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- El presidente de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales de Venezuela, Humberto Romero Muci, aseguró en exclusiva para El Diario que en el país existe un Estado fallido
En Venezuela todos los poderes públicos, con excepción de la Asamblea Nacional (AN), se encuentran controlados por el régimen de Nicolás Maduro. Y ahora con las cuestionadas elecciones parlamentarias del 6 de diciembre, que dieron la supuesta victoria a los candidatos del PSUV, politólogos y expertos constitucionalistas plantean la continuidad legislativa del Parlamento que preside Juan Guaidó.
El proceso electoral se llevó en completa desolación a lo largo y ancho de Venezuela y con el desconocimiento de gran parte de la comunidad internacional. Según cifras del mismo Consejo Nacional Electoral (CNE), la abstención fue de 31% de un padrón electoral de 20,7 millones de venezolanos. Entretanto, el Observatorio Electoral considera que la cifra de participación es más baja: apenas 18,3%.
En contraste con los comicios del 6D, la AN realizó una Consulta Popular del 7 al 12 de diciembre que, en palabras de Humberto Romero-Muci, presidente de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales de Venezuela, es un canal válido para que se exprese el ciudadano, respaldado en los artículos 5, 62 y 70 de la Constitución de la República.
En entrevista exclusiva para El Diario, Romero-Muci analizó el panorama político y económico actual, así como las posibles soluciones que pudiesen servir para salir del “Estado fallido” en el que, según dice, se encuentra Venezuela.
Sobre Humerto Romero-Muci
Es un destacado abogado graduado en la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB) u003cemu003esumma Cum Laudeu003c/emu003e en Caracas. Asimismo, es magíster en leyes de la facultad de Derecho de la Universidad de Harvard y doctor en Derecho por la Universidad Central de Venezuela (UCV).u003c/pu003enu003c!u002du002d /wp:paragraph u002du002du003ennu003c!u002du002d wp:paragraph u002du002du003enu003cpu003eTambién es individuo de número, ocupando el sillón 14 y presidente de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales de Venezuela. Fue magistrado de la Sala Político Administrativa de la antigua Corte Suprema de Justicia en Venezuela.u003c/pu003enu003c!u002du002d /wp:paragraph u002du002du003e
—¿Qué opina de la denominada Ley Antibloqueo sancionada por la ANC?
—La llamada Ley Antibloqueo ni es ley ni es constitucional. Es una vía de hecho normativa de la inconstitucional asamblea nacional constituyente (ANC) que pretende subvertir el orden jurídico venezolano para implementar en forma encubierta un aparente “cambio de legislación económica”. Sus objetivos son, entre otros, privatizar bienes públicos de forma indiscriminada y opaca, a partir de una facultad para desaplicar selectivamente normas vigentes. Todo esto en violación de la Constitución de la República, la seguridad jurídica y los derechos de los venezolanos.
—¿Esta ley busca privatizar activos del Estado para favorecer a socios de naciones afines políticamente a Maduro?
—La pretendida ley confiesa su deliberado propósito de facilitar, al margen del orden jurídico, la generación de “ingresos adicionales y la obtención de divisas” a través de la liquidación, en secreto, de activos públicos, fuera de los mecanismos ordinarios de control presupuestario y bajo una contabilidad separada, en abierta violación de los artículos 311 al 315 de la Constitución, con el pretexto falso de contrarrestar los efectos de llamadas “medidas coercitivas” o “medidas punitivas” que se atribuyen a agentes extranjeros.
Artículo 311 de la Constitución venezolana
La gestión fiscal estará regida y será ejecutada con base en principios de eficiencia, solvencia, transparencia, responsabilidad y equilibrio fiscal. Esta se equilibrará en el marco plurianual del presupuesto, de manera que los ingresos ordinarios deben ser suficientes para cubrir los gastos ordinarios. El Ejecutivo nacional presentará a la Asamblea Nacional, para su sanción legal, un marco plurianual para la formulación presupuestaria que establezca los límites máximos de gasto y endeudamiento que hayan de contemplarse en los presupuestos nacionales. La ley establecerá las características de este marco, los requisitos para su modificación y los términos de su cumplimiento. El ingreso que se genere por la explotación de la riqueza del subsuelo y los minerales, en general, propenderá a financiar la inversión real productiva, la educación y la salud. Los principios y disposiciones establecidos para la administración económica y financiera nacional, regularán la de los estados y municipios en cuanto sean aplicables.
—¿Qué opina de la nueva ley que gravaría transacciones en divisas? ¿Cómo sería la aplicación de la misma?
—Lo que hay hoy es la potencial aplicación de una sobretasa, un sobreimpuesto o alícuota entre el 5 y 25% a las transacciones denominadas en moneda extranjera. Así se reguló en la pretendida reforma de la ley del Impuesto al Valor Agregado (IVA) de enero de 2020. La fijación final de la alícuota corresponde al Ejecutivo. Esto no ha ocurrido. Puede explicarse porque seguramente la pandemia lo retrasó y el modelo del llamado Petro tampoco funcionó. Lo cierto es que hoy la dolarización de facto de la economía previene esa barbaridad, porque encarece y obstaculiza innecesariamente las transacciones económicas en la menguada economía del país. Es un costo político innecesario e inconveniente para el propio régimen. Cualquier recargo a las transacciones en moneda extranjera será otro añadido a la brutal hiperinflación, a la recesión y a la informalidad de la economía.
—¿Cómo se podría enderezar el torcido derecho y sus instituciones en un país controlado por un régimen como el de Nicolás Maduro?
—En este momento vivimos en un Estado fallido, sin derecho. Solo reina el poder desnudo, que es la arbitrariedad y voluntad del más fuerte. El derecho fue instrumentalizado como medio para la dominación política. Definitivamente, solo un cambio de régimen político permitirá la reinstitucionalización del Estado de derecho, la democracia y la plena efectividad de los derechos humanos. Eso pasa por una transición política, con elecciones libres, competitivas, justas y auditables. Ese es el ingrediente esencial y necesario para refundar el país. No esperemos otra cosa.
—En materia de derecho financiero y tributario, ¿es posible avanzar y concretar en el corto o mediano plazo una dolarización en Venezuela? ¿Qué implicaciones en materia de derecho deben asumirse para llegar a este escenario?
—En este momento vivimos una dolarización de facto o transaccional de la economía. El bolívar perdió funcionalidad totalmente. No sirve para denominar obligaciones, ni como medio de pago, o para atesorar valor, ni siquiera circula físicamente. El dólar cumple esas funciones alternativamente, con idoneidad, primero, porque no está prohibida su circulación, es lícito, por acuerdo entre particulares denominar y pagar con el dólar como moneda exclusiva; y segundo porque el bolívar es libremente convertible externamente según el Convenio Cambiario Número 1.
No creo que pueda establecerse una dolarización formal. Se necesitan acuerdos con el Departamento del Tesoro de Estados Unidos o del país que ayude para establecer un bimonetarismo institucionalizado, lo cual no es políticamente viable con el régimen que ejerce el poder. Además, se requeriría declarar el dólar como moneda de curso legal conjuntamente con el bolívar. Hay una rigidez constitucional que identifica al bolívar como signo monetario nacional, lo que lleva implícito la exclusión de otras monedas como de recepción obligatorias en el país.
—El 6 de diciembre se realizaron las elecciones parlamentarias y en paralelo, del 7 al 12 de diciembre, la oposición venezolana convocó “Consulta Popular”. ¿Qué expectativas tiene con los dos eventos, porque se puede ver en el ambiente un gran cansancio en la población venezolana?
—Las votaciones no democráticas no eligen. Esas pretendidas votaciones (del 6D) son incapaces de elegir, porque están organizadas en infracción de múltiples exigencias de la Constitución y de los instrumentos internacionales sobre derechos humanos. Sobre esto se han pronunciado las Academias Nacionales en varias oportunidades. Todo lo que salga de esas pretendidas elecciones no tendrá efecto ni validez alguno. Será más de lo mismo, vías de hecho, subterfugios para la dominación.
Igualmente, es necesario que la soberanía popular se ejerza, para que los ciudadanos y ciudadanas se expresen libremente. Por ello, consideramos que es importante abrir todos los canales válidos de participación ciudadana, como es el caso de la Consulta Popular nacional convocada bajo la Constitución en sus artículos 5, 62 y 70, por sectores de la oposición y la sociedad venezolana.
—Por su experiencia tributaria, ¿considera positivo o negativo una armonización en ordenanzas de impuestos sobre actividades económicas de industria, comercio y servicios para los municipios en Venezuela?
—La coordinación de potestades tributarias siempre es una medida conveniente para generar certeza jurídica entre los contribuyentes y evitar abusos de las autonomías municipales en la creación y aplicación de sus tributos propios. Sobre todo, en materia de alícuotas. Pero esa armonización solo puede legítimamente producirse desde la Asamblea Nacional legítimamente elegida, mediante el consenso democrático, no como se hizo por una vía de hecho judicial de la Sala Constitucional, para imponer un artificial acuerdo de armonización. En ningún caso, la armonización implica ni supone una uniformidad de la potestad tributaria del municipio. Eso no es consistente con la autonomía municipal, ni con la descentralización política que organiza la Constitución como forma del Estado Venezolano.
—Las academias nacionales se han pronunciado en contra de las acciones que se están ejecutando en el Arco Minero, vasta zona ubicada en el estado Bolívar. ¿Qué acciones legales se están realizando para llevar a la justicia a los autores de los delitos contra el medio ambiente que se han denunciado en este caso?
—La impunidad es la regla en los delitos contra el medio ambiente. Resulta paradójico que en Venezuela es el propio Estado, llamado constitucionalmente a proteger el ambiente y a los pueblos indígenas, el que impulsa la barbarie y la depredación crematística del ambiente con la minería ilegal. El Estado actúa como un agente extractivista ajeno al bien común. Para la minería ilegal es eficiente extraer los recursos de una sociedad desordenada, porque las decisiones que afectan la distribución de la riqueza se basan en conexiones personales y arbitrarias en lugar de reglas claras derivadas del Estado de derecho. Lamentablemente hoy para el Estado, la contaminación y la degradación de los ecosistemas es un factor irrelevante, así como la destrucción de la biosfera y de la biodiversidad o menguar la generación de energía hidroeléctrica.
