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- La OFAC emitió la licencia general 50, con la cual se podrán hacer transacciones relacionadas al Bono PDVSA 2020 del 8,5 % a partir del 13 de agosto
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos emitió el 15 de abril una resolución en la cual flexibiliza algunas sanciones contra la estatal Petróleos de Venezuela S.A (PDVSA), de acuerdo con su licencia general 50 de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) en la que permite las transacciones relacionadas con los bonos de esa compañía.
“A partir del 13 de agosto de 2024, todas las transacciones relacionadas con la provisión de financiamiento y otras transacciones en el Bono Petróleos de Venezuela, S.A. 2020 del 8,5 % que estaban prohibidas por la Orden Ejecutiva 13835 de 21 de mayo de 2018 (…) están autorizadas”, se lee en la medida.
A pesar de que esto permite a PDVSA realizar operaciones como el pago de intereses, su empresa filial Citgo Petroleum Corporation sigue protegida. La licencia mantiene la suspensión hasta agosto de licencia general 5N, lo que significa que los acreedores de este bono no podrán reclamar acciones de Citgo como forma de pago ante la deuda contraída por Venezuela.
¿Cómo queda Citgo tras la medida?
En 2019, Venezuela fue declarada en default, luego de que el gobierno de Nicolás Maduro no pudiera pagar su deuda con los tenedores del bono PDVSA 2020. Aunque la versión oficial apuntó a complicaciones por las sanciones que la OFAC impuso a la estatal petrolera en 2018, lo cierto es que ya para 2017 existía un default parcial, sumado a la licencia general 5N, que permitía hacer este tipo de transacciones.
Los tenedores de bonos reclamaron ante los tribunales estadounidenses derechos sobre las acciones de Citgo Holding y otras filiales como PDV Holding, que habían sido puestas en garantía por el gobierno venezolano. Sin embargo, esta acción se retrasó debido a que el entonces gobierno interino de Juan Guaidó reclamó que esa deuda se había emitido violando la Constitución. Así, se suspendió temporalmente la licencia 5N, y los tribunales dictaron medidas de protección para Citgo mientras se resolvía la situación política en Venezuela.
En su cuenta de X (antes Twitter), el politólogo y diplomático Orlando Viera-Blanco explicó que esta medida de la OFAC se realizó en consonancia con las últimas acciones judiciales tomadas alrededor del caso. Indicó que el 8 de abril, la Corte del Distrito Sur de Nueva York desestimó la solicitud del acreedor VR Global Partner LP de invalidar la potestad de la Asamblea Nacional electa en 2015 para autorizar operaciones de disposición de bienes de la nación.
“La OFAC, en línea con las autoridades judiciales, suspende la licencia que hubiese permitido a los bonistas 2020 disponer de las acciones de Citgo, asumiendo la misma línea judicial por la acción de nulidad incoada por Jose Ignacio Hernández, ex procurador del gobierno interino de Juan Guaidó”, acotó.
A pesar de esto, aclaró que la resolución de la OFAC y de las cortes de Nueva York no están relacionadas con el proceso que lleva a cabo una corte de Delaware, donde se propone una subasta de acciones de una de las matrices de Citgo para pagar la deuda de alrededor de 21,3 millardos de dólares que el Estado venezolano tiene con la empresa Crystallex y otros demandantes.
Siguen las sanciones
La licencia emitida por la OFAC está lejos de interpretarse como un camino hacia la flexibilización total de las sanciones. Por el contrario, Estados Unidos parece dispuesto a retomarlas luego de que el gobierno de Maduro incumpliera su palabra de garantizar condiciones electorales adecuadas para las presidenciales del 28 de julio.
Un portavoz del Departamento de Estado declaró a la agencia Reuters que la Administración de Joe Biden decidió no renovar la licencia general que levantaba temporalmente las sanciones a la industria petrolera venezolana. De hecho, desde enero la OFAC ha retomado paulatinamente las restricciones a otros sectores como la Compañía General de Minería de Venezuela (Minerven).
En octubre de 2023, Estados Unidos hizo un pacto con el gobierno de Maduro para establecer una hoja de ruta. El oficialismo se comprometía a respetar el Acuerdo de Barbados y liberar a presos políticos estadounidenses, a cambio de volver a vender crudo libremente. Este acuerdo vence el 18 de abril sin un resultado favorable, pues de acuerdo al portavoz, en ese tiempo el gobierno, lejos de mejorar las condiciones electorales, agudizó la represión política y las inhabilitaciones a candidatos opositores.
Con este panorama, la Casa Blanca estudia bajo qué esquema funcionarán las sanciones a partir del 18 de abril. La crisis energética derivada de la guerra en Ucrania y un nuevo conflicto armado en Medio Oriente podrían hacer que Estados Unidos no sea tan intransigente y permita cierto tipos de operaciones supervisadas, como lo demuestra actualmente la licencia general 50.
