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- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos urgió la inmediata liberación de los presos políticos en la región
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión condenó la intensa instrumentalización del Poder Judicial para perseguir y encarcelar arbitrariamente a personas por razones políticas en la región.
En un comunicado, el organismo indicó que Cuba, Venezuela y Nicaragua cierran 2022 con 1.467 personas encarceladas por motivos políticos entre los tres países.
La CIDH advirtió que las personas privadas de libertad bajo esos gobiernos son tratados de forma distinta al resto de la población carcelaria, “lo que ha provocado grave deterioro de salud de varias de ellas”. Además, enfatizó que los presos políticos tienen riesgo de sufrir afectaciones a su vida e integridad personal.
Prácticas implementadas por gobiernos autoritarios
El organismo destacó que durante décadas han seguido “con preocupación” la persistencia de detenciones arbitrarias en la región. Además, han evaluado el uso indebido del derecho penal para perseguir a las personas con discrepancias político-ideológicas a los gobiernos de turno y las que ejercen sus derechos de libertad de expresión.
Estas prácticas, denunciadas en diferentes países de la región, las emplean principalmente gobiernos autoritarios caracterizados por la sujeción del Poder Judicial al Ejecutivo.
La comisión enfatizó que la independencia y autonomía del Poder Judicial es esencial para que exista un Estado de derecho y un presupuesto básico para asegurar el ejercicio de los derechos al debido proceso y el acceso a la justicia.
En este sentido, la CIDH se pronunció sobre la inexistencia del Estado de derecho y la democracia representativa en Cuba, Venezuela o Nicaragua.
Cuba encabeza la lista
Con relación a Cuba, la CIDH mencionó el reporte del 30 de noviembre de la organización Prisoners Defenders, en el que se contabilizó que 1.034 personas permanecen detenidas por motivos políticos en ese país.
A principios de diciembre, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, reiteró su petición al gobierno cubano para que se liberen los presos políticos detenidos tras las protestas de julio de 2021 en la isla.
Según la ONG Cubalex y Justicia 11J, tras las protestas del año pasado se han dictado al menos 600 sentencias.
Venezuela tiene un registro de 247 personas privadas de libertad por motivos políticos (115 serían civiles y 132 militares), de acuerdo con información de la ONG Foro Penal. De estos, 14 son mujeres y 233 hombres.
Según datos del Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas en Nicaragua, 195 personas están encarceladas por razones políticas, de las cuales 19 son mujeres y 176 hombres.
“Con base en ello, a solicitud de la CIDH, la Corte Interamericana ha otorgado y ampliado medidas provisionales a favor de personas víctimas de detención arbitraria y sus núcleos familiares”, detalló el organismo.
Trato diferenciado
En el documento, la CIDH explicó que en el tratamiento diferenciado que se advierte, se observan algunos patrones como:
1) Ausencia de información oficial acerca de su situación, incluyendo el lugar de alojamiento
2) Empleo de regímenes de aislamiento e incomunicación
3) Falta de atención médica oportuna y especializada
4) Falta de acceso al agua potable y a la alimentación adecuada
5) Condiciones insalubres
6) Obstáculos para mantener contacto regular, directo y digno con sus familias incluyendo a sus hijos e hijas
7) Restricciones a las visitas por largos períodos de tiempo
8) Sometimiento a tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes.“Adicionalmente, las mujeres privadas de libertad por motivos políticos enfrentan impactos diferenciados debido al género; como violencia de género; tortura y malos tratos como método de castigo, represión y humillación por su rol histórico de liderazgo social”, destacó la comisión.
Sostuvo que en el caso específico de las mujeres trans presas de conciencia, Prisoners Defenders documentó que en algunos casos se encuentran detenidas con hombres, lo cual resulta en múltiples violencias.
La CIDH exige la libertad de los presos políticos
La CIDH recordó que es obligación de los Estados respetar la integridad física y asegurar condiciones de detención compatibles con la dignidad humana. También deben brindar información oficial y actualizada respecto de su situación, así como garantizar el contacto directo y regular con sus familias.
“Las personas detenidas por razones políticas se enfrentan a un mayor riesgo de ser víctimas de tortura y malos tratos, por lo que la Comisión destaca el deber de los Estados de prevenir, combatir y sancionar estos hechos, con la adopción de medidas que contemplen una perspectiva de género y un enfoque diferenciado”, indicó.
En este sentido, la Comisión y su Relatoría Especial urgen a los Estados a poner en libertad a todas los presos por motivos políticos y los instó a emprender acciones humanitarias que permitan constatar y mejorar sus condiciones de detención, incluyendo el facilitar que sean visitadas por sus familiares y personas abogadas de conformidad con el derecho internacional.
La CIDH destacó que los Estados deben asegurar que se respeten todas las garantías del derecho de defensa y del debido proceso. Aseveró que se debe respetar el acceso a una defensa adecuada y, a ser juzgadas dentro de un plazo razonable, mediante un Poder Judicial con garantías de independencia e imparcialidad.
