• La abogada Andrea Rondón afirmó para El Diario que este proceso es ilegal e inconstitucional

Desde 2018, año en el que tuvo más repunte el éxodo venezolano debido a la crisis que enfrenta el país, se ha corrido la voz del inicio de una medida por parte del régimen de Nicolás Maduro: “Plan Ubica tu Casa”, que consiste en habitar un inmueble que estuviese vacío, sea cual fuese la razón.

Sin embargo, el ministro para Hábitat y Vivienda del régimen de Maduro, Ildemaro Villarroel, denunció en su momento que la información sobre esta medida era falsa. “Otra mentira con la que los enemigos de esta revolución justa y humanista buscan dañar la imagen de la Gran Misión Vivienda Venezuela victoriosa. Desmiento categóricamente esta farsa, con firma falsa”, dijo Villaroel en agosto de 2018.

A pesar de estas declaraciones, un año después se encendieron nuevamente las alarmas. Este 20 de septiembre los líderes vecinales de la parroquia San Pedro, en Caracas, denunciaron que colectivos aliados a miembros de la comuna y funcionarios policiales tomaron por la fuerza un apartamento vacío, cambiaron las cerraduras y anunciaron que sería asignado a una familia distinta de sus propietarios.

Asimismo, informaron que en la esquina de Puerto Escondido, en la parroquia San Juan, unas personas habían invadido un hotel.

Carlos Julio Rojas, coordinador del Frente en Defensa del Norte de Caracas, señaló el fin de semana que el censo nacional de vivienda “cobró sus primeras víctimas en la capital, cuando iniciaron un intento de invasión de apartamentos en la avenida Victoria, donde ya 12 viviendas, solas o que están ocupadas por familiares de los propietarios que no están en el país, han sido marcadas y serían adjudicadas a otras personas”.

La abogada Andrea Rondón, integrante del Comité Académico de Cedice Libertad (Centro de Divulgación del Conocimiento Económico), explicó para El Diario que estos hechos se suscitan debido a que en el país ya no existen leyes formales ni providencias que den a conocer cuáles son las competencias y atribuciones de cada uno de los órganos que están ejecutando este plan y por ello, cuando aparecen en las propiedades hacen este supuesto censo y se apropian de las casas.

La también profesora detalló que todo este tema se ha manejado como “rumores” porque esa es la intención del régimen de Nicolás Maduro, generar una “opacidad absoluta de la información”.

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Foto cortesía

Los vecinos de la avenida Victoria, en el oeste de Caracas, también denunciaron que una supuesta Junta Interventora de la Alcaldía Metropolitana desalojó a cuatro familias de un edificio de esa zona.

Las personas que fueron desalojadas no son propietarias del inmueble, pero arrendaron al titular o son familiares de los dueños que, en la mayoría de los casos, emigraron del país.

Luisana Álvarez, una de las afectadas, denunció que le mandaron a desalojar el apartamento de un familiar que solicitó asilo político. Aseguró que le dijeron que por esa condición “ya perdieron totalmente su vivienda”.

Otros vecinos señalaron que están en contra de estas invasiones y dijeron que “no puede ser que uno no pueda salir (…) dicen que por el hecho que el apartamento esté cerrado 3 meses ya tú lo pierdas”.

Rondón detalló que estas acciones no están legalmente permitidas.

Explicó que el censo nacional lo deben hacer los civiles y no milicianos o personas que estén identificados con un partido político, tal y como ha ocurrido en los últimos días en las zonas en las que han denunciado esta situación “delicada”.

Sostuvo que el “Plan ubica tu casa” es un censo inmobiliario inconstitucional en comparación con el censo legal que estaba destinado principalmente a estadísticas y gráficas poblacionales, mas no a detalles de los inmuebles y bienes de las personas.

La abogada recomienda que los propietarios de los apartamentos estén en contacto con asociaciones civiles o con las ONG dedicadas a proteger la propiedad privada, esto ante la ausencia de instancias que puedan hacerle frente a denuncias de este tipo. Asimismo, exhortó a las personas a documentar estos hechos.

“Lo que podemos hacer en estos casos es documentar lo más posible lo que está ocurriendo (…) Entre vecinos deben estar muy pendientes de lo que ocurra, es lo que queda por hacer en una dictadura, que cada uno de los ciudadanos cooperen entre sí en sus comunidades. Hay que tener voz. Están las redes sociales, están distintos medios de comunicación” sentenció Rondón.

A pesar de las denuncias, esta información se sigue manejando como “rumores”, situación que mantiene en vilo a la población que se encuentra fuera del país y que teme perder sus propiedades.

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