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- En Gaceta Oficial se informó la instalación del Comité de Control, Seguimiento y Balance Agroalimentario. Este ente tendrá la función de diseñar políticas en torno a la producción, procesamiento, abastecimiento y distribución de alimentos. Foto: Adrián Salazar
El Ministerio de Alimentación del régimen de Nicolás Maduro anunció la creación de un organismo para controlar y regular la producción de alimentos. El jueves 9 de junio se instaló formalmente el Comité de Control, Seguimiento y Balance Agroalimentario. Este se encargará de 11 rubros que fueron declarados estratégicos por el Estado venezolano.
La creación de este comité apareció en la Gaceta Oficial Nro° 42.383, con fecha del 24 de mayo de 2022. Aquí el ministro Carlos Leal Tellería decreta que su función será “planificar, coordinar, efectuar seguimiento, evaluación y control de la implementación de políticas, planes, proyectos para el desarrollo del rubro correspondiente”.
En este sentido, su trabajo será apoyar la sustentabilidad y eficiencia de las unidades de producción adscritas al Ministerio de Alimentación, supervisar toda la cadena de procesos y canalizar a instancias superiores cualquier demanda de materia prima, insumos, maquinarias y equipos.
También evaluar a las empresas del sector privado que produzcan bienes relacionados a esos rubros estratégicos, así como de reportar sobre su situación operativa y cadena de costos.
¿Cuáles son los rubros intervenidos?
En su artículo 1, la resolución del Ministerio de Alimentación declara como rubros estratégicos 11 productos básicos “para garantizar la seguridad y soberanía agroalimentaria del país”. Un lema que el régimen de Nicolás Maduro ha usado por años para justificar cualquier regulación e intervención de la producción nacional y el precio final de los alimentos.
En este caso, los rubros declarados son: azúcar, aceites y grasas, pastas alimenticias y harina de trigo, proteínas animales y leguminosas, leche en polvo, harina de maíz precocida, arroz, enlatados y productos autóctonos.
En el comité está el general de división Menry Fernández Pereira, jefe de la Superintendencia Nacional de Gestión Agroalimentaria (Sunagro) como director general. Y cada miembro estará a cargo de un rubro. En el caso del azúcar estará Alexander Narváez y Gabriel Pérez Ramírez; este último, junto a Félix Romero y Leomar Dominguez, ocupan el rubro de aceites y grasas. En el de pastas y harinas y trigo está Keyler Johana Moguera, y en el de leche José Luis Quintero.
Para las proteínas animales fueron asignados: Edison Álvarez y Marco Antonio Castro; para el de proteínas leguminosas, Cristal Villegas de Cermeño. Narváez también figura como encargado del rubro de harina de maíz precocida. Douglas Núñez estará en el de arroz y Francisco Fonseca en el de enlatados. Finalmente, Marilyn Di Luca Santaella será la encargada del rubro de productos autóctonos.
Los rubros intervenidos tienen un gran impacto sobre toda la cadena de producción nacional. Por ejemplo, el azúcar, aceite y grasas son materias importantes en la elaboración de varios productos, mientras que la harina de trigo no solo afecta a la producción de pastas, sino también a panaderías y reposterías. En el caso de las proteínas, no solo involucra a la industria de cría de animales, sino también a la producción de legumbres como arvejas, lentejas y caraotas, que actualmente forman parte fundamental de la dieta de los venezolanos.
En cuanto a productos autóctonos, al ser una definición genérica podría abarcar una amplia variedad de comestibles que crecen o se elaboran solo en algunas regiones del país. Desde frutas y vegetales endémicos, incluidas ciertas variedades de café o cacao, hasta licores artesanales como el cocuy.
Amplias competencias
La resolución contempla diversas funciones que los miembros del comité deben ejecutar con cada uno de los rubros bajo su jurisdicción. El principal, por su puesto, es velar por el cumplimiento de las políticas centralizadas del régimen de Maduro. Sin embargo, también tienen otras como servir como mediadores en la dotación de los productores y la planificación de los proyectos de desarrollo.
Destaca también que entre sus funciones está la de “verificar el comportamiento de la red de comercialización y distribución de productos, tanto públicos como privados, y la prestación de servicios a precios justos y solidarios en el rubro que les corresponde”. También tienen la potestad de supervisar cualquier empresa para evitar la presunta extracción o desvío de productos. Podrán realizar la denuncia ante las autoridades en caso de detectar, a su juicio, que ocurre una irregularidad.
Otro punto importante establece como función “validar las necesidades de recursos financieros para las plantas públicas y privadas objeto de alguna modalidad de intervención estatal, para el cumplimiento de los planes de producción, distribución, comercialización y logística”.
Vieja costumbre
El anuncio de la creación del Comité de Control, Seguimiento y Balance Agroalimentario, así como la intervención de rubros estratégicos, generó alarma en redes sociales. Entre sus funciones está velar por “precios justos y solidarios”, lo que recordó a los tiempos en los que el régimen de Nicolás Maduro implementó una política de regulación de precios de la canasta básica.
En enero de 2014, Maduro promulgó por decreto la Ley Orgánica de Precios Justos. Esta tenía como fin la “consolidación del orden económico socialista”, con la aplicación de un margen máximo de ganancias para la venta de un producto, a cambio de recibir un subsidio estatal en la dotación de materia prima. A criterio del régimen, los comerciantes y productores habían declarado al Estado una “guerra económica” al inflar los precios de los costos, por lo que se aplicó una férrea política de fiscalización ejecutada por la Superintendencia Nacional para la Defensa para los Derechos Socioeconómicos (Sundde).
El resultado de esto fue que el régimen no contó con la capacidad de subsidiar a los empresarios ni contaba con el aparato productivo esperado tras años de expropiaciones de fábricas y tierras. Igualmente, los precios fijados por la Sundde para los productos regulados en muchos casos no se correspondía con su verdadera cadena de costos, lo que acabó por provocar una escasez general de productos básicos que alcanzó su pico entre 2016 y 2018.
Los principales afectados, además de los productores, fueron los ciudadanos que debieron lidiar con extensas colas para adquirir un producto en cantidades limitadas (uno o dos paquetes por persona). También los pequeños y medianos comerciantes que, sin mercancía y vendiendo a pérdida, debieron bajar sus santamarías por aquella época. Este sistema se aplicó en Venezuela hasta el año 2019, cuando progresivamente fue desplazado por una política de flexibilización económica. Sumado a la dolarización informal, permitió la importación de esos productos escasos en el país, o de materias primas para su elaboración.
Por ese motivo, el hecho de que el comité tenga ahora competencias en la dotación de los productores evoca aquellos años oscuros de controles estatales. También que se haga énfasis en prevenir el desvío de recursos evoca la cruzada del régimen contra “la usura y el acaparamiento”. Esa fue una de las razones por la que muchas empresas privadas fueron intervenidas o terminaron operaciones en Venezuela.
