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- Los afectados fueron trasladados al Hospital Dr. Juan Germán Roscio, ubicado en El Callao
Tras inhalar gas tóxico, tres mineros fallecieron y otros dos resultaron heridos en la población de El Callao, al sur del estado Bolívar. Las víctimas quedaron identificadas como: José Ramón Tarazona Blanca, de 26 años de edad; Carlos Renniel Mejías Payo, de 20 años; y Ronniel Mejías Payo, de 22 años.
De acuerdo con El Diario de Guayama, el hecho sucedió en la mañana del 17 de mayo. Entre los heridos están un adolescente de 16 años de edad, y un hombre identificado como Brayan González, de 31 años.
Se conoció que el grupo de mineros se encontraba realizando labores en la mina La Vincle, ubicada en el sector Nacupay, cuando se registró el accidente. Los afectados fueron trasladados por medios particulares al Hospital Dr. Juan Germán Roscio.
Mineros fallecidos en la entidad
En 2020, en la zona minero de El Callao se registraron al menos tres derrumbes que dejaron más de una decena de muertos. El 21 de julio de ese año, siete mineros fallecieron tras un deslizamiento de tierra.
De acuerdo con Crónica Uno, el accidente ocurrió en el sector minero de Nacupay y las víctimas fueron cuatro hombres y tres mujeres. Sus cuerpos se trasladaron en vehículo particular de familiares e ingresaron sin signos vitales al centro médico.
El 2 de mayo de 2020, en el mismo sector Nacupay de El Callao murieron ocho personas debido a un derrumbe. El hecho ocurrió en la mina Productores del Sur, cuando los trabajadores estaban a nueve metros de profundidad.
El portal informativo Runrunes reseñó que dos meses antes se había registrado un deslizamiento de tierra en la mina La Isidora, un campamento minero ilegal en un área restringida que pertenece a la empresa Mibiturven, antigua CVG Minerven.
Efectos de la minería ilegal
La organización no gubernamental (ONG) Fundaredes ha advertido que los parques y monumentos naturales del país sufren “un proceso de destrucción” por la minería ilegal y otros factores.
La ONG instó a las autoridades a tomar medidas administrativas, legislativas y judiciales que garanticen la protección de la biodiversidad venezolana y el patrimonio natural.
