• El gobierno de Nicolás Maduro ha negado los señalamientos sobre las condiciones alimentarias del país | Foto: EFE

Este martes 19 de marzo la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los DD HH presentó una actualización sobre la situación de derechos humanos en Venezuela.

La ONU calificó de “innecesarias” las medidas arbitrarias por parte de los cuerpos de seguridad del Estado que toman contra los manifestantes que exigen sus derechos económicos y sociales. 

Preocupan los casos de arrestos y detenciones arbitrarias, despidos del empleo o restricciones en su acceso a las prestaciones sociales, como consecuencia de la participación en tales manifestaciones”, señaló Nada Al-Nashif, alta comisionada adjunta para los DD HH de la ONU.

El gobierno de Nicolás Maduro, luego de las advertencias de la organización sobre las condiciones de salud y servicios en Venezuela, ordenó a los integrantes de la Comisión de la ONU desocupar las oficinas en Caracas el 15 de febrero.

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ONU solicitó liberación de los presos políticos 

La organización de las Naciones Unidas recordó que defensores de los derechos humanos en Venezuela “siguen enfrentándose a la represión, detención arbitraria y a las amenazas”. 

Entre ellas citó a la abogada y especialista en materia militar Rocío San Miguel y a Javier Tarazona, director de la organización no gubernamental (ONG) Fundaredes, organización sin fines de lucro que documenta la explotación y violaciones a los derechos humanos, principalmente en zonas fronterizas de Venezuela.

“En este contexto, también hago un llamado a las autoridades para que se abstengan de adoptar el Proyecto de Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de Organizaciones No Gubernamentales y Afines en Venezuela, que incluso podría impedir la entrega de ayuda y asistencia humanitaria vital”, resaltó la funcionaria de la ONU.

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Activistas de derechos humanos exigen la liberación plena de Rocío San Miguel y de sus familiares
La ONU se refirió a la detención de Rocío San Miguel, abogada especialista en materia militar y directora de la ONG Control Ciudadano. Foto: EFE/ Jeffrey Arguedas ARCHIVO.

El organismo instó a hacer cumplir la firma de los Acuerdos de Barbados en octubre de 2023 entre el gobierno y la Plataforma Unitaria Democrática para que “se apliquen plenamente de buena fe” y reiteró a todas las partes que los derechos humanos deben ser un elemento central de las negociaciones. 

Proceso electoral

En el documento, el Alto Comisionado de la ONU se pronunció sobre las elecciones presidenciales en Venezuela, programadas para el 28 de julio.

La ONU expresó su preocupación acerca de los obstáculos que enfrenta el proceso, de acuerdo con varias denuncias, que incluyen actos de intimidación y estigmatización de miembros opositores.  

Los derechos humanos, como la libertad de expresión, reunión y asociación, y un entorno seguro son condiciones esenciales para los procesos electorales y deben protegerse. Reitero los llamados anteriores para que los procesos electorales nacionales de Venezuela sean transparentes, inclusivos y participativos”, aseveró la ONU.

La Oficina del Alto Comisionado para los DD HH de la ONU pidió la liberación de todas las personas detenidas arbitrariamente en Venezuela.

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Desde enero de 2023, el despacho ha registrado 18 casos de desaparición forzada realizadas por organismos de inteligencia del Estado venezolano.

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Foto: CNE

Investigación de la CPI en Venezuela

El 1° de marzo, la Sala de Apelaciones de la Corte Penal Internacional (CPI) emitió la sentencia sobre la reanudación de las investigaciones por crímenes de lesa humanidad de Venezuela. 

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El organismo confirmó la decisión del 27 de junio de 2023 de la Sala Primera de Cuestiones Preliminares que autorizó al fiscal de la CPI, Karim Khan, a reanudar la investigación.

“No encontramos error alguno en la decisión de la Sala de Cuestiones Preliminares”, indicó Marc Perrin de Brichambaut, presidente de la Sala de Apelaciones de la CPI sobre el caso de Venezuela en referencia a la decisión del gobierno de Nicolás Maduro de desestimar la apelación.

Con la decisión de la CPI, se reanuda la investigación sobre posibles crímenes de lesa humanidad cometidos en el país.

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