• Más allá del resultado de la consulta promovida por el régimen de Nicolás Maduro, la duda que reina alrededor del proceso es cómo se planea recuperar la Zona en Reclamación de forma efectiva y pacífica. En entrevista para El Diario, los analistas y diplomáticos Óscar Hernández y Eloy Torres aseguran que la clave es que Venezuela no abandone su juicio en la Corte Internacional de Justicia

La Guayana Esequiba protagoniza, desde hace semanas, la conversación en los medios de comunicación y la narrativa oficial del régimen de Nicolás Maduro. Sobre este territorio de 159.542 kilómetros cuadrados, y que para Venezuela es conocida como su Zona en Reclamación, se realizará el 3 de diciembre un referendo consultivo en el que se le preguntará a la ciudadanía cuál es el rumbo que deberá seguir el Estado venezolano en la lucha histórica para recuperar su soberanía sobre ese lugar.

El reclamo por el Esequibo tiene ya casi dos siglos de antigüedad. Comenzó primero como una disputa con el Reino Unido, que ocupó irregularmente gran parte de esa tierra como parte de la colonia de la Guayana Británica. A partir de 1966, el caso fue heredado por la recién creada República Cooperativa de Guyana, que ha mantenido el control sobre el Esequibo hasta la actualidad. 

Precisamente con Guyana existen en este momento tensiones diplomáticas atizadas tanto por su presidente, Irfaan Ali, como por el propio Maduro. Por un lado, Guyana ve en el referendo una amenaza contra su integridad territorial, pues el Esequibo ocupa alrededor de un 70 % de su superficie. Por el otro, Venezuela, además de su reclamo, denuncia la explotación de petróleo y gas por parte de empresas transnacionales en aguas en disputa, con licencias otorgadas por las autoridades guyanesas.

Encarar a la corte

Corte Internacional de Justicia rechazó excepciones preliminares de Venezuela sobre el Esequibo
Corte Internacional de Justicia. Foto: CIJ/Frank van Beek

Uno de los escenarios en los que se libra la disputa por el Esequibo es la Corte Internacional de Justicia (CIJ), principal brazo judicial de la Organización de Naciones Unidas (ONU). Durante décadas, el secretario general de la ONU ejerció directamente como mediador en el tema; sin embargo, ante el fracaso de su mecanismo de buenos oficios, en 2018 delegó a la CIJ la jurisdicción del caso. Esto coincidió con una demanda de Guyana ante esa instancia para decidir la validez del laudo arbitral de París de 1899, el cual despojó a Venezuela del Esequibo para favorecer en su momento a los británicos.

El régimen de Maduro se ha negado desde el principio a reconocer la autoridad de la CIJ en el caso. Esto al punto de casi no presentar defensa en las audiencias que se han realizado por iniciativa de Guyana. Su argumento se basa en el Acuerdo de Ginebra de 1966, donde se establece la negociación entre las partes como forma de resolver la disputa sin necesidad de acudir a una corte, y solo con la mediación del secretario general de la ONU. De hecho, las tres primeras preguntas del referendo intentan ratificar justamente eso: el desconocimiento del laudo arbitral de 1899 y de la injerencia de la CIJ.

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Sin embargo, diferentes expertos consideran que no acudir a la CIJ, aun bajo la justificación del referendo, sería un grave error. El diplomático y politólogo Óscar Hernández Bernalette declaró en entrevista para El Diario que más allá de una negociación directa con Guyana, la cual luce complicada con las tensiones actuales, Venezuela no cuenta con otras opciones para acudir que no sean la CIJ. Por ese motivo, considera que el régimen, como representante del Estado venezolano, debe comparecer ante la corte y centrar sus esfuerzos en probar la nulidad del laudo arbitral, usando las propias herramientas del sistema.

“Desprenderse de la corte no nos deja muchas opciones que no sean seguir intentando negociar. Para Guyana sería un éxito que Venezuela no se presente a la corte, pues los jueces no tendrían a la contraparte para escuchar su defensa. Entonces eso nos pone en una situación muy compleja”, explica.

Diplomacia fuerte

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Foto: Cortesía

De acuerdo con Hernández, quien fungió como embajador de carrera en diferentes países entre 1978 y 2009, el acuerdo de Ginebra no niega la posibilidad de acudir a la CIJ. “Venezuela siempre prefirió no utilizar una instancia de esa naturaleza por razones de la experiencia anterior (el laudo arbitral de 1899) y por la capacidad que había en la negociación para satisfacer a ambas partes”, cuenta.

Para el diplomático y analista internacional Eloy Torres Román, la razón por la que las negociaciones a través del mecanismo de buenos oficios de la ONU nunca prosperó se debió, en parte, a la negativa de Guyana para avanzar en un acuerdo, además de la falta de voluntad del Estado venezolano para insistir sobre el tema en las décadas siguientes al pacto de Ginebra.

“Lamentablemente Guyana ha sido sorda, ciega y muda arbitrariamente, y ha sido muy agresiva contra nosotros, poniéndonos en una situación de diferentes dificultades. Venezuela ha esperado siempre al mecanismo diplomático y del derecho internacional, y cuando llegó la revolución bolivariana, el tema del Esequibo fue parcialmente abandonado. Sin embargo, siempre existió una postura de reclamación por parte de Venezuela, independientemente de quién gobernase”, relata.

Por ese motivo, señala que más allá del referendo, el Estado venezolano debería fortalecerse para ejercer su soberanía y enviar un mensaje contundente a Guyana, siempre desde la vía diplomática. Para ello, considera necesario reconstruir la institucionalidad del país, desde el Ministerio de Relaciones Exteriores y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), hasta la economía. “La debilidad institucional que hoy atraviesa Venezuela está siendo utilizada por Guyana, un país que apenas tiene el doble de la población del barrio de Petare, para burlarse de nosotros”, agrega.

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De todos los colores

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Desfile militar del 5 de julio de 2023, en Los Próceres. Foto: Cortesía Prensa FANB

Por su parte, Hernández cree que Venezuela actualmente cuenta no solo con evidencia histórica y legal para probar la arbitrariedad del laudo arbitral de 1899, sino también con suficiente capacidad diplomática e intelectual para defenderla ante la CIJ. Sin embargo, para que el litigio pueda tener éxito, el Estado venezolano debe crear un equipo amplio de expertos en múltiples disciplinas como historia, geografía o derecho internacional, más allá de sus tendencias políticas.

Ahora, si se maneja con un grupo de personas sesgadas que no tienen experiencia y no conocen los mecanismos multilaterales, que simplemente consideran que la salida es por la vía de la negociación, pues bueno, estamos perdiendo una oportunidad. Evitar acudir a la corte ya no lo veo factible. Lo que hay es que preparar las pruebas y los alegatos que se tienen y presentarlas”, asegura.

Torres coincide, alegando que el régimen no debe monopolizar bajo su bandera política una lucha que corresponde a todos los venezolanos. Sobre todo, a su juicio, después de que varios académicos y funcionarios que durante años escribieron sobre el tema no solo fueron apartados de sus cargos en el Ministerio de Exterior, sino que tampoco han sido tomados en cuenta para diseñar las acciones a tomar sobre el tema del Esequibo.

Ambos diplomáticos tienen en cuenta que existe la posibilidad de que la CIJ falle a favor de Guyana, lo que devolvería a Venezuela a la misma situación que tenía en 1899. Sobre todo ante la negativa del régimen de colaborar con la corte, y su imagen cada vez más desfavorecida ante la comunidad internacional. No obstante, Torres aclara que para las autoridades no importa la reputación del país litigante, sino la claridad de los hechos, y es allí donde Venezuela debía concentrarse en armar una buena defensa.

“La CIJ se va a medir no por la simpatía o antipatía por un mandatario, sino que se va medir sobre lo que se presente sobre la mesa. Lo que importa es cómo vas a defender tus argumentos para dar una salida jurídica, en caso de que se plantee una solución definitiva”, comenta.

Un nuevo estado

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Foto: EFE/ Miguel Gutierrez

Si bien la mayoría de las preguntas del referendo parten de ratificar o no posiciones que el Estado venezolano ya ejerce sobre su política exterior, es en la quinta donde se hace una propuesta realmente controvertida: la creación del estado de la Guayana Esequiba, como parte integral del territorio venezolano.

Esto implicaría, en la práctica, la anexión de la Zona en Reclamación más allá de los juicios o arbitrajes que se ejerzan en paralelo. Hernández señala que esto atentaría contra el derecho internacional y provocaría un rechazo general de países y organismos multilaterales, ya que se trataría prácticamente una ocupación por la fuerza. De igual modo, cree que la propuesta por sí misma es inviable, ya que carece de fundamentos para poderse aplicar.

La única manera de aplicarse es sobre el concepto de uti possidetis, es decir, te tienes que posicionar sobre el territorio, lo que sería inmediatamente entrar en una situación de conflicto armado sumamente peligroso. Esto pudiera generar una situación peor para Venezuela que la de mantener el tema dentro del marco de la negociación, que sería lo ideal, o esperar los resultados de cuatro años del juicio en el marco de la CIJ”, advierte.

Torres también opina que la población debería rechazar esta propuesta dentro del referendo. En su caso, además de reconocer la ilegalidad de una anexión de esa naturaleza, asegura que Venezuela actualmente no cuenta tampoco con condiciones económicas ni militares para ejercer con control efectivo sobre el territorio.

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“Es muy difícil que Venezuela pueda ir más allá de dónde ha ido, no porque no podamos o queramos, sino que hace falta una estructura de un Estado distinto, de una realidad totalmente distinta, con una Fuerza Armada moderna, que esté bien equipadas y tenga una gran conciencia nacional”, acota.

Como Malvinas

En caso de que el régimen de Nicolás Maduro decida avanzar en un plan de recuperar por la fuerza la Zona en Reclamación, la posibilidad de un conflicto armado es bastante latente. Y declaraciones de autoridades militares como el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, indican que es un escenario que está sobre la mesa para el chavismo. 

En una entrevista para el portal Runrunes, el exembajador de Venezuela en Guyana, Sadio Garavini di Turno, comparó la campaña actual por el Esequibo con la Guerra de las Malvinas de 1982. En ese momento la dictadura militar de Argentina también aprovechó el sentimiento patriótico por un territorio en disputa para generar un sentimiento de unidad nacional en contra el Reino Unido. El resultado, 650 combatientes argentinos y 255 británicos muertos.

Por otro lado, expertos como el investigador Héctor Briceño o el activista Rafael Uzcátegui creen que quizás la tensión en Guyana no escale hasta el nivel de una guerra, pero sí crear un clima de beligerancia lo suficientemente crispado como para postergar las elecciones presidenciales de 2024 en caso de que el oficialismo se vea en desventaja, entre otros fines.

Como embajador y analista, Hernández no cree en otra salida para la disputa del Esequibo que no sea pacífica y diplomática. A su juicio, el Acuerdo de Ginebra sienta las bases para buscar un mecanismo de resolución que resulte favorable para ambas partes. Igualmente, agrega que Venezuela no necesita recurrir a arrebatos de violencia, cuando tiene a su favor la evidencia para vencer en el ámbito judicial.

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“Esperamos que el expediente de las Malvinas se recuerde como una praxis errónea, que buscaba cohesión entre los argentinos y lo que generó no solamente fue una derrota militar, sino una división de la propia población argentina. Entonces esperamos que esta actividad verbal y esta actuación de ambos países deje de lado cualquier posibilidad de confrontación y las provocaciones cedan”, apunta.

En campaña

Régimen de Maduro dice que está listo para el referendo por disputa con Guyana
Una persona participa en el simulacro de referéndum consultivo por el Esequibo en Caracas (Venezuela). Foto: EFE/ Miguel Gutierrez

La iniciativa del referendo por el Esequibo ocurre bajo el contexto de las elecciones presidenciales de 2024, además del juicio que enfrenta el Estado venezolano ante la Corte Penal Internacional (CPI) por presuntos crímenes de lesa humanidad. En ese sentido, Briceño y otros expertos alegan que el objetivo de la consulta, más que recuperar un territorio disputado, busca polarizar el ambiente político para cohesionar a las bases del oficialismo alrededor de Nicolás Maduro y preparar su maquinaria electoral, además de legitimar su imagen como líder, incluso dentro de las esferas de la oposición. 

Más allá de eso, existe una sexta pregunta, no oficial, que muchos se harán después de anunciarse los resultados del referendo: ¿y ahora qué sigue? 

Aunque reconoce que pudiera haber un trasfondo político y electoral por parte del chavismo, Torres sí es partidario de participar en la elección. No solo para evitar posibles represalias a quienes se nieguen a pronunciarse sobre el Esequibo, sino también como una forma de mostrar fuerza y unidad a Guyana en un tema que, considera, va más allá de luchas partidistas. 

En este sentido, aconseja a la población a marcar la opción del No puntualmente en las preguntas referentes al desconocimiento de la jurisdicción de la CIJ y a la creación del estado de Guayana Esequiba.  

Para Hernández, vendrá un choque de realidad, pues al ser un proceso consultivo y no vinculante, el Estado no está obligado a cumplir los puntos que sometió a votación ni cambiará de inmediato la situación con Guyana. Sin embargo, cree peor un escenario contrario, en el que con una participación que no sea representativa de la voluntad nacional, se imponga una línea de acción que podría llevar a Venezuela a perder el Esequibo por su inacción en la CIJ. Por eso opina que el referendo debería ser suspendido.

“La mayoría de la población no entiende de este tema, no lo conoce ni sabe qué es la CIJ. Cuando te están pidiendo que votes por el Sí en las cinco preguntas, se ve que se trata de entubar unos resultados y no es que se está pidiendo realmente a la población que bajo sus criterios y sus capacidades pueda dar una guía de hacia dónde deberíamos de ir. Puede que no termine en nada importante y no tenga ningún efecto, ni siquiera ni emocional, para el país”, acota.

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