a información independiente sobre los candidatos, las propuestas políticas y los eventos asociados a ese proceso, lo que constituyó en una violación de la libertad de expresión y el derecho a la información de la ciudadanía venezolana.
Desde hace varios años, Conatel bloquea el acceso a páginas web de medios de comunicación independientes, pero en este caso, entre los sitios bloqueados más recientemente se incluyó el portal informativo para consultar las mesas electorales de la elección primaria.
“Estas prácticas de censura e inhibición constituyen una injerencia arbitraria en el proceso electoral, que está protegido por el derecho humano a la asociación. El objetivo estatal es limitar la capacidad de las personas para participar libremente en asuntos públicos, en este caso con fines políticos distintos a los intereses partidistas del gobierno en funciones”, reseña Espacio Público en su portal web.
En diciembre de 2023, este patrón se repitió, pero durante el referendo consultivo sobre el Esequibo celebrado por el oficialismo. El domingo 3 de diciembre, Espacio Público documentó al menos siete casos de violaciones a la libertad de expresión de periodistas y medios de comunicación.
De acuerdo con el reporte, funcionarios del Plan República (militares) limitaron el trabajo de periodistas y equipos de prensa de Venevisión, Televen, VTV, Globovisión, Unión Radio, entre otros.
El periodista Eduardo Viloria, corresponsal del Diario de Los Andes en el estado Trujillo, fue llevado a un comando de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) luego de que el Plan República le impidiera cubrir la jornada del referendo consultivo en el centro de votación de la Escuela Francisco Arévalo, ubicado en la parroquia Betijoque del municipio Rangel.
La información fue reportada por el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP), que agregó que los funcionarios de seguridad del Estado no le permitieron tomar fotografías del centro ni pedir información. Posteriormente le quitaron su credencial del Consejo Nacional Electoral (CNE) y lo llevaron al comando de la PNB.
Bloqueo a portales informativos en Venezuela
Un informe elaborado por la organización no gubernamental VE Sin Filtro y el Instituto de Prensa y Sociedad (IPYS) alertó sobre un alza del bloqueo de páginas web en el país entre 2022 y el primer semestre del 2023, registrando un aumento superior al 20 % en comparación con años anteriores.
El 14 diciembre de 2023, VE Sin Filtro señaló que han registrado 80 casos de bloqueo en páginas web entre enero y octubre de 2023.
El primer dominio bloqueado en 2023 fue el sitio web de El Diario (eldiario.com). La restricción comenzó el 25 de enero por parte de la estatal CANTV.
El 26 de abril, se registraron restricciones para entrar al dominio de Salario Digno. En este segundo caso, la restricción se dio a través de CANTV, Digitel e Inter.
La página del Observatorio Venezolano de Finanzas se encuentra bloqueada desde el 3 de mayo por CANTV, Movistar, Digitel, Supercable e Inter.
Otros medios de información que se vieron afectados por bloqueos fueron: Opinión y Noticias, Foco Informativo, Oriente 24, La Gran Aldea, El Carabobeño y Noticias del Mundo.
La ONG también constató restricciones para ingresar en las páginas web de varias ONG a lo largo de los años. Actualmente, se encuentran bloqueadas las siguientes: Mi Convive, Acceso a la Justicia, Change.org y Justicia, Encuentro y Perdón.
De acuerdo con VE sin Filtro, los bloqueos son implementados directamente para dominios que terminen en informativo.com y noticias.com respectivamente, por lo que la pagina noticias.com tambien tiene activo bloqueo HTTPS/HTTP+DNS por movistar y ademas bloqueo DNS por CANTV, Digitel Inter y NetUno.
De acuerdo con el Reporte sobre la situación de los derechos humanos digitales en Venezuela 2023, se registró la restricción de sitios web en las siguientes categorías: (recuadro)
-Noticias: 48
-Crítica política: 14
-Problemas de derechos humanos: 5
-Intercambio de medios: 3
-Herramientas de anonimato y elusión: 3
-Economía: 2
-Discursos de odio: 2
-Pornografía: 2
-Salud pública: 2
-Comercio electrónico: 1
Cierre de espacios radiales en Venezuela
El cierre de emisoras de radio es otro factor que amenaza los espacios independientes e independientes en el país. Hasta septiembre de 2023, seis emisoras fueron cerradas por órdenes de Conatel. Entre noviembre de 2023, la emisora Class 98.7 FM (estado Cojedes) fue cerrada de forma arbitraria y pasó a engrosar la lista de medios de comunicación cuyas operaciones han quedado sin efecto durante este año.
El cierre de Class 98.7 FM se hizo efectivo el 24 de noviembre, amparado en la resolución N° GST-RS-00780, emitida por Conatel. La seccional Cojedes del Colegio Nacional de Periodistas (CNP) declaró que el cierre causó conmoción porque “salió del aire una ventana informativa y de entretenimiento para los cojedeños”.
Tanto el CNP como el Sindicato Nacional de Trabajadores de la prensa (SNTP) califican estas acciones como una violación a la libertad de expresión y de prensa.
Al menos 290 emisoras han cerrado en 20 años
Espacio Público alertó que, desde 2003 hasta 2022, Conatel ordenó el cierre de al menos 284 emisoras de radio, y se suman las que han cesado sus transmisiones en lo que va de año. La cifra podría alcanzar las 290 emisoras.
Fallas en la conectividad a Internet imposibilita el acceso a la información
La asociación civil Freedom House publicó su informe sobre la libertad de expresión en Internet el 4 de octubre de 2023. De los 20 países que la institución internacional catalogó como “sin libertades digitales” en el mundo, Venezuela y Cuba son los únicos dentro de esa categoría en América.
De acuerdo con el informe, los apagones son el principal factor de las restricciones a Internet en el país.
VE sin Filtro, en un reporte publicado en diciembre de 2023, informó sobre la detección de una caída de la conectividad a Internet el 20 de noviembre en los estados andinos, que se prolongó por más de nueve horas. Los estados más afectados fueron Barinas (la conexión a Internet cayó a 54 % de sus valores normales) y Trujillo (bajó a 70 %).
El 21 de noviembre, a las 12:00 pm, las fallas del servicio eléctrico afectaron la conectividad en el occidente del país, con mayores incidencias en los estados Portuguesa (55 % de sus valores normales) y Trujillo (61 %).
De acuerdo con el Índice Global de velocidad de Internet de Ookla, y citadas en el informe, la conexión móvil venezolana es de las más lentas del mundo, posicionada en el puesto 135 de 140 para mayo del 2023.
En Venezuela, la falta de acceso a internet se ha convertido en un desafío palpable que afecta a gran parte de la población. Este problema va más allá de la simple desconexión; es una barrera que limita el acceso a información crucial, constituyendo una preocupante violación al derecho humano de acceso a la información.
En muchas regiones del país, la infraestructura de Internet es precaria o inexistente. Comunidades enteras se encuentran desconectadas, sin la posibilidad de acceder a la información disponible en línea. Esto crea una disparidad evidente, donde comunidades en el interior del país se enfrentan a un vacío digital.
Esta situación no solo representa un inconveniente, sino que también constituye una violación directa al derecho humano de acceso a la información. La Declaración Universal de Derechos Humanos establece claramente que “toda persona tiene derecho a la libertad de opinión y expresión”, y esto incluye el acceso a la información. La falta de conectividad en Venezuela impide que los ciudadanos ejerzan plenamente este derecho fundamental.
